El miércoles, un día después de la operación policial en Bizkaia, se daba a conocer que el juez Fernando Grande-Marlaska había denegado la aplicación del protocolo para prevenir que fueran torturados. Paradójicamente, a mediodía de ayer trascendía que el mismo magistrado ordenaba el traslado inmediato a la Audiencia Nacional de uno de los arrestados, Daniel Pastor, al parecer después de que hubiera sido llevado dos veces al hospital.

La tesis oficial afirma que se autolesionó. Obviamente, es imposible de contrastarla por el momento, ya que el detenido continúa incomunicado.

Fuentes jurídicas aseguraron que el detenido se hirió anteayer en una mano tras golpear una mesa (durante ese día no hubo noticia alguna al respecto) y añadieron que ayer por la mañana volvió a «autolesionarse».

Se indica que en ambas ocasiones Pastor fue trasladado al Hospital Clínico de Madrid, donde «ha recibido cura por los rasguños ocasionados», según el resumen hecho por agencias informativas españolas.

Posteriormente, fuentes de la Audiencia Nacional todavía rizaron el rizo un poco más al señalar que Pastor le dijo al juez Grande-Marlaska que no había sido torturado, y que se había autolesionado por temor de lo que le podría estar ocurriendo a su novia, detenida también el martes.

A última hora de la tarde, Daniel Pastor fue enviado a prisión incondicional por el juez especial español, como había pedido la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Agencias afirmaron que no quiso declarar. Fernando Grande-Marlaska le imputa delitos de «integración en banda terrorista», «tenencia de armas», «tenencia de explosivos» y «falsificación».

En un breve auto de prisión, el juez no le achaca por ahora ningún atentado con resultado de muerte, aunque se asegura que podría hacerlo en otros procedimientos. Se hace una mención a las dos autolesiones, punto en el que Grande-Marlaska apostilla que han sido corroboradas por los forenses.

La Guardia Civil sitúa a al menos tres de los detenidos como componentes del llamado «comando Otazua» de ETA, que toma su nombre del militante Arkaitz Otazua, fallecido en el tiroteo con la Ertzaintza del puerto de Herrera en 2003.

Una versión que no es nueva

La versión oficial de la autoagresión tiene precedentes en doble sentido. Por un lado, existen varios casos de arrestados que han reconocido haberse golpeado a sí mismos, e incluso haber tratado de suicidarse, para evitar las torturas en dependencias policiales. Por otro, es sabido el Ministerio del Interior ha usado este argumento para justificar casos como las lesiones del joven Unai Romano, que en realidad fue golpeado con reiteración. Cualquiera de las dos opciones lleva a una misma conclusión: la aplicación de maltratos.

Por lo que respecta a Lorena López, Beatriz Etxebarria e Iñigo Zapirain, los otros tres detenidos, serán interrogados hoy, cuando se cumple el quinto y último día de incomunicación en manos de la Guardia Civil.

La edición digital de ``El País'' difundió durante algunos minutos que Zapirain también había sido llevado al hospital, pero ninguna fuente oficial lo confirmó y la información fue corregida después.

Autoinculpaciones

La operación policial se llevó a cabo en la madrugada del martes, deparando cuatro arrestos y registros en Bilbo y Galdakao, donde se hallaron alrededor de 200 kilos de sustancias explosivas. El Ministerio del Interior remarcó que se trataba de un «comando legal» de ETA, pero elu- dió imputarles de modo concreto algún atentado.

Su titular, Alfredo Pérez Rubalcaba, puso el acento esta vez en que la «investigación» comenzaba en ese mismo momento, en clara alusión a los interrogatorios.

Durante el martes y el miércoles no hubo noticias nuevas, pero el jueves aparecieron filtraciones que indicaban que los detenidos se habían responsabilizado de diferentes atentados de ETA que no estaban adjudicados policialmente hasta ahora. En concreto, se habla de doce acciones en Bizkaia, Burgos o Cantabria que provocaron dos muertes: la del inspector de Policía Eduardo Puelles en Arrigorriaga y la del brigada del Ejército Luis Conde en Santoña.

Tras ello, y aunque los detenidos ni siquiera hayan pasado aún ante el juez, Rubalcaba se felicitó ya ayer porque «de todo lo que le quedaba a ETA, este grupo era lo más importante». Aclaró que lo decía «con toda la cautela del mundo», pero también con el convencimiento de que «estamos más cerca del final de ETA con toda seguridad».

El vicepresidente español dijo que este grupo había elaborado información sobre «localidades, Casas del Pueblo (las sedes del PSE) y edificios oficiales», pero matizando que fue «hace años».

Rubalcaba incidió además en la importancia de ir esclareciendo los atentados pendientes. Saludó que «prácticamente todos los atentados desde 2004 están esclarecidos, los más importantes, excepto Palmanova», localidad de Mallorca donde murieron dos guardias civiles el 30 de julio de 2009.

Aseguró también que la operación policial del martes tiene gran «mérito» debido a que los arrestados «llevaban una vida aparentemente normal, integrados en la sociedad vasca».

Rubalcaba no lo valora

En su breve comparecencia, el ministro de Interior fue preguntado además sobre la comparecencia ofrecida ayer en Donostia por diversos partidos, sin- dicatos y colectivos juveniles vascos para censurar la política represiva del Estado español, al hilo de esta detención. Rubalcaba prefirió no posicionarse: «No he leído el comunicado y no comento lo que no leo».

La redada ha sido denunciada también en diversas movilizaciones desde el martes. Las últimas fueron anoche en Bilbo, Larrabetzu, Gasteiz o Bakio, donde se reunieron 35 vecinos. En Galdakao fueron 80 y en Irun, 50.

La posibilidad de que la redada desembocara en torturas había sido remarcada desde el primer momento por distintos agentes. Ya el martes, el movimiento pro-amnistía vaticinó que los arrestos podrían sufrir «salvajes» tormentos en manos de la Guardia Civil. Al día siguiente, Torturaren Aurkako Taldea aportó otro dato relativo al juez instructor: de las 48 órdenes de detención dictadas por Grande-Marlaska el pasado año, en 47 se impuso la incomunicación. En lo que va de este año, este mismo juez ha ordenado trece detenciones incomunicadas, de las que seis han concluido con denuncias de torturas.

También el jueves, familiares de los jóvenes detenidos acudieron a la Subdelegación del Gobierno español en Bizkaia para expresar su preocupación. Lo hicieron respaldados por los abogados de TAT, por los sindicatos LAB, ESK y STEE-EILAS, y por representantes de la izquierda abertzale, EA, Aralar y Alternatiba. No fueron recibidos y tuvieron que conformarse con presentar un escrito.