La Fiscalía aplicará contra Sortu la técnica de construir imputaciones
El fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, anunció ayer que actuará contra Sortu como ya lo hizo contra ANV, elaborando «complejas argumentaciones jurídicas con las que llenar un vacío normativo». Una técnica que recuerda mucho a la de «construir nuevas imputaciones» que el ex ministro de Justicia Juan Fernando López Aguilar puso en práctica para impedir la puesta en libertad de presos que terminaban de cumplir sus condenas.
I.IRIONDO-AGENCIAS
El fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, anunció ayer que el lunes presentarán ante el Tribunal Supremo su impugnación contra la legalización de Sortu. Y explicó que actuará como ya hizo con ANV, elaborando «complejas argumentaciones jurídicas con las que llenar un vacío normativo».
Llama poderosamente la atención que la Fiscalía hable de la existencia de un supuesto «vacío normativo», cuando las Cortes Generales acaban de aprobar una reforma de la legislación que pretendía cubrir todas las lagunas que PSOE y PP habían observado para poder actuar contra la izquierda abertzale. Un endurecimiento de la Ley que el propio Cándido Conde Pumpido impulsó públicamente como la garantía de que no habría resquicios para ningún tipo de fraude.
En cuanto a su referencia a los antecedentes de los métodos empleados contra ANV, cabría recordar que el 17 de mayo de 2007 confesó en el mismo foro en el que habló ayer que «es posible que nos hayamos pasado, pero ha colado».
Además, al escuchar la referencia a la elaboración de argumentos para llenar vacíos legales, vienen las afirmaciones realizadas por el ex ministro de Justicia Juan Fernando López Aguilar, el 8 de febrero de 2006, asegurando que el Gobierno iba a trabajar para construir nuevas imputaciones para impedir que determinados presos políticos vascos que cumplieran condena pudieran salir de prisión.
Recurso a la metafísica
En cuanto a las razones que le llevan a oponerse a la inscripción de Sortu en el registro, el fiscal general del Estado declaró en un desayuno organizado por Europa Press que «simplemente no puede inscribirse como partido porque no lo es».
Su razonamiento, más cercano a la metafísica que al derecho, es que «no son un partido político, sino el mero intento de aparentar formalmente el cumplimiento de la ley para mantener a la desesperada la presencia de ETA en el horizonte político, al que ya sabe que no va a llegar de ninguna manera».
Pumpido falsea el nombre
En el catálogo de argumentos para sus declaraciones, Cándido Conde Pumpido introdujo otro que no le deja en buen lugar. Según dijo en la conferencia celebrada en Sevilla, Sortu «como indica su nombre, significa renacer y lo que pretenden es precisamente renacer a Batasuna».
Sin embargo, sortu no se traduce al español como «renacer» sino como «crear», «concebir» o «nacer», siempre con la idea del surgimiento de algo nuevo.
El fiscal también señaló que están preparado para cerrar todas las puertas a la posible participación electoral de la izquierda abertzale. Dijo tener la convicción y constancia documental de que «va a existir un `plan b' que pase por la presentación de agrupaciones electorales frente a las que la Policía ya está trabajando para poder impugnarlas». «Si les falla, habrá un `plan c' -indicó- que no sería otro que introducirse dentro de un partido legal».
Egibar: «Un insulto»
Argumentos de este tipo y los empleados por la Abogacía del Estado fueron calificados ayer como «insulto a la inteligencia de la ciudadanía» por el portavoz del PNV en el Parlamento de Gasteiz, Joseba Egibar. Y añadió que una «simple lectura» de la demanda permite extraer como conclusión «la fragilidad de lo aportado».
Según afirmó Egibar, en el informe de la Abogacía del Estado se recogen «juicios de valor en cada una de las páginas» que «difícilmente» van a poder demostrar ante el Tribunal Supremo que Sortu «es un producto o subproducto de ETA».
EA, por su parte, hizo público un comunicado en el que asegura que «la demanda de la Abogacía del Estado es la mejor prueba de que el Gobierno español no tiene argumentos para ilegalizar Sortu».
Para este partido, el análisis del informe hace ver que «el Abogado del Estado ha basado su recurso en meras opiniones y deducciones personales o policiales, pero sin aportar ninguna prueba o elemento objetivo en los cuales pueda soportar su tesis contraria a la legalización de Sortu, a pesar de que tanto el Gobierno como la Abogacía deberían saber ya que sus opiniones personales no tienen ningún valor en términos jurídicos».
EA sostiene que «a la vista de la debilidad y ligereza de la demanda, el Tribunal Supremo ni siquiera debería haberla admitido a trámite, y si lo ha hecho sólo es porque el procedimiento abierto responde a una estrategia de Estado que busca desvirtuar la realidad institucional y política de Euskal Herria en las próximas elecciones de mayo. La falta de argumentos contra Sortu es tan evidente que la ilegalización sería imposible si la Justicia española de verdad fuera independiente».
Matices entre PSE y PP
También portavoces del PSE y PP hablaron ayer sobre Sortu y, en concreto, sobre las exigencias que les habían hecho en los últimos días para posicionarse sobre las detenciones de la Guardia Civil o actos considerados de kale borroka.
Tras el comunicado hecho público a última hora de la tarde por Sortu, el portavoz del PSE, José Antonio Pastor, declaró que «es verdad que no es exactamente lo que habíamos pedido, pero es verdad que es un pasito más y responde no a otra cosa que a la exigencia democrática del Estado de Derecho y de todos los partidos democráticos».
En cambio, su socio, el presidente del PP de la CAV, Antonio Basagoiti, afirmó que lo dicho por Sortu es «un poco lo de siempre, más o menos maquillado». Fiel a su lectura de la realidad, añadió que «Esos que nos habían vendido que con Sortu se acababa ETA no tienen razón porque aparecen explosivos, esos que nos habían vendido que con Sortu se acababa la kale borroka no tienen razón porque siguen haciéndolas, esos que nos habían vendido que con Sortu aparecían las condenas no tienen razón porque siguen diciendo esas cosas de violencia de las dos partes».
El TS habilita fines de semana
El periódico «La Razón» publicaba ayer a toda página que «el Supremo alargará el fallo para que el TC no legalice Sortu antes del 22-M». El presidente del tribunal, Carlos Divar, respondió ayer que no van a dilatar fraudulentamente los plazos para impedir un proceso electoral y añadió que actuarán con «justicia» y «celeridad».
Por la tarde se conoció que el TS ha habilitado los fines de semana de marzo para estudiar la demanda contra Sortu antes de la convocatoria electoral.
Se realizaron ayer concentraciones en numerosas localidades en apoyo a la legalización y para denunciar que «el Estado muestra una vez más una actitud condicionante y entorpecedora de la situación política generada por la izquierda abertzale y de la nueva era política que se esta abriendo en Euskal Herria».
En el comunicado leído al final de las movilizaciones se puso como ejemplo de esta actitud obstruccionista la impugnación realizada por la Abogacía del Estado ante el Tribunal Supremo para frenar la inscripción de Sortu y la última operación de la Guardia Civil, sin olvidar la intervención «agresiva» del Estado francés contra la juventud independentista.
En ese escrito, se señala que «los pasos dados en los últimos meses por la izquierda abertzale han creado una nueva situación en Euskal Herria. Asimismo, diversos agentes políticos, sindicales y sociales han tomado una actitud valiente y constructiva dando pasos en el proceso de resolución del conflicto político, tal como se demuestra con el Acuerdo de Gernika».
La izquierda abertzale afirma que su paso para pedir la ilegalización ha de interpretarse en ese contexto «como paso para construir la paz y la democracia; porque entendemos que construir un escenario en el que todos los derechos sean respetuosos es beneficiosos para toda la ciudadanía».
Frente a los pasos dados por el independentismo y por otros agentes políticos y sociales vascos, la izquierda abertzale afirma que «la actitud entorpecedora del Estado es una constante. El Gobierno del PSOE está inmerso en cálculos políticos cortoplacistas y deja en evidencia el pavor que le tiene al verdadero debate político». Según denunciaron, «el PSOE no está dando ni por asomo la talla política que exige el momento».
Por ello, «ante los ataques del Estado la izquierda abertzale vuelve a ratificarse en el desarrollo de su línea política» y anima a su militancia y al conjunto de su bases social a «salir a la calle y seguir trabajando» con el objetivo de «mover al Estado español de su cerrazón y para avanzar en el proceso democrático».
Entre las movilizaciones llevadas a cabo ayer, comunicaron a GARA las realizadas en Hondarribia, que reunió a 40 personas, otras tantas en Orio, 85 en Usurbil y 33 en Lizartza. GARA
Profesores de la Facultad de Informática explican que la cuenta presentada como «conexión directa de Sortu con ETA» fue creada por un grupo de docentes que cada més ingresan dinero para ayudar a tres compañeros afectados por la dispersión. Rechazan el uso «torticero» de sus nombres y de ese gesto de solidaridad.
El coordinador de Lokarri, Paul Ríos, salió ayer al paso de lo que considera «gravísimas acusaciones» de la Abogacía del Estado hacia el Grupo Internacional de Contacto.
En la demanda presentada contra Sortu, el Abogado incluye la «reunión en Bilbao del recientemente constituido Grupo Internacional de Contacto (GIC)» como un eslabón de «una estrategia política sincronizada de la que ETA es motor y parte actora principal». Se dice que el comunicado que hizo público el GIC «acoge en lo sustancial las propuestas de ETA/Batasuna». Y añade que «ello forma parte de una estrategia para obtener resultados políticos por parte de ETA».
A través de su blog, Paul Ríos, coordinador de Lokarri y persona muy implicada en todo este proceso, afirma que «leer esto me produce vergüenza ajena. Es una acusación gravísima contra las personas que forman el Grupo Internacional de Contacto. Basta repasar sus biografías para saber que este argumento es un insulto a la inteligencia. Por si sólo, debería bastar para calificar el conjunto de la demanda como algo impropio en un Estado Democrático de Derecho».
En relación al GIC, el lehendakari, Patxi López, respondió ayer a una pregunta de EA en el Parlamento asegurando que no se va a reunir con sus integrantes porque no cree que se necesiten «impulsores del diálogo». Afirmó que «los vascos estamos haciendo las cosas bien» y «lo vamos a resolver nosotros porque sabemos hacerlo». Concluyó apuntando «con todo el respeto para sus integrantes», que «no sé muy bien cuáles son sus intereses, cuál es su papel, ni quién les ha llamado para ejercerlo». GARA
