Las mujeres, han conocido la crisis desde su incorporación al mundo laboral; de hecho, aún no se ha conseguido equiparar la situación laboral con los hombres. Del mismo modo, como colectivo han sido también las primeras en pagar los platos rotos cuando el sistema ha entrado en declive. La mayoría de las respuestas oficiales a la crisis no toman en cuenta la igualdad de género ni los derechos de las mujeres y es por ello por lo que el movimiento feminista empleará este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, para reivindicar alto y claro sus derechos laborales y sociales. Será en concentraciones, manifestaciones o el acto político convocado por Euskal Herria Ezkerretik a las 11.30 en Bilbo.

«Feministas, ¡plante a la precariedad, salto a la dignidad! nuestra lucha no está en crisis» es el eslogan escogido por Euskal Herriko Bilgune Feminista que, además de denunciar las consecuencias que tienen las medidas anticrisis sobre las mujeres -como la reforma laboral o la reforma de las pensiones-, han enumerado las premisas que consideran imprescindibles para su dignidad socioeconómica.

Aiora Epelde, integrante de este movimiento feminista, asegura a GARA que son muchas y muy diversas las consecuencias de la crisis sobre ellas. La gran mayoría de las mujeres mayores de 65 se encuentran por debajo del umbral de la pobreza, siendo más sangrante la situación de las mayores de 72 años, con pensiones que no superan los 500 euros al mes. Bilgune Feminista advierte, además, de que pese a contar con un lugar en el que dormir, en su mayoría estas mujeres suelen vivir en antiguos edificios sin rehabilitar y sin ascensor, lo que les impide el acceso normalizado a la calle.

La mayoría de las mujeres entre 55 y 65 años que accedieron en su día a un trabajo remunerado lo consiguieron en la economía sumergida y en el sector doméstico, y sus salarios se han situado siempre en las escalas más bajas. Más allá de la precariedad laboral que puedan padecer, la escasez de recursos públicos para la atención y el cui- dado de la familia se ceba en este colectivo, obligando a estas mujeres a ayudar a sus hijas para dar respuesta a la compaginación de su maternidad con la vida laboral, o a sus mayores si éstos necesitan asistencia.

Las mujeres entre 35 y 55 años, por su parte, llegaron a la edad laboral en una coyuntura económica favorable, pero el 80% de éstas fueron a parar al mercado sumergido. Los datos oficiales tasan en menos del 15% su actividad laboral, mientras que el 75% de los contratos a tiempo parcial acaban en este colectivo. En esta generación se da la drástica caída de las tasas de natalidad y una demora en la edad de tener hijos, en su ma- yoría por causas económicas.

En cuanto a las mujeres más jóvenes, han conseguido incluso un nivel de formación mayor que los hombres, pero su capacidad contrasta con las ofertas del mercado laboral, centradas en lo más bajo del sector servicios. Muy pocas conocen el contrato indefinido y la estabilidad laboral, y el acceso a una vivienda les resulta muy difícil.

Inmigrantes, casi una esclavitud

A esta pormenorizada radiografía de Bilgune Feminista cabe sumar la cara más amarga de la crisis, que es la que padecen las mujeres inmigrantes. Silvia Carrizo, de la asociación de mujeres inmigrantes Malen Etxea, no duda en equipararla con la de la esclavitud. Según relata a GARA, la gran mayoría de las trabajadoras internas trabajan los siete días de la semana sin opción a descanso por un sueldo de unos 450 ó 500 euros al mes.

La situación de estas mujeres inmigrantes nunca ha sido buena, pero Carrizo destaca que la crisis «ha impactado directamente» contra ellas. Como botón de muestra, señala que desde setiembre de 2008 hasta hoy ha habido una retracción sólo en niveles salariales del 30 al 35 %.

Puertas adentro, además, Carrizo alerta de que estas mujeres sufren lo que se denomina «microviolencia», denominada así debido a su invisibilidad, y que va desde el control y restricción de la comida o la prohibi- ción de ducharse o de ver la televisión hasta el menosprecio a su cultura, y puede llegar al acoso sexual.

Asimismo, la falta de recursos económicos suele conllevar un descenso en el número de mujeres que denuncian malos tratos. La crisis agrava las situaciones de dependencia económica y emocional y limita, por tanto, las posibilidades de interponer una denuncia por sufrir malos tratos.

Por otra parte, aumentar el número de años exigidos para percibir una pensión contributiva supondrá dejar cada vez a más personas sin derecho a pensión. Esta reforma afectará de forma generalizada a las mujeres al tener éstas, muy a menudo, trayectorias laborales discontinuas como resultado de la discriminación que conlleva la exigencia de compaginar el trabajo reproductivo y el productivo (contratos a tiempo parcial, periodos de excedencia para cuidar a personas dependientes...) y dañará sobre todo a colectivos específicos como trabajadoras del hogar, baserritarras y un largo etcétera.