TAT no ha podido hablar todavía con Beatriz Etxebarria, pero en primer lugar, ¿qué reflexión hacen sobre esta denuncia de violación? ¿Les ha sorprendido?

Aunque no hayamos estado físicamente con Bea, sí estamos en contacto con los abogados que la han visitado en prisión. Ultimamente se repiten con demasiada asiduidad las agresiones sexuales a detenidas incomunicadas. En este sentido, no nos ha sorprendido tanto su testimonio, pero estamos hablando de la violación de una mujer en comisaría por parte de funcionarios públicos. Es toda una aberración.

¿Qué conclusión saca TAT de esta proliferación de casos?

Los agentes utilizan métodos de tortura específicos contra las detenidas no sólo para humillarlas como militantes, sino para humillarlas por ser mujer. Se puede comprobar leyendo los testimonios. No decimos que a los hombres no se les aplican métodos sexistas, sino que a las mujeres se les aplica sistemáticamente, y por ello entendemos que existe un componente de género. Prácticamente en el 100% de los casos de torturas a mujeres aparecen amenazas de violación, obligación de permanecer desnudas, tocamientos... y en los casos más graves, como éste, incluso la violación. En el año 2010 18 mujeres han denunciado torturas de componente sexual contra ellas. El 100% de las mujeres torturadas han relatado episodios de violencia sexista.

Los protocolos oficiales contra la violencia de género se han multiplicado en los últimos años. ¿No tienen ninguna aplicación en los calabozos?

Lo de comisaría no tiene nombre. Mientras a toda la clase política, sea del color que sea, se le llena la boca diciendo que hay que acabar con la violencia hacia las mujeres, se permite que en comisaría seamos agredidas y violadas. Es más, hemos asistido a cómo muchos de los políticos celebraban estas detenciones sin preocuparse del trato que podían estar sufriendo. Es una hipocresía que no tiene parangón. Hemos solicitado medidas de prevención que nadie ha puesto en marcha, ni jueces, ni políticos. Creemos que todos ellos también son responsables, de alguna manera, de la violación de Bea.

¿Los Observatorios contra la Violencia de Género conocen estas prácticas?

Hace un año, tras la detención de 34 jóvenes en 2009, mantuvimos una reunión con la Directora de la Oficina de Atención a Víctimas de Violencia de Género y le entregamos testimonios de mujeres jóvenes que habían sufrido torturas de carácter sexista. Aún no hemos visto ningún resultado de aquella reunión, los datos que le pasamos no se han reflejado en ningún lado y, desde luego, no se han tomado medidas desde esa Oficina. Al final, se trata de esconder la práctica de la tortura. Y si ello conlleva ocultar la violencia que se ejerce contra las mujeres en comisaría, pues también se hace.

¿Existe alguna condena o sumario abierto por abusos sexuales en calabozos? ¿Algún fiscal de violencia de género ha actuado de oficio alguna vez?

Hay alrededor de un centenar de casos en los Juzgados por torturas y de ellos un tercio serán de mujeres. En todos esos casos se ha denunciado que han sido desnudadas, amenazadas, insultadas y humilladas. Además hay casos muy graves en los que se han denunciado tocamientos, pero nada. Los Juzgados entienden que esas prácticas, aunque puedan tener componentes de agresiones sexuales, etcétera, son enmarcables dentro del delito de torturas. Esto significa que sigue el procedimiento habitual: archivo sistemático de las denuncias sin investigar y en muchas ocasiones sin ni siquiera tomar declaración a las denunciantes. Por supuesto, ningún fiscal ni juzgado específico ha actuado en ninguno de los casos. Quedan impunes y fuera de todas las estadísticas oficiales. Simplemente, no existen.

Parece evidente que prácticas como los tocamientos o los simulacros de violación no dejan huella. ¿Cómo probarlos?

La mayoría de las torturas que aplican no dejan marca alguna. La prueba de la tortura es siempre uno de los mayores problemas con los que nos encontramos. Se podría hacer mucho más si los médicos forenses hicieran mejor su trabajo, si se realizaran exploraciones psicológicas completas, si se recono- ciera a los y las detenidas detalladamente y cumpliendo los protocolos internacionales, si se realizaran exploraciones ginecológicas completas... Pero es que los forenses también forman parte del engranaje de la tortura y a ellos les corresponde esconder las pocas marcas o síntomas que pueden tener las personas detenidas.

En cualquier caso, hemos denunciado numerosas veces, y así lo ha dicho también el Tribunal de Estrasburgo, que la ausencia de marcas no debería ser un argumento para archivar. Además, la jurisprudencia ya ha señalado que en este tipo de delitos, al igual que en los de violencia de género, la declaración de las torturadas es una prueba imprescindible y fundamental.

Como ocurre con la violencia de género en general, ¿cree que también en el caso de detenciones incomunicadas se denuncian menos casos de abusos de los que suceden realmente?

Sabemos que en todos estos años ha habido mucha gente torturada, pero por miedo, vergüenza u otras razones nunca ha llegado a contar lo que le ha sucedido en comisaría, y a lo mejor dentro de este grupo también habrá gente que ha sufrido abusos sexuales que nunca han sido conocidos. En cualquier caso, lo importante es concienciar a las personas torturadas de la importancia de la denuncia pública y judicial. Esa es la mayor prueba de la existencia de la tortura y una herramienta única para contarle al mundo lo que pasa en Euskal Herria.

¿Qué cabe hacer ante todo esto?

Denunciarlo y movilizarse. Este trabajo nos compete a todas y todos: TAT, movimiento feminista, instituciones... pero sobre todo a la sociedad. Debemos acabar con los cimientos del sistema represivo y patriarcal, y eso sólo se consigue adquiriendo compromisos.