Los datos ofrecidos ayer por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en su informe anual muestran claramente cómo la vulneración de derechos repercute en otras conculcaciones. Según la FAO, si las mujeres de las zonas rurales tuvieran el mismo acceso a los recursos agrícolas que los hombres, la producción en los países en desarrollo se incrementaría notablemente, lo que quiere decir que el número de hambrientos se reduciría en nada menos que entre 100 y 150 millones de personas.

La igualdad, el final de la discriminación de la mujer, es un derecho incuestionable y exigible en sí mismo y, por tanto, el respeto de ese derecho, como el de todos, no necesita de razones suplementarias para ser cumplido. Sin embargo, los datos facilitados por la FAO en su informe resultan reveladores. La vulneración de los derechos de las mujeres por el hecho de serlo supone a la vez una mayor vulneración de otro derecho, cual es el del acceso a la alimentación. Inaceptable, inmoral, denunciable... Sin embargo, la denuncia no debería circunscribirse a días como hoy y debería ir bastante más allá del mero adorno en los discursos institucionales.