La decisión del Tribunal Supremo de atender las demandas de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado y, por tanto, rechazar la inscripción de Sortu en el registro de partidos políticos, además de confirmar que la separación de poderes en el Estado español es sólo una quimera, muestra una vez más que la respuesta de los mandatarios españoles a los movimientos realizados desde la izquierda abertzale por alcanzar un nuevo escenario de soluciones pasa por la confrontación pura y dura en todos los frentes. Ni siquiera las voces procedentes del propio mundo judicial, como la del fiscal jefe del TSJPV o la del juez emérito del Supremo José Antonio Martín Pallín, han hecho que la Sala del 61 dejara de lado por una vez su histórico papel de garante de la razón de Estado, ajeno a cualquier criterio judicial.

Sin embargo, al mismo tiempo, el fallo contrario a la legalización de una formación que cumple todas las condiciones impuestas por la Ley de Partidos Políticos es un indicador del miedo que los poderes del Estado tienen a una confrontación democrática con la izquierda abertzale, a que ese sector social pueda presentarse ante la sociedad en igual de condiciones que el resto y a que exponga su proyecto en las urnas. Es, por tanto, una muestra de debilidad y no de fortaleza, un intento de ganar tiempo y aplazar un escenario que saben ya inevitable. La izquierda independentista vasca hace tiempo que midió a su adversario y descubrió dónde es fuerte y dónde débil, y lo va a llevar a ese campo antes o después, por muchas zancadillas que le pongan en el camino, porque ese es el mandato que le dieron sus bases. Al Estado español, parece que es su apuesta, sólo le queda tratar de que ese día llegue lo más tarde posible.

Ahora queda el recurso en el Tribunal Constitucional, pero mientras éste adopta una decisión -puede demorarse varios meses-, y sea cual sea ésta, en Euskal Herria es momento de seguir avanzando y acumulando fuerzas para lograr un escenario en el que nadie vuelva a estar pendiente de 16 jueces.