En apenas un día de deliberaciones tras la vista oral, en poco más de diez horas, el Tribunal Supremo determinó ayer que la izquierda abertzale sigue sin tener derecho a contar con un partido legal. Frente a la realidad de un debate interno en el que ha apostado por las vías políticas y democráticas como las «únicas» utilizables y unos estatutos que rechazan todo tipo de violencia -«rechazo que, abiertamente y sin ambages, incluye a la organización ETA»-, la Sala del 61 prefirió dar la razón a las cuestiones de fe que plantearon Fiscalía y Abogacía del Estado.

Pese a no conocerse los fundamentos del fallo, el Tribunal Supremo ha determinado que Sortu es continuación de un partido ilegalizado como Batasuna.

Tras la vista del lunes, en la que los policías testigos fueron incapaces de aportar ni una sola prueba documental de que ETA hubiera dirigido la creación de Sortu, y la sesión del martes, en las que se expusieron los informes de las partes, la Sala del 61 comenzó a las 10.00 de ayer sus deliberaciones, que interrumpió a las 14.30 para comer.

Los componentes de la Sala especial retomaron la reunión a las 16.15 horas y el fallo no se conoció hasta las 21.45 horas. La sentencia debe ser ahora redactada y su contenido se conocerá dentro de unos días, pero ya ha trascendido que tres de los magistrados harán públicos sendos votos particulares.

Es la primera ocasión en la que una decisión de este tipo contiene votos particulares. Cuando el TS intentó impedir a Iniciativa Internacionalista presentarse a las elecciones europeas de 2009, cinco jueces se mostraron disconformes, pero no presentaron votos particulares en la sentencia, por lo que oficialmente aquella se adoptó por unanimidad.

Segunda instancia

Cuando se conozca el contenido de la sentencia cuyo fallo adelantó ayer el Tribunal Supremo y los abogados de Sortu tengan en su poder los fundamentos de derecho que se han aplicado para la prohibición de su inscripción en el registro, éstos podrán recurrir antes de treinta días al Constitucional en amparo a de sus derechos. Existen fundadas esperanzas de que, pasadas las elecciones, su demanda podría tener éxito.

Pero conviene tener en cuenta que éste es un procedimiento distinto al que suele darse con la prohibición de listas electorales. En ese caso funciona el calendario electoral, que tiene unos plazos tasados. En el supuesto actual, por tratarse de un recurso ordinario, no hay plazo alguno. De hecho, cuando se recurrió la no inscripción de Abertzale Sozialisten Batasuna, tardó varios meses en ofrecer una respuesta y, finalmente, ni siquiera admitió a trámite el recurso de los abogados.

En esta ocasión hay datos que apuntan a que su actuación podría ser muy distinta, pero no que los plazos se acorten tanto como para poder pronunciarse antes de las elecciones municipales y forales, más aun teniendo en cuenta que las candidaturas tienen que estar presentadas para el 18 de abril.

Lesmes, alto cargo de Aznar

Ya tras el receso del mediodía había trascendido que el ponente, Carlos Lesmes, defendió durante dos horas la prohibición de la inscripción de Sortu en el registro de partidos políticos.

La Cadena Ser aseguró que el alegato de Lesmes había sido «contundente y muy difícil de rebatir». Tras escuchar su exposición, llegó el turno para que el resto de magistrados fijasen su postura.

La Sala del 61 del Tribunal Supremo está compuesta por 16 magistrados, presididos por Carlos Dívar. La forman los presidentes de cada una de las salas y los magistrados más antiguos y más modernos de cada una de ellas.

El ponente, Carlos Lesmes, fue un alto cargo del ministerio de Justicia durante los gobiernos de José María Aznar. En mayo de 1996, al poco de la llegada del PP a La Moncloa, fue nombrado director general de Objeción de Conciencia. Tras las elecciones del 2000, cambió ese puesto por el de director general de Relaciones con la Administración de Justicia. Ésta fue la legislatura en la que el Gobierno de Aznar planteó la Ley de Partidos y cuando se produjo la ilegalización de Batasuna.

En cuanto se conoció el fallo del Tribunal Supremo, el ministro español de Justicia, Francisco Caamaño, dio muestras de su satisfacción. Lo mismo hicieron altos cargos del PP, cuyo empeño ahora se centrará en evitar que ninguna persona de la izquierda abertzale pueda presentarse en lista alguna a las próximas elecciones municipales y forales. En la noche de ayer comenzaron a sonar las primeras voces del PP que presionaban al Gobierno de Rodríguez Zapatero para que esté especialmente atento e inquisitorial ante los movimientos que puedan darse en ese terreno.