Pese a estar metidos de lleno en lo que el mundo entero califica como una oportunidad histórica para alcanzar la paz en Euskal Herria, pareciera que los estados español y francés estuvieran tratando de batir algún estúpido récord de conculcación de derechos humanos. En los últimos tiempos, cada 48 horas una persona ha sido detenida; en escasos cinco meses, 17 navarras y navarros han denunciado torturas; las detenciones violentas se suceden a ambos lados de la muga -a menudo consecuencia de testimonios arrancados bajo tormento- y pesa la amenaza de detención sobre varios jóvenes más en una espiral represiva aparentemente sin fin.

Mientras, la ciudadanía vasca se organiza en contra de estos ataques en dinámicas tales como las movilizaciones a favor de la legalización de Sortu, las marchas en pro de los derechos humanos en las cuatro capitales de Hego Euskal Herria el pasado día 12; los ayunos y encierros contra las euroórdenes en Ipar Euskal Herria; las mociones contra la tortura en los ayuntamientos; la petición de medidas de salvaguarda para las y los detenidos en el Parlamento navarro, hoy, o la puesta en marcha del Foro Cívico Contra la Tortura Esteban Muruetagoiena en Iruñea hoy y mañana, sábado. Y, entretanto, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo reprende dos veces en 15 días al Estado español por la no investigación de las torturas a Aritz Beristain y por vulnerar el derecho a la libertad de expresión de Arnaldo Otegi, en lo que parece un claro aviso a los navegantes hispanos.

Así pues, parece que España corre el riesgo de que la totalidad de su estrategia contrainsurgente en Euskal Herria sufra la reprensión internacional que, hasta ahora, se había circunscrito prácticamente a la tortura. Ya que, desde la ratificación en 1987 por parte del Estado español de la Convención de Naciones Unidas Contra la Tortura, la continua firma y ratificación de la práctica totalidad de convenios internacionales relativos a los derechos humanos, ha colocado al Reino de España en el punto de mira de los diversos comités, relatores e informes de organismos y organizaciones nacionales e internacionales que luchan contra la tortura.

La degradación moral y política española es ya un inexcusable secreto a voces en el mundo entero. El periodista Javier Ortiz, luchador impenitente contra el tormento, lo tenía claro: «La tortura degrada irreparablemente el código moral de quien la aplica materialmente, de los responsables que la autorizan y de la sociedad que la acepta explícita o implícitamente... La tortura es un viaje moral sin retorno. No cabe atravesar esa frontera con pretensiones de excepcionalidad... La sociedad que acepta la tortura como excepción deja la determinación de la excepcionalidad en manos de los torturadores y sus jefes... Por eso -insisto- avalar la tortura en algún caso equivale a avalarla en cualquiera».

Puesto que la memoria es sumamente frágil -más en estos casos-, siempre que tengo ocasión de tomar la palabra para hablar sobre la tortura, no puedo ocultar mi satisfacción por los avances que se están produciendo en la sociedad vasca -al contrario que en la española- en su lucha contra la misma. Siempre traigo a colación multitud de ejemplos que, por suerte y desgracia, se nos difuminan ante la aparición de cada nuevo caso de tortura. Pero la realidad es que cada vez es más difícil torturar y justificar la tortura en Euskal Herria. Cada vez son más numerosos los ciudadanos y agentes sociales que abogan por la tolerancia cero.

Quienes siempre hemos denunciado esta realidad, aceptamos gustosos los cambios de bando en la medida en que nos van a permitir avanzar en la erradicación de la tortura en Euskal Herria. Será la historia la que se encargará de juzgar a los últimos que suban al barco de los derechos humanos. Y, en la medida en que las excusas para mirar hacia otro lado esgrimidas hasta ahora desaparezcan, tengo la certeza de que la historia los juzgará, y con gran dureza. En 1992 el sociólogo Luhmann retomó el viejo pero recurrente debate de la utilización de la tortura para «salvar vidas», formulando la pregunta «¿en caso de amenaza de una bomba de relojería, cabe levantar la norma de la garantía de la dignidad humana para conseguir indicaciones para localizarla y desactivarla?». En Euskal Herria ya no hay ninguna bomba de relojería que desactivar, sólo se escucha el tic-tac de la historia, que indica que el tiempo se les termina a los torturadores y a quienes les apoyan.