Después de la primera noticia que llegó a las redacciones la noche del miércoles, ésa que confirmaba el veto del Tribunal Supremo a Sortu, ayer se fueron conociendo más detalles del debate que se produjo entre los deiciséis jueces. Por ejemplo, que la votación entre quienes apostaban por permitir que la nueva formación política pudiera pasar el filtro legal y quienes preferían seguir los dictados del Gobierno de Zapatero y Rubalcaba se saldó con un apretado 9 a 7 a favor de estos últimos. Resulta llamativa esta disparidad de criterios entre magistrados de tan alto rango y sobre un tema del calado que tiene el derecho a la participación política. Si bien las leyes son interpretables, que siete jueces hayan expresado su oposición a una sentencia que impide la legalización de un partido político debería llamar la atención de aquellas personas que aún confían en el Derecho en el Estado español.

Ese apretado resultado, y los tres votos particulares que se han anunciado, podrían facilitar una resolución del Tribunal Constitucional favorable a Sortu, según sostienen los expertos en esta materia. En este periódico, el catedrático Javier Pérez Royo expresa hoy su convicción de que el poder judicial español no se va a arriesgar a que una sentencia como la del Supremo llegue al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No sería mala noticia que el Constitucional finalmente enmendara la plana al Supremo aunque, en todo caso, eso sucedería ya después de las elecciones de mayo.

En cualquier caso, este país no puede quedarse quieto esperando a lo que decida un nuevo tribunal en Madrid. El ilusionante escenario político que se ha abierto en los últimos tiempos tiene su origen en el trabajo realizado en Euskal Herria, y será, también a partir de ahora, la labor que desarrollen los agentes políticos, sindicales y sociales vascos la que ayude a consolidar ese nuevo escenario, donde todos los derechos sean definitivamente respetados. También los de Sortu.