L a resolución del Tribunal Supremo en orden a no legalizar Sortu movió ayer a todos los editorialistas a opinar sobre una sentencia de la que sólo se conocía el fallo.

El de «Abc» mostraba su ligera inquietud por lo que pueda pasar ahora en el Tribunal Constitucional, porque «sin duda, Fiscalía y Abogacía del Estado habrán de esmerarse para conseguir la ratificación» de la condena, y señalaba con dedo acusador al PSOE: «Los plazos procesales impedirán a Sortu estar en las elecciones del 22 de mayo, pero hace falta mucha más convicción política por parte de los socialistas».

El de «La Razón», radiante de satisfacción por el fallo, proclamaba que «la ilegalización del último sucedáneo de Batasuna es una magnífica noticia para la democracia. Sortu era un instrumento de ETA y existían pruebas concluyentes de ello». Habrá que pensar que si el Tribunal Constitucional no dice que las pruebas sean tan «concluyentes», el editorialista de «La Razón» se irá derechito a su casa. ¿O no?

Según el escriba de «Diario de Navarra», «la pretendida democratización de la izquierda abertzale no convence y no será fácil que lo haga sin que sea capaz de profundizar en un proceso convincente de regeneración, sin que aporte pruebas fehacientes de que la locura de violencia indiscriminada a tocado definitivamente a su fin». Lo que fue «violencia indiscriminada» fueron los miles de asesinatos en las cunetas de los que el escribiente en cuestión no dice ni pío.

El autor de los editoriales de «El Correo Español» y «El Diario Vasco» también se ponía la venda antes de la herida y reconocía que «en la vista judicial las acusaciones contuvieron más valoraciones sobre la naturaleza de la nueva formación y reservas respecto a su autonomía real que pruebas fehacientes de su sumisión a ETA». Pues hasta la fecha, servidora tenía entendido que quien acusa debe presentar «pruebas fehacientes» y no juicios de valor. Lo otro no es un tribunal sino la mismísima Inquisición.

El mejor es el de «El País», que para explicar la chapuza nos cuenta que «el tribunal parece haber optado por un criterio prudencial y poco comprometido». O sea, sometido al diktat de los políticos. Una justicia de chicha y nabo.