La Audiencia Nacional española declaró nula la orden ministerial sobre el canon digital, que regula desde 2008 los soportes digitales sujetos al pago de esta tasa y las cuantías en cada uno de ellos, al entender que el reglamento se aprobó sin cumplir ninguno de los trámites «esenciales e inexcusables».

El polémico gravamen se ha ejecutado sin problemas durante dos años, sin embargo, en apenas seis meses, su aplicación ha sido cuestionada en los tribunales. El último en hacerlo ha sido la sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, que ayer declaró nula la orden ministerial aprobaba en junio de 2008.

La Sala argumenta que esta orden no es un acto administrativo, sino un reglamento ejecutivo de una ley y, como tal, debería haber contado con el dictamen del Consejo de Estado, además de «la memoria justificativa de la necesidad y oportunidad de la disposición reglamentaria y la memoria económica».

Ninguno de estos trámites «inexcusables» y «esenciales» se cumplieron, por lo que la normativa «está afectada de un vicio radical» y es nula, concluye la Audiencia en las seis sentencias que responden a los recursos.

Las resoluciones, que no son firmes ya que contra ellas cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, dan la razón parcial a la Asociación de Internautas, la Asociación Multisectorial de Empresas Españolas de Electrónica y Comunicación (Asimelec), la Asociación de Empresas de Electrónica y Tecnologías de la Información (Aetic), Nokia España, Sony Ericsson Mobile Comunication Iberia y Motorola España.

No hay devolución

La Audiencia Nacional no accede a las pretensiones de algunos recurrentes que solicitaban la devolución de lo recaudado por el canon digital porque considera que no es competente para resolver tales peticiones.

La orden ministerial establece la lista de los aparatos sujetos a canon, como DVD, CD, memorias USB, reproductores multimedia o teléfonos móviles con MP3, entre otros.

En esta línea, la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, explicó que la decisión de la Audiencia Nacional anula la orden ministerial pero «en modo alguno anula» el derecho a la compensación por copia privada, por lo que seguiría vigente la normativa de 2006.