Las primeras noticias que anteayer llegaron de Madrid anunciando el fallo del Tribunal Supremo destacaban que Sortu no podrá estar en las elecciones del 22 de mayo, como si ése fuera uno de los objetivos a conseguir. Ahora, las voces inquisitoriales claman por evitar que cualquier candidato de la izquierda abertzale pueda «colarse» en alguna lista. Da la impresión de que a algunos lo que les importa es salvar esta convocatoria electoral, para evitar que un reparto que atienda a la verdadera voluntad popular vaya a frustrarles la consecución de «mayorías de cambio», sueldos y dietas.

De hecho, tras el apretado resultado de la votación en el Tribunal Supremo, hay una opinión generalizada que da por hecho que el Constitucional puede fallar a favor de Sortu. Y resulta curioso observar que desde instancias del PSE esto sea entendido casi como un bálsamo para sus conciencias.

Pese a todo, el nuevo periodo de tiempo que se abre hasta que el caso llegue al TC, y éste tome una decisión, se pretende emplear para seguir presionando a la izquierda abertzale, para continuar subiéndole el listón de la legalización muy por encima de donde lo pone la legalidad. Lo dijo ayer el lehendakari y lo exponían también en su editorial los diarios más vendidos de nuestro entorno. Se busca una nueva vuelta de tuerca.

Ocurre, sin embargo, que lo que juzgará en su día el Constitucional no será lo que vaya a hacer Sortu, sino el fallo del Supremo. Lo que en adelante haga la izquierda abertzale no cuenta. La que se examina a partir de ahora es la Sala del 61 y su controvertida sentencia.