El Consejo de Seguridad de la ONU ha aprobado recientemente la utilización de «todas las medidas necesarias» en el conflicto que se vive en Libia. Desde que hace un mes comenzaran las revueltas, la desinformación sobre lo que allí ocurría ha sido mayor, incluso, de la que nos tienen acostumbrados las corporaciones mediáticas. En esta ocasión, los medios de comunicación alternativos apenas han podido cubrir este vacío informativo, ya que las fuentes locales de información han sido muy escasas.

Esto ha generado que, en general, la izquierda no se haya sabido situar frente a este conflicto o que se den posiciones totalmente enfrentadas entre sí. La resolución de la ONU, que ha abierto las puertas a una intervención militar, hace necesario conocer lo que está ocurriendo para poder hacer una oposición firme a esta nueva «guerra humanitaria».

Parece ser que la revuelta comenzó, cómo en los vecinos Egipto y Túnez, en forma de protestas pacíficas. A diferencia de estos dos países, en Libia, la cosa no se limitó a estas protestas y se empezaron a organizar comités populares. En pocos días las revueltas se extendieron y los comités pasaron a controlar la mayoría de las ciudades y centros industriales y petroleros del país. Estos comités revolucionarios estuvieron gestionando la seguridad, la justicia, las relaciones comerciales, el petróleo, etc. El gobierno tan sólo podía ejercer su autoridad en la capital, Trípoli, en Sirte, al oeste, y en Sabha, al sur. Después de esos primeros días de indecisión y cuando las protestas comenzaban en la capital, Gadafi contraatacó con toda la fuerza de su ejército. El periodista de Telesur Reed Lindsay, uno de los pocos que informa desde dentro del país, ha declarado que este conflicto «comenzó con manifestaciones pacíficas y fue, de un lado, un pueblo tranquilo protestando y, del otro lado, fuerzas armadas, con armamento pesado disparando a matar... eso es lo que todo el mundo nos cuenta aquí, por ello hablan de crímenes de lesa humanidad».

Frente a esta represión completamente desproporcionada, los comités crearon sus propias milicias y comenzó una lucha por todo el país. Se creó, entonces, el Consejo Nacional de Libia (CNL) que agrupaba a los comités revolucionarios de todas las ciudades «liberadas».

En ese momento, una parte de las fuerzas armadas, el cuerpo diplomático y la administración que hasta ese momento formaban parte del régimen, se pasó a la oposición. Estos oficiales y altos cargos es muy probable que abandonasen al gobierno para situarse en una buena posición en el caso de que triunfasen las revueltas o de que hubiese una invasión de las tropas de la OTAN. Rápidamente, los medios de comunicación convirtieron a Mustafá Abdeljalil, ex ministro de Justicia, y a algunos oficiales, en portavoces de la revuelta ignorando a la persona designada por el CNL para ello, Abdel Hafiz Ghoga, un abogado de derechos humanos. Tanto él como el representante del comité popular de Bengasi, Fathi Tarbul, declararon estar «totalmente en contra de cualquier intervención militar de cualquier país que sea».

A pesar de ello, desde los gobiernos de EEUU y la UE se intentó llegar a un acuerdo con los rebeldes de cara a apoyarles a través de la instauración de una zona de exclusión aérea o, incluso, de una invasión del país a cargo de la OTAN. A cambio, evidentemente, se les exigía dejar en manos de las empresas multinacionales gringas y europeas el nacionalizado petróleo libio.

Pero los comités populares rechazaron esta propuesta y detuvieron a los mensajeros. «Ocho comandos de las fuerzas especiales británicas, en misión secreta e intentando poner en contacto a diplomáticos británicos con los principales opositores al Coronel Gadafi en Libia, acabaron humillados tras ser detenidos por fuerzas rebeldes», informaba el «Sunday Times». Seguramente estaban pensando contactar con los ex altos cargos del gobierno de Gadafi con la idea de hacer algo semejante a lo ocurrido en Egipto y Túnez hasta el momento. Sustituir, en una operación de maquillaje, a la cúpula dirigente actual por otra que se pliegue, de igual manera, a los intereses occidentales.

Ante el fracaso de esta operación, los gobiernos de EEUU y la UE dejaron de contemplar la instauración de una zona de exclusión aérea para pasar a hablar únicamente del envío de tropas. Una intervención militar directa les aseguraría poder aupar al poder a un gobierno títere. El presidente francés, Sarkozy, encabezó esta posición de fuerza a la que, inmediatamente, se sumó el gobierno de Zapatero por boca de su ministra de Defensa. Repsol tiene importantes intereses en Libia, país desde el cual importamos el 13% del petróleo que consumimos.

Esta postura acabó imponiéndose en el Consejo de Seguridad de la ONU. Ahora ya tienen la cobertura legal para ir a la guerra y asegurar el suministro de petróleo.