TRAS LA SENTENCIA DEL ts SOBRE SORTU
Los grupos de Gernika convocan una marcha de respuesta el día 2 en Bilbo
Los agentes políticos, sociales y sindicales que suscriben el Acuerdo de Gernika realizaron ayer un llamamiento a la ciudadanía vasca para que el sábado 2 de abril vuelva a marchar por las calles de Bilbo y reivindique que se den «pasos efectivos hacia la normalización de toda actividad política en Euskal Herria». Con el fallo del Supremo sobre Sortu, subrayaron, el Estado español «ha pretendido hacer fracasar el proceso de paz y normalización política abierto».
Agustín GOIKOETXEA |
Representantes de las organizaciones que suscribieron el Acuerdo de Gernika comparecieron ayer en la capital vizcaina para valorar el fallo del Tribunal Supremo español que impide la inscripción de Sortu como partido político y proponer nuevas iniciativas. La primera será una manifestación para el sábado 2 de abril, que partirá a las 17.30 desde la bilbaina Plaza de La Casilla, bajo el lema ``Euskal Herriarentzat normalizazioa. Legalizazioa orain!''.
Josu Murgia y Amaia Agirresarobe, en euskara y castellano respectivamente, incidieron en que, «venciendo toda resignación», quieren «seguir haciendo camino todas y todos juntos». De ahí, la respuesta a través de una movilización en la que la sociedad vasca demuestre que quiere un escenario de paz y normalización política. «Nos consta que la mayoría social vasca quiere estar ahí», manifestaron los portavoces de la iniciativa.
Sobre el fallo del Supremo conocido el miércoles, dijeron que «demuestra el desprecio del Estado español por el respeto de los más elementales derechos civiles y políticos de la ciudadanía vasca». Por contra, desde el Acuerdo de Gernika insistieron en que el respeto a esos derechos es «imprescindible» para avanzar hacia un nuevo tiempo.
Al igual que otras instancias, mostraron su contrariedad porque la decisión de la Sala del 61 vuelva a mostrar la «escasa madurez democrática» del Estado español. Los agentes que firmaron el Acuerdo lo tienen muy claro y, por ello, declararon ayer de nuevo que el Estado debe legalizar y normalizar toda actividad política en Euskal Herria «sin exigir ningún tipo de contrapartida política a cambio».
No dudan que el objetivo perseguido con la decisión judicial de no inscribir a Sortu como partido es «hacer fracasar» el proceso de paz y normalización abierto en el país. «No obstante -enfatizaron Murgia y Agirresarobe en su alocución ante los medios de comunicación-, esta decisión no es, por desgracia, una isla en el océano, ni mucho menos. En los últimos meses el Estado español ha tenido posturas contrarias a la defensa de los derechos fundamentales, en concreto los escandalosos casos de tortura, y no ha tenido una postura abierta y dispuesta a la resolución del conflicto, sino todo lo contrario».
Los firmantes del Acuerdo de Gernika dijeron ser conscientes de los deseos de la sociedad vasca de un escenario de paz y normalización política. Por eso, estiman que, a través del veto a Sortu, «el Estado pretende dejar una pesada carga de escepticismo y resignación sobre la sociedad para convencerla de que su legítimo deseo es imposible».
Ante esa actitud obstruccionista y boicoteadora del Estado español, los agentes sociales, políticos y sindicales se dirigieron a la sociedad vasca para reiterar, como han hecho en otras ocasiones anteriores, que «ella es el motor de este proceso, que el protagonismo del mismo sólo le corresponde al conjunto de los ciudadanos y ciudadanas vascas».
Respecto a su papel, recalcaron que consiste en tratar de ofrecer instrumentos a esa sociedad para que pueda hacer efectivo su protagonismo en este proceso. «Nos comprometemos a esforzarnos por ampliar nuestra oferta de instrumentos para un camino que prevemos largo», confesaron.
Evitar la resignación
Esta comparecencia no fue el único pronunciamiento. Kontxita Beitia y César Arrondo, convocantes de la manifestación que el 19 de febrero reunió a 40.000 personas en las calles de Bilbo reclamando la legalización de Sortu, se dirigieron también al Estado español para advertirle de que el fallo del Supremo no hará bajar los brazos a la sociedad vasca.
Si al final de la marcha de aquel día manifestaron declararon que «sólo era un paso», tras este veto inicial al nuevo proyecto político y organizativo de la izquierda abertzale reiteraron la necesidad de «mayor fuerza y compromiso» en favor de los derechos para Euskal Herria. «Es el futuro de una nación, que se ha puesto en pie, para defender que por las vías pacíficas y democráticas, su derecho a construir su futuro en paz, democracia y libertad», resaltaron.
Las Juntas Generales de Gipuzkoa han valorado «negativamente» la decisión del Tribunal Supremo español de prohibir la inscripción de Sortu en el registro de partidos políticos. Además, han pedido que sea aceptada legalmente cuanto antes para que pueda concurrir en las próximas elecciones forales y municipales.
El parlamento guipuzcoano aprobó ayer un texto acordado por Aralar, PNV y EB, que contó con los votos a favor de estos grupos y también de Hamaikabat, en el que se remarca que la legalización del nuevo partido de la izquierda abertzale supone «una exigencia democrática».
En la propuesta de seis puntos respaldada por estas formaciones (a excepción de uno en el que H1! se abstuvo), se afirma que «todas las fuerzas y expresiones políticas tienen derecho a participar, en igualdad de condiciones, en la vida política y social de todas las instituciones» y en especial en «todas las convocatorias electorales a las que la sociedad vasca es llamada».
La portavoz de Aralar en las Juntas de Gipuzkoa, Rebeka Ubera, subrayó que «es imprescindible que se respeten todos los derechos de todas las personas, todos los derechos humanos, civiles y políticos. Por principios democráticos». Además, glosó «la importancia del segundo punto del Acuerdo de Gernika, el reconocimiento de los derechos civiles y políticos permitiendo la actividad y el desarrollo de todos los proyectos políticos». En este sentido, exigió «la derogación de la Ley de Partidos Políticos al constituir un instrumento jurídico sobre el que se sustentan las vulneraciones de derechos fundamentales».
En cuanto al PNV, su presidente, Iñigo Urkullu, aseguró que su partido defiende la legalización de Sortu «por una cuestión de principios» y no en función de «cálculos electorales». En un acto de precampaña electoral, aludió a la decisión de la Sala del 61 para remarcar que «preocupa que en lugar de pruebas de valor jurídico se hagan juicios de valor sobre las intenciones, incluso admitiendo el cumplimiento de la legislación».
Según Urkullu, «unos nos achacan que queremos la participación de Sortu porque nos favorece, otros nos achacan justo lo contrario, que no queremos que participen porque nos favorece su ausencia. Ni lo uno ni lo otro. Queremos la participación de Sortu por una cuestión de principios. Con eso no hacemos cálculos».
El Supremo hará públicos sus argumentos la próxima semana. Podría producirse un solo voto particular que agrupe a los siete jueces que discrepan de la sentencia. GARA
El vicepresidente primero del Gobierno español y adalid de la ilegalización, Alfredo Pérez Rubalcaba, afirmó ayer que el Ejecutivo actuará si la izquierda abertzale, «como todo parece apuntar», intenta concurrir legalmente a las urnas «a través de otros mecanismos distintos del de la legalización de Sortu».
Así lo manifestó en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, en la que se afanó además en interpretar la sentencia adelantada el miércoles, y que ni siquiera ha sido escrita. Según su lectura, lo que el Supremo le dice a la izquierda abertzale es que tiene que seguir dando pasos «hasta poder demostrar ante los tribunales que no tiene ninguna relación con ETA».
Para Rubalcaba, el reparto de votos entre los jueces (siete a favor de Sortu y nueve en contra) debe entenderse como una cierta aceptación de la izquierda abertzale ha movido su posición, pero que esto no ha resultado suficiente. «Los cambios se han producido», dijo el ministro del Interior, pero «no hay una ruptura con ETA fehaciente y demostrable».
Rubalcaba añadió que Patxi López coincide con este diagnóstico y que hablan «todos los días» sobre este tema. El inquilino de Lakua dijo mientras tanto en el Parlamento, ante una interpelación del jelkide Joseba Egibar, que es el PNV quien tiene que «aclarar» su posición sobre la izquierda abertzale, ya que según dijo no aceptó confluir electoralmente con ella en Nafarroa porque consideraba insuficiente su posición sobre ETA.
Esta alusión provocó malestar en Nafarroa Bai, cuyo cabeza de lista, Patxi Zabaleta, la calificó de «completamente errónea, fuera de lugar y un disparate político. ¿O es que el señor López defiende su coalición con UPyD, el PP o con cualquier otro partido por el derecho de ser legales?». GARA
