El juez Baltasar Garzón, acusado de investigar las desapariciones y ejecuciones llevadas a cabo durante la Guerra del 36 y la posterior dictadura de Francisco Franco (1939-1975), interpuso el jueves una demanda contra el Estado español en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, alegando que con el procedimiento interpuesto contra él, se vulneran los principios de «independencia de un juez y la libre interpretación de la ley». Según aducen los letrados defensores, Garzón es castigado por «intentar investigar delitos graves y hacer cumplir los derechos de las víctimas». «El proceso judicial carece de fundamento; España no ha cumplido con su obligación», agregaron.

La queja aún está en trámites, ya que según aseguran desde el tribunal, pueden tardar varias semanas en valorar su admisión. De ser juzgado, Garzón se enfrentaría a una pena de 20 años de inhabilitación por abuso de poder.