Durante el descanso que los integrantes de la Sala del 61 del Tribunal Supremo se dieron para comer, alguno de sus miembros decidió perder un bocado para poder comentarle al periodista de una cadena de radio que la disertación del magistrado Carlos Lesmes en favor del veto a Sortu había sido, además de larga (dos horas), «contundente y difícil de rebatir». Así se van creando estados de opinión.

Porque para ese momento, la fuente togada ya debía saber que las cosas no iban a ser fáciles para quienes quisieran sumarse al carro del Gobierno. Tras el ponente, los primeros en tomar la palabra suelen ser los presidentes de alguna de las cinco salas del Tribunal Supremo. Y de ellos, tres se mostraron partidarios de aceptar la inscripción de Sortu. ¿Acaso ninguno había hablado antes de comer? ¿O con la filtración se pretendía generar, a través de la emisora que podían escuchar los miembros «progresistas» de la Sala, un clima que hiciera más incómoda nuevas discrepancias?

Lo cierto es que por «contundente y difícil de rebatir» que fueran los argumentos de Lesmes, siete de los quince magistrados se posicionaron en su contra. Un hecho desconocido hasta la fecha en deliberaciones sobre la izquierda abertzale y que muestra la legalidad de Sortu y el buen trabajo de sus abogados.

Porque es dudoso que pueda decirse que Sortu ha tenido un juicio con garantías, contrariamente a lo está señalando el discurso oficial repetido por el vicepresidente Rubalcaba, el ministro Jáuregui y el lehendakari López, puesto que los informes de la Fiscalía General y la Abogacía del Estado no estaban redactados desde la objetividad. No se habían analizado los hechos para sopesar los indicios y concluir si Sortu era o no legal, como le corresponde hacer por ley al fiscal, sino que existía la orden gubernamental previa de intentar impedir la inscripción de la nueva formación de la izquierda abertzale, por lo que se trataron de encontrar o construir los indicios que favorecieran esa posición, llegando a desechar los que podían posibilitar la legalización.

Tampoco los encargados de la investigación fueron imparciales. La recopilación de datos y su posterior montaje se encargaron a la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía. Cuando se conoció el fallo del Supremo, los secretarios generales de los principales sindicatos y asociaciones de ambos cuerpos policiales mostraron su «alegría» por el veto a Sortu, lo que da fe de cuáles eran sus intenciones. Como ya se está viendo claramente el clima de caza de brujas que se empieza a crear contra la posibilidad de que cualquier miembro de la izquierda abertzale pueda aparecer en alguna candidatura electoral.

Que con todo el aparato del Estado volcado en la prohibición y en una Sala de mayoría derechista surjan siete votos legalizadores es interpretado como el preludio de una correc- ción en el Tribunal Constitucional. «Eso está hecho», comentaba un alto cargo del PSE el jueves en los pasillos del Parlamento. Y ésa es una opinión generalizada que en esta ocasión ha ido mucho más lejos que nunca. Las críticas al fallo del Supremo se han extendido a partidos e instituciones que en ocasiones precedentes no habían sentido la necesidad de pronunciarse.

Y dado que ahora todo el mundo empieza a dar por hecho que el Constitucional avalará la legalidad de Sortu, parece haberse impuesto una especie de prisa general por iniciar una alocada carrera para ver si puede forzarse un pronunciamiento antes de las elecciones. Curiosamente, quienes mayores urgencias muestran son los terminales mediáticos del PSOE y el PNV, como si tuvieran que limpiar sus conciencias ante la evidencia de que una vez más en Euskal Herria va a haber elecciones sin que todas las opciones puedan presentarse en igualdad de condiciones, a pesar de que la izquierda abertzale ha cumplido con todas las de la ley.

Sin embargo, voces más autorizadas recuerdan que es prácticamente imposible que el Tribunal Constitucional pueda y quiera (o quiera y pueda) dictar una sentencia antes del 18 de abril, fecha límite para presentar candidaturas. Por lo tanto, tratar de forzar los plazos sería en esta ocasión como jugar a la ruleta rusa, cuando el objetivo es de largo alcance.

Ni es ni hay tiempo para arriesgadas cabriolas. Los abogados defensores tienen treinta días de plazo para presentar un recurso de amparo a partir de cuando se les notifique la sentencia, y ésta todavía ni siquiera está redactada. Quienes conocen la meticulosidad en su trabajo de Adolfo Araiz e Iñigo Iruin saben que utilizarán el tiempo preciso para garantizar el éxito del recurso.

Y ese éxito, a estas alturas, no es estar en estas elecciones con la marca de Sortu, sino conseguir la legalización del nuevo partido de la izquierda abertzale que sirva de motor de futuro.