El Tribunal Supremo aún no ha argumentado el fallo por el que declaraba que Sortu no podía formalizar su registro como partido político legal, pero a nadie se le escapa que esta decisión, promovida desde el Gobierno del PSOE y, por supuesto, alentada desde el PP, constituye la respuesta del Estado español a la estrategia de la izquierda abertzale y al nuevo escenario abierto en Euskal Herria. En los días siguientes a conocerse la resolución, nadie ha intentado valorarla en términos judiciales, sino que todo el mundo lo ha hecho con argumentos estrictamente políticos, porque en esos parámetros se sitúa. Tanto en sus orígenes como en sus consecuencias.

No es de extrañar, en un proceso en el que el Gobierno concluyó que Sortu no debía ser legal antes incluso de conocer sus estatutos. No hay que olvidar que cuando el Supremo ya se había hecho cargo del futuro de la nueva formación, José Luis Rodríguez Zapatero declaró que Sortu lo iba a tener «muy difícil» para ser legal mientras ETA siguiera existiendo; que el presidente español estuvo reunido con el presidente del Alto Tribunal, Carlos Dívar, días antes de que los jueces tuvieran que adoptar una decisión; o que los máximos responsables de la Fiscalía y la Abogacía no han ocultado que su cometido era buscar las pruebas -es un decir- necesarias para ilegalizar el partido abertzale, y no tratar de determinar si éste cumple o no los requisitos para ser legal. Imposible, por tanto, hacer una lectura jurídica de una decisión que ha sido política desde la raíz.

El Estado intenta ganar tiempo

Esa decisión política, sin embargo, no ha sido tomada desde la fortaleza de un Estado confiado en sus posiciones, sino desde la debilidad de quien sólo pretende retrasar el futuro. Resulta significativo que tanto el Gobierno como el PP se centren en las próximas elecciones, como si su objetivo fuera lograr que, al menos en esa cita, la izquierda abertzale no pueda concurrir con todas las de la ley, asumiendo que a medio plazo este plan no es viable. Una estrategia a corto con la que el Estado muestra miedo a la confrontación democrática y que confirma que la iniciativa política ya no le corresponde, sino que va a rebufo de los pasos que se dan en Euskal Herria.

Un ejemplo de todo esto es la respuesta que varios dirigentes del PSE y los grupos mediáticos cercanos al unionismo han dado al fallo, haciendo hincapié en que es recurrible ante el Tribunal Constitucional y que éste podría revocarlo. Saben que la actitud del Estado es incomprensible para la gran mayoría de la sociedad vasca. El propio proceso contra Sortu ha abierto una brecha en el sistema judicial español y ha creado nuevas contradicciones en el Estado. Que siete magistrados se hayan plantado ante las presiones políticas y mediáticas y hayan defendido la legalización es un hecho que no deja de llamar la atención. No han querido sumar su firma a una sentencia cuyo devenir resulta dudoso. Es igualmente cierto que el caso de Sortu ha tocado la fibra de sectores que en otras ocasiones no se han sentido interpeladas, y que incluso en los medios de difusión estatales las tesis contrarias al veto se han oído tanto o más que las favorables.

Euskal Herria responde y avanza

En este contexto, los agentes firmantes del Acuerdo de Gernika volvieron a mostrar su compromiso con un escenario sin conculcaciones de derechos llamando a una manifestación nacional el 2 de abril, respondiendo a los intentos obstaculizadores del Estado con más iniciativa y con un compromiso que, sin duda, les llena de credibilidad ante la sociedad que cada vez tiene más claro que la solución llegará por la senda marcada en ese acuerdo.

Una muestra de que este país quiere seguir avanzando por encima de trampas y agresiones es la imagen que ofrecieron ayer en Lizarra los representantes de EA y Herritarron Garaia, que dieron carta de oficialidad a la constitución de un sujeto electoral abertzale, progresista, euskaltzale y abierto a la incorporación de todo aquel que lo desee, apostando además porque esa fórmula se extienda al resto de los territorios de Hego Euskal Herria. Los independentistas de izquierda han sido quienes han puesto en marcha a este pueblo hacia un nuevo escenario, y el próximo 22 de mayo sabrán como seguir caminando en esa dirección.

Decisiones que consolidan el cambio político

El nuevo comunicado de ETA refuerza su declaración del pasado 10 de enero y profundiza en uno de sus aspectos relevantes: la verificación internacional. La organización armada acepta un «mecanismo de verificación informal» que, pese al veto de los Gobiernos español y francés, haga viable la formación de una comisión internacional. Según señala ETA, la verificación dejaría «acreditado, también en el ámbito internacional», que en estos momentos la única violencia en Euskal Herria es «la que generan los estados».

Son muestras de una voluntad de solución frente a una necesidad de bloqueo en un momento en el que debería primar la responsabilidad.