Las secciones sindicales de LAB de las cajas vascas están presentando alegaciones al Anteproyecto de Ley de Cajas de Ahorros de Euskadi, que ha sido remitido a mediados de este mes a los comités de las entidades financieras por el Gobierno de Gasteiz, debido a que profundiza en la pérdida del carácter social y público de esas cajas y permite la entrada de capital privado en las mismas. El texto del anteproyecto, según indicaron a GARA fuentes fidedignas de las entidades vascas, fue esgrimido por el Ejecutivo de Patxi López para «presionar y obtener» el principio de acuerdo hacia la fusión fría de Caja Vital, Kutxa y BBK, dado que el texto sigue las pautas marcadas por Madrid en base a ese modelo privatizador.

Mientras se despejan todas esas incógnitas, las alegaciones de la sección sindical de LAB de Caja Vital inciden en que el texto «tiene una redacción masculina» y recuerda que debería corregirse en base al Plan de Igualdad. Destaca que en el anteproyecto de ley «se dan derechos políticos a las cuotas participativas, lo que consideramos inaceptable porque es una vía más para abrir la puerta a la entrada de capital externo y a la privatización de las mismas». La central sindical advierte de que no se describe cómo podría determinarse esa fórmula de entrada de capital privado y añade que «planteamos que esa posibilidad sea refrendado por un muy alto porcentaje de la asamblea de cada caja».

Otro de los temas determinantes del rechazo de la central sindical es que «se pretende articular fórmulas para que la obra social quede en manos de fundaciones sin control de la asamblea, y donde los patronos ni son elegidos por la misma». Para LAB ese paso, que figura en el anteproyecto de ley del Gobierno de Patxi López, tiene la motivación de «la desaparición de la obra social como ha sido entendida hasta ahora; a lo sumo quedará como un departamento de marketing al servicio de intereses alejados de la ciudadanía».

Otra discriminación que aprecia la central es que confiere una representación del 1% a las organizaciones sindicales y del 2% a las empresariales «al sumar la Cámara de Comercio y Confebask», pero a la vez critica «un hecho grave» porque «se pretende conceder a entidades representativas de interés colectivo participación en detrimento de la representación de los municipios». Tampoco aceptan que la representación sindical se guíe en función de la presencia o no en el CES Vasco, como indica el anteproyecto de ley, sino que LAB considera que «lo legítimo y democrático sería, en todo caso, que se concediera en función de la representatividad sindical que cada sindicato tenemos, tras las elecciones».

Otra reclamación va en la línea de otorgar más representación en la asamblea de la caja a la representación de la plantilla, ya que se queda en el 7%, pero la legislación establece una horquilla del 5% al 15%, «cuando en la mayoría de entidades ese porcentaje es superior al 7%».