La lucha contra el Tren de Alta Velocidad que rasgará el mapa de Euskal Herria ha desatado una serie de procesos penales con unas peticiones fiscales exorbitadas que asemejan más a castigos ejemplares que a juicios ordinarios. Mañana, arranca la vista oral contra cuatro jóvenes de Iruñerria por realizar tres pintadas en una carretera. La pena habitual para acciones similares es de localización permanente de dos a seis días, pero en esta ocasión se ha disparado a peticiones fiscales de 20 y 24 meses de cárcel y una indemnización total que ronda los 20.000 euros.

La tesis de que se ha impuesto un doble rasero a la hora de procesar a los activistas contra el TAV no es nada nuevo y constituye un hecho público y confirmado desde hace dos años, gracias a una filtración de un documento de la Ertzaintza. Se trata de una circular, emitida por Gervasio Gabirondo Fernández (jefe de la división de Seguridad Ciudadana), en la que se ordena a los agentes calificar como acto terrorista todas las acciones del movimiento contrario al Tren de Alta Velocidad. Esta directriz de carácter político no surtió el éxito esperado, no por la falta de voluntad de la Ertzaintza, sino por la actitud adoptada por la AN.

Urbina y el rechazo del juez Pedraz

En enero de 2009, la policía cargó brutalmente contra una marcha contra el TAV en Urbina en la que participaban centenares de personas. Los agentes emplearon porras y dispararon pelotas de goma y, según los datos AHT Gelditu!, los heridos se contaron por decenas. La Ertzaintza detuvo a ocho personas y los mantuvo dos días en los calabozos. El caso se remitió a la AN, pero el juez Santiago Pedraz, lo rechazó y lo devolvió a un tribunal alavés A día de hoy, la fecha del juicio sigue pendiente. De las ocho personas detenidas, se han presentado cargos contra seis, aunque las peticiones se mantienen en la mitad alta por voluntad del fiscal: penas de entre dos años y dos años y medio para tres encausados, que se elevan en un cuarto imputado hasta los cuatro años de cárcel por atentado a la autoridad.

Se descarta el terrorismo

La Audiencia Nacional no siempre se ha inhibido de juzgar las acciones contra el TAV y sí que celebró una vista oral después de que unos jóvenes detuvieran un tranvía de Bilbo y realizaran unas pintadas. La sentencia se hizo pública hace unas semanas y resulta clarificadora: no fue un acto terrorista. El tribunal echó por tierra la tesis del fiscal que había llegado a solicitar tres años de cárcel, 24 meses de multa y nueva años de inhabilitación absoluta. Además, de las tres personas encausadas, una salió sin cargos. Las otras dos fueron sentenciadas a 18 meses de multa a razón de diez euros al día. Nerea Zuloaga es una de las dos jóvenes que han sido condenadas y dice que al fiscal le sentó bastante mal la sentencia: «Cuando acabó el juicio el fiscal tomó la palabra para ratificarse en todo y pedir además, un agravante de disfraz». Zuloaga tenía 18 años cuando se cometió la acción y ha tenido que pasar por innumerables trámites judiciales desde enero de 2009, además de la angustia de la duda de acabar en la cárcel.

Estos dos no han sido los únicos casos en los que ha intervenido la Audiencia Nacional, ha habido también quien ha tenido que declarar en Madrid, aunque luego la causa se archivó y casos similares. Sin embargo, la Ertzaintza no sólo ha intentado estrangular a la oposición al Tren de Alta Velocidad con la acusación de terrorismo. La circular de Galparsoro encaja más bien en una campaña destinada a ahogar y apagar esta lucha, en la que se ha recurrido a las cargas policiales, como en Urbina y, en ocasiones, también a la intimidación personal. Un joven de Goierri ha presentado una denuncia por este motivo contra agentes de la Ertzaintza. Fue interceptado por los policías en la carretera que va entre Ordizia y Beasain. Este joven asegura que los agentes le golpearon en la espalda cuando le colocaron contra la furgoneta, le soltaron un tortazo y también recuerda un golpe en la rodilla con una porra telescópica. «Sin ningún motivo», lo llevaron esposado hasta el cuartel. «En la comisaría, vino a verme un mando. Me dijo: `Tu sigue así. Por hacer el tonto vas a acabar en una cárcel española. Y tus padres van a ir a verte en el Tren de Alta Velocidad'», comenta el joven. Ahora, tendrá que enfrentarse a un juicio por un delito de atentado, que podría conllevar entre dos y tres años de cárcel. Además, su denuncia ha traído como contrapartida otra acusación por calumnias contra los ertzainas.

Además de la intimidación y la actitud violenta por parte de los agentes, los fiscales están imponiendo unas multas de cuantías que, en un principio, se antojan desproporcionadas, como por ejemplo, mil euros por colocar unos carteles. Este hecho cobra particular relevancia debido a que la mayoría de los procesos por acciones de oposición al TAV se llevan por la vía penal y, por tanto, si no se paga la multa, la condena acaba por traducirse en penas de cárcel.

Una calificación abusiva

Después de este bagaje por la CAV, la dinámica represiva contra el Tren de Alta Velocidad en Nafarroa continúa en los mismos términos, salvo la fallida pretensión de derivar los casos a la Audiencia Nacional, y con la Guardia Civil como brazo ejecutor. El caso que va a ser juzgado mañana ocurrió hace un año. En la madrugada del 8 al 9 de abril, un vecino dio la alerta de que se estaban realizando unas pintadas. La policía interceptó una furgoneta en la que viajaban cuatro personas, encontraron pinturas y aseguran que tenían las manos manchadas. La acusación abarca a los cuatro viajeros. Al día siguiente, arrancaba una mendimartxa de protesta en la que participaban unas cincuenta personas. La Guardia Civil la detuvo y requirió la filiación de todos los que participaban en ella.

A raíz de esa detención, los que viajaban en la furgoneta fueron imputados por realizar tres pintadas diferentes en la carretera. Según su abogada, Leire Martín, hasta ahora las pintadas o un lanzamiento de pintura se consideraban «faltas de deslucimiento» ya que, según la propia jurisprudencia de la Audiencia de Iruñea, «es susceptible de limpieza». Sin embargo, el fiscal ha calificado las tres pintadas como un delito de daños y no sólo eso, sino que ha solicitado penas que se encuentran en la mitad superior de las que prevé el Código Penal, ya que considera que concurre un agravante por ser un bien de titularidad pública. Para tres de ellos se solicitan 20 años de cárcel y 4.860 euros de multa y, para el cuarto, la pena se eleva a dos años y 5.400, ya que le imputan además una pintada con spray que se realizó durante la mendimartxa. Supuestamente, fue identificado por un guardia civil de paisano, que no va a testificar mañana.

Eliminar la pintada costó menos 2.500 euros. Pero, si alguno de ellos no paga la multa (el doble de este importe), la pena se cambiaría por nueve meses de cárcel. Según explicó la abogada, en un caso así, calificado como delito de daños, el fiscal no entra a valorar ni el motivo por el que se realiza la pintada ni su contenido. Es decir, daría igual que fuera un borrón en el asfalto. Esto supone que, o ya se ha establecido una doble vara de medir en Nafarroa o que aquellos que hace unos años escribieron «¡Aupa Indurain!» tuvieron una suerte increíble.