La batalla por el poder continuaba ayer en Costa de Marfil, aunque los combates parecían haber disminuido después de que ambos bandos fuera responsabilizados desde distintos organismos y ONG de masacres indiscriminadas, sobre todo en el oeste del país, saqueos y graves violaciones de derechos humanos. Portavoces del presidente saliente, Laurent Gbagbo, como del mandatario reconocido por la llamada comunidad internacional como vencedor de las elecciones de noviembre, Alassane Ouattara, negaron cualquier relación con las matanzas.

En las calles de Abidjan ayer se veía poco más movimiento que el de las tropas de la misión de Naciones Unidas, Onuci, y de la misión francesa Licorne. La capital financiera amaneció en una relativa calma tras los duros enfrentamientos de los últimos dos días y su aeropuerto fue tomado por las tropas de la Licorne, a las que Toussaint Alain, un consejero de Gbagbo, acusó de actuar como un «Ejército de ocupación» ajeno a todo mandato de Naciones Unidas, que «no le autoriza a ocupar el aeropuerto de un Estado soberano».

Alain señaló que el Ejército galo, al que responsabilizó de la guerra civil en el país, «se ha puesto al servicio de la rebelión y se ha convertido en una fuerza de apoyo» de ésta, que, en su opinión, está compuesta por «una coalición de mercenarios y de soldados europeos y estadounidenses que se benefician del apoyo logístico de la Licorne».

Si el sábado Cruz Roja Internacional informaba de la muerte en actos de «violencia interétnica» de al menos 800 personas el martes en Duékoué, cifra que la ONU rebajaba a 330 -la mayoría muertos a manos de seguidores de Ouattara-, ayer la ONG católica Caritas denunció que un millar de personas han muerto o desaparecido entre el domingo y el martes pasados en esa ciudad, escenario de una «masacre» perpetrada durante los combates entre los milicianos de Gbagbo y las fuerzas Ouattara, que lograron tomar el control.

Balas y machetes

El portavoz de la ONG, Patrick Nicholson, confirmó que su equipo contó mil cadáveres, aislados en las calles o apilados. Muchos presentaban heridas mortales de bala, pero otros habían sido descuartizados a machetazos, detalló a la edición dominical del «Talegraph».

Duékoué, importante cruce de caminos del oeste de 75.000 habitantes, cayó el martes en manos de los combatientes de Ouattara tras violentos enfrentamientos con los soldados y milicianos leales a Gbagbo.

Caritas asegura no saber quién es el responsable de esta matanza, pero insta a realizar una investigación. Además, condena los ataques contra la población civil y subraya que la situación humanitaria «se está deteriorando rápidamente».

Testigos declararon a AFP que «se trataba de matar por matar», tanto en Duékoué como en las localidades vecinas de Niambi, Colombo y Diahouin, donde muchos de sus vecinos perecieron en actos de venganza.

Ambos bandos salieron rápidamente al paso de las acusaciones. El Gobierno de Ouattara volvió a protestar ayer por esas «acusaciones sin fundamento que perjudican gravemente a las Fuerzas Republicanas de Costa de Marfil (FRCI)». Para acabar con las especulaciones, invitó a las organizaciones humanitarias a desplazarse al oeste del país para investigar esas masacres y el propio Ouattara ordenó la apertura de una investigación y, en caso de que proceda, el procesamiento de los responsables.

También el entorno de Gbagbo negó ser responsable de esas muertes en el oeste del país. Toussaint Alain aseguró que el Ejército marfileño no ha tenido nada que ver. «No tenemos mercenarios en el oeste, toda la zona está controlada al 90% por la rebelión», zanjó.

Alain se refirió también a las presiones de la llamada comunidad internacional sobre Gbagbo y le pidió que cese cualquier injerencia. «No corresponde a EEUU ni a Francia decidir quién debe conducir el destino de Costa de Marfil. Esas afirmaciones -la exigencia de que entregue inmediatamente el poder a Ouattara- contribuyen a echar más lecha al fuego», afirmó.

El grupo de estudios International Crisis Group (ICG) advirtió ayer de que la crisis en Costa de Marfil pone a toda la región del África Occidental al borde del «abismo», por lo que pide una mayor implicación política y militar de la llamada comunidad internacional, una acción «audaz, efectiva e inmediata» para evitar el agravamiento de la situación. Aunque atribuye a Gbagbo «la responsabilidad principal» de haber llevado al país a esta situación, advierte de que las fuerzas rebeldes afines a Ouattara han incurrido en «atrocidades acreditadas».