Los poderes político, judicial y mediático del Estado español están enfrascados en rifirrafes internos en base al último proceso negociador entre ETA y el Estado. Una de sus derivadas es el «caso Faisán», en el que se acusa a la Policía de haber dado un aviso al propietario del bar Faisán que retrasó una operación policial contra una estructura supuestamente implicada en el cobro del denominado «impuesto revolucionario». De todas formas, esa redada se materializó semanas después. Aviso y redada se produjeron durante el proceso negociador.

Este caso está siendo utilizado constantemente por el PP y medios de comunicación próximos para tratar de poner en jaque al vicepresidente primero del Gobierno español y ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Uno de los imputados en el caso es el dirigente del PSE y ex director de la Policía en aquellas fechas Victor García Hidalgo. La Sala de lo Penal de la Sección Segunda de la Audiencia Nacional desestimó ayer su recurso, en el que pedía que no se le imputara el delito de «colaboración con organización armada».

Dos de los tres miembros del tribunal han establecido que el denominado «chivatazo» evitó detenciones y la incautación de una cantidad de dinero. Y aseguran que según la jurisprudencia del Supremo, «no es necesario comulgar con las finalidades de la organización» para sostener «la existencia del tipo delictivo» de colaboración con organización terrorista, ni excluir a miembros del CNP de su comisión por «su perfil profesional».

La importancia del contexto

Pero el auto cuenta con el voto particular del magistrado José Ricardo de Prada, que considera que lo ocurrido tiene «plena justificación» en el marco de «un proceso de negociación política o de un `proceso de paz'».

Recuerda que «un elemento característico de los delitos terroristas es su finalidad, última, política, y es en este plano, en el de posibles negociaciones políticas, donde se encuentran legitimados los gobiernos de los estados a disponer de un deter- minado ámbito de actuación, en que, sin infringir normas jurídicas que impliquen una quiebra del Estado de Derecho, les permita llevar adelante acciones tendentes a obtener resultados que quedan indiscutiblemente bajo lo que son las obligaciones de todos los gobiernos».

El juez señala que incluso en el caso de que pudiera decirse que pudo haber alguna infracción de la norma penal, «ello no permite dar el salto cualitativo en el vacío» hasta tipificarlo como «colaboración».

Repaso histórico

Al autor del voto particular le «llena de sorpresa» que con los precedentes existentes en las últimas décadas, ésta sea la «primera causa penal en la historia de España» por un caso de estas características. Y haciendo memoria se refiere a las «conversaciones de Argel, traslado de la cúpula de ETA a la República Dominicana llevada a cabo por aviones y pilotos pertenecientes al ejercito del aire español, refugio de miembros de ETA en diversos paises a instancia del gobierno español, conversaciones políticas tras las distintas treguas de ETA, que no dieron lugar a procedimientos o estos fueron archivados».

Aquello también pudo considerarse un delito de «colaboración con organización terrorista», pero se archivó porque «fal- taba el elemento intencional imprescindible». Y recoge que existe un «general consenso, incluso desde la arena política», de que estas actuaciones son admisibles porque buscan ayudar «a la desaparición del terrorismo, finalidad absolutamente deseable por todos».

«Claudicación» ante la política

El magistrado José Ricardo de Prada cree que los firmantes del auto hacen «un análisis sumamente simplista del conjunto de los hechos, hasta el punto de

convertirlos en una mera caricatura, que poco tiene que ver con la riqueza y complejidad que poseen». Y lanza una primera pulla al afirmar que en el caso de «haberse tenido éstos en cuenta en toda su extensión y matices, y sido objeto de un verdadero análisis estrictamente técnico-jurídico, del que alardea el auto de la mayoría de la Sala, se hubiera tenido que llegar necesariamente a otro resultado muy diferente»

Y es que el magistrado discrepante acusa a sus compañeros de mantener «una actitud claudicante» de lo que debe ser la posición jurisdiccional, «permitiendo la instrumentalización política interesada» del caso «por parte de aquellos que están aplicados en hacerla».

A su juicio, éste es «un asunto fuertemente politizado, en el que de una manera manifiesta se está tratando por ciertos sectores de cuestionar políticamente un proceso de paz fallido, pero que se pretende ade- más introducirlo forzadamente en un cauce jurídico, en un proceso penal, a través de la criminalización de un concreto episodio». Reitera que los policías in- volucrados y sus mandos políticos actuaban con una finalidad «plenamente legítima desde la perspectiva de lo que es posible y exigible al Estado y a sus gobiernos».

El magistrado José Ricardo de Prada concluye su voto particular lamentando que sus «compañeros de Sala no lo hayan visto así y no hayan hecho el es- fuerzo de deslindar lo político de lo jurídico o no hayan sabido hacerlo».