Maite SOROA | msoroa@gara.net
La fractura en la judicatura
Se ha resquebrajado la unidad pétrea de los jueces españoles en relación al conflicto vasco y alguno se ha puesto tan nervioso que le va a dar un pampurrio en cualquier momento.
Ayer el editorialista de «Abc» hablaba de «la izquierda judicial», que a una se le antoja algo muy raro, y advertía que «ha demostrado que está movilizada en los asuntos en los que el Gobierno tiene claros intereses políticos, el proceso contra Sortu y el caso Faisán». O sea, en plan militantes a tope.
Lo que le preocupa al escriba de Vocento es que los votos particulares en estos casos «van a tener efectos en otras instancias -el Tribunal Constitucional- o en otros casos, como los planes `b' o `c' de ETA». Observen que el editorialista da por supuesto que las dos resoluciones citadas son anticonstitucionales. Tiene gracia la cosa.
El tío insiste: «Sortu y `Faisán' tienen en común el intento del sector progresista de la judicatura de liberar del peso de la ley dos episodios relevantes en el proceso de negociación con ETA y de avalar dos actos estratégicos para la exclusión del Estado de Derecho en la lucha contra el terrorismo». Ya ven que se lo ha tomado a la tremenda.
Y así, no les extrañe que califique así el voto particular del magistrado De Prada en el caso del bar Faisán: «un texto irrespetuoso hacia sus compañeros, de sesgo panfletario y carente de sentido jurisdiccional».
En opinión del editorialista, el texto denostado «es una buena expresión de esa doctrina que anticipara Conde-Pumpido con el `polvo de la toga' y que consiste en subordinar la ley a la conveniencia política. Dicho por un juez, tal tesis es una degradación absoluta del principio de legalidad penal y una recuperación de la `razón de Estado' como disculpa de los crímenes de Estado». Yo creo que se ha pasado.
Y concluye embistiendo contra Sortu: «En el caso de Sortu, los votos discrepantes con la no inscripción de esta nueva mascarada etarra proponen volver a tratar ingenuamente los artefactos jurídicos de ETA (...) Por eso, la estrategia de ETA no ha sido un fracaso absoluto. La Ley de Partidos puede haber llegado a su límite en la aplicación judicial merced a esta fractura provocada por un sector». Pues a mí me parece estupendo.