Despejada la incógnita portuguesa, el Estado español centra las miradas
Tras dos semanas de tira y afloja, el Gobierno portugués, en funciones hasta las elecciones del 5 de junio, ha tenido que dar su brazo a torcer y solicitar el «rescate» financiero de la UE. Resta negociar la cantidad de dinero, el interés y las condiciones exigidas como contrapartida. Las miradas se centran ahora en el Estado español, aunque de momento los discursos dominantes rechazan establecer paralelismos.
Imanol INTZIARTE | DONOSTIA
Portugal confirmó ayer su petición de «rescate» a la Unión Europea, veinticuatro horas después de que el dimisionario primer ministro, José Sócrates, asumiera como «inevitable» la adopción de esta medida.
El ministro de Presidencia, Pedro Silva Pereira, eludió hablar de condiciones o cifras, aunque se habla de entre 60.000 y 90.000 millones de euros. Cabe recordar que Jean-Claude Juncker, presidente del Eurogrupo, apuntó hace dos semanas que 75.000 millones sería una cifra «adecuada».
Portugal se encuentra con el problema añadido de contar con un Gobierno en funciones, después de que el Ejecutivo de Sócrates (Partido Socialista) dimitiera el pasado 23 de marzo a raíz del rechazo en bloque por parte de la oposición de un nuevo plan de recortes.
Las elecciones están fijadas para el próximo 5 de junio. El ministro Silva Pereira recordó en ese sentido que en las conversaciones con la Unión Europea se deberán «tener en cuenta las limitaciones» actuales.
Los fondos de la UE permitirán a Portugal obtener dinero a menor interés del que le exigía el mercado, pero como contrapartida perderá autonomía en materia económica y se verá obligado a aplicar las directrices que le marquen, y que probablemente acarreen reformas estructurales de calado, entre ellas la del mercado laboral.
Sin paralelismos pero...
Despejada la incógnita lusa, las miradas se fijan en su vecino, el Estado español. En líneas generales, los discursos coincidieron en rechazar las comparaciones y en alabar las medidas adoptadas por el Ejecutivo que dirige José Luis Rodríguez Zapatero, si bien subrayaron que todavía restan reformas por adoptar, sobre todo en el ámbito del mercado laboral.
Así, el portavoz de Asuntos Económicos y Monetarios en la CE, Amadeu Altafaj, aseguró que el Estado español va por «el buen camino» y «está cumpliendo con los compromisos adquiridos en Europa».
El comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia, subrayó que «España no tiene problemas de financiación», aunque sí asumió que la «estrechísima» relación comercial con Portugal hace que sea «lógico que las empresas y bancos españoles no sean inmunes a lo que está ocurriendo».
El presidente del Banco Central Europeo (BCE), Jean-Claude Trichet, declaró que Madrid «todavía tiene que hacer cosas», mientras que Ángel Gurría, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), manifestó que «nunca se debe cantar victoria».
Portugal se convierte en el tercer estado de la zona del euro que ha solicitado un «rescate» financiero a la UE. El primero fue Grecia, que recibió 110.000 millones de euros, y el segundo Irlanda, con 85.000 millones.
Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, destacó que lo sucedido en Portugal «podría haberse evitado si las fuerzas políticas se hubieran reunido y hubieran hablado de lo que es mejor para el país, no para cada uno de los partidos».
El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) decidió, tal y como se preveía, subir los tipos de interés de la zona del euro en un cuarto de punto, hasta el 1,25%, después de casi dos años en mínimos históricos. El objetivo de este incremento sería frenar las presiones inflacionistas, achacadas al alza del precio del petróleo y otras materias primas. La inflación de la zona euro se situó en marzo en el 2,6%, dos décimas por encima del dato del mes anterior, según la estimación adelantada de la oficina europea de estadística, Eurostat. «Nuestra decisión contribuye a mantener las expectativas de inflación firmemente ancladas respecto a nuestro objetivo de estabilidad de precios», afirmó el presidente del BCE, Jean Claude Trichet, quien dejó abiertas las puertas a futuras subidas, siempre que lo crean necesario.
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) consideró que este incremento del precio del dinero supone un «jarro de agua fría» para los estados europeos más afectados por la crisis económica, como es el caso del Estado español, ya que merma su capacidad de recuperación. La OCU teme que la decisión del BCE presione al alza al euríbor y vaticina que su índice a doce meses, el indicador más utilizado para el cálculo de las hipotecas, «no tardará mucho en sobrepasar el 2,1% y probablemente siga aumentando». El índice hipotecario subió ayer hasta el 2,042%, lo que supone la tasa diaria más alta que registra desde febrero de 2009. GARA
