Babcock llega a su final tras dos privatizaciones fallidas, que han dejado las manos libres a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Porque desde 1980 a 2001, esta empresa perteneció al sector público estatal, pasando por las manos de PSOE y PP. No está claro que pueda revertir a manos públicas al haber fallado las dos privatizaciones, que el Gobierno español impulsó y que han sido un auténtico fracaso. La Administración ha tomado la decisión de cerrar este capítulo de su nefasta gestión, llena de irregularidades. A mediados de este mes, se dará luz verde a la liquidación de esta histórica empresa de bienes de equipo, ubicada en el límite de Trapagaran con Sestao, y se estima que en setiembre saldrá el último trabajador.

Se perderán, en estos momentos, algo más de 600 puestos de trabajo: los 352 actuales y los 258 prejubilados del expediente de prejubilaciones de 2004, que han tenido que volver por una sentencia judicial causada por un error de forma. Al inicio de la década de los ochenta del siglo XX, alcanzó una plantilla máxima de 5.380 trabajadores.

Alejandro Oribe, de LAB, y Roberto Barañano, de ESK, repasan los momentos más intensos por los que atravesó uno de los buques insignia de Ezkerraldea. Después de tres décadas intensas de actividad industrial, concluyen que a Ezkerraldea se le va a terminar conociendo por ser «la mayor fábrica de prejubilados de Euskal Herria», procedentes de Altos Hornos, de La Naval, de General Electric, Sefanitro, Agrominsa, de Babcock, entre otras compañías, que llegaron a emplear a 30.000 trabajadores en la época más activa de la industria vizcaina. Ambos reclaman que una parte importante de la actual plantilla sea recolocada o tenga una cierta preferencia en los proyectos que resulten tras la liquidación de la empresa. «Se lo deben a los trabajadores. Pelearemos para que sea así, sin duda», precisan.

Babcock Wilcox Española (BWE) se fundó en marzo de 1918. Se dedicó a la fabricación de locomotoras de vapor, y la última la entregó a Renfe en 1961. En 1978 fue «incautada» y «nacionalizada en 1980», al pasar a depender de la sociedad pública INI, a la que sucedió la actual Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Primera etapa: Bajo control del PSOE

Hay tres etapas bien diferenciadas en la historia reciente de Babcock. Alejandro Oribe y Roberto Barañano señalan que en 1982 entró el PSOE al Gobierno español y se hizo con el control del sector público, en concreto de Babcock Wilcox Española (BWE). «Sabíamos que habíamos firmado la desaparición de la empresa». Entonces, el director, Manuel Fernández, «creó empresas satélites donde colocó a todos sus conocidos». En esa primera época «las familias del PSOE y UGT entraban «por la puerta grande. Tenemos más economistas que el BBVA y una estructura administrativa que no tiene ni la NASA», recordaron. Un caso llamativo, entre otros, tiene que ver con el ex secretario general de UGT Euskadi, Carlos Trevilla, que «entró en el grupo por ex cura, y con cinco años en la empresa, le prejubilaron». Otro caso llamativo es el de Pedro Pérez, condenado a ocho años de cárcel, e indultado, por el escándalo de la OPE de Osakidetza de 1990, quien «en vez de ir a la cárcel pasó por Babcock para prejubilarse», lo mismo que el responsable de internacional de CCOO, Luis Mari Pariza.

Recuerdan el actual escándalo de los ERE de Andalucía. «En Babcock han sido mayores. Aquí -precisan- se ha jubilado gente que no ha visto la fábrica ni en postal».

No sólo había interés en el PSOE, sino que el PNV mantuvo en el consejo de administración a «Ricardo Ansotegui, que fue portavoz del EBB, y a Fernando Vizcaya, hermano de Marcos Vizcaya», precisan los sindicalistas. Sirvió para que cuando se desgajó Babcock -bienes de equipo, por un lado, y productos tubulares, por otro-, «el PNV se llevara la parte de los tubos».

En esta primera época, cinco de los diez pabellones de la compañía se prepararon para la producción ferroviaria, siguiendo sus orígenes, pero el primer «paracaidista del PSOE» decidió que «nos tendríamos que dedicar al tema nuclear y desmanteló unas instalaciones modernas ferroviarias, que le hubieran hecho la competencia a CAF. Llegó el parón nuclear y nos fuimos desintegrando. Perdimos el rumbo», dijeron.

Segunda etapa: Hacia la privatización

En 1997 se inicia un proceso de incertidumbre sobre su futuro. Se habla de lograr un sector de bienes de equipo vasco entre Babcock y Mecánica de la Peña, una discusión de carácter político entre el Gobierno de Gasteiz y el Gobierno español, que no llega a buen puerto.

Al final, el Gobierno de Madrid optó por su privatización, la salida más fácil. Se produjo en 2001. Se adjudicó a la alemana Babcock Borsig Power. Siete meses después, sin embargo, se declaró en quiebra. En este proceso, se destinaron 154 millones para llevar adelante la privatización y una reducción de la plantilla. En 2004 llegó la segunda privatización y se adjudicó a ATB, «después de que partía con las peores recomendaciones» y «nadie la veía, como así ha sido, capaz de poner en marcha un plan industrial para salir de la situación catastrófica». Pagó 100.001 euros por la empresa, de los que «100.000 fueron para indemnizar al ex director general, Enrique Palomino, que se opuso a la entrada de la austriaca». A cambio, SEPI le dio 130 millones, «que ahora le reclama», y la empresa se quedó «totalmente saneada». Hace unos meses se declaró en quiebra y ahora el futuro de Babcock pasa por su liquidación. «Es irremediable», aseguran.

En esta época, se produjo otro expediente de prejubilaciones, en el que un grupo de sindicalistas del comité negoció condiciones de jubilación mejores que para el resto de plantilla. Otro escándalo. Fueron de CCOO, UGT y ELA. «Ni ESK ni LAB hemos estado a favor de los expedientes de prejubilación, porque, así lo hemos manifestado, se producían, pero no iban acompañados ni de inversiones ni de futuro para la compañía. Así, por desgracia, ha ocurrido. Lo dijimos y el tiempo nos ha dado la razón», precisan.

Roberto Barañano y Alejandro Oribe recuerdan la etapa de los austríacos como «una de las peores». Porque «han desfilado muchos representantes que sólo han sabido cobrar cheques muy cuantiosos, sin hacer nada por el futuro de la empresa». En este sentido, ESK y LAB ponen el acento en los últimos años sobre Iñaki Avellanal y Teresa Palomera. «Son los actuales gestores que tienen sueldos astronómicos y mientras ellos han cobrado estando al cargo de una empresa solvente y con grandes beneficios, no han tenido escrúpulos en repartir bajo cuerda dinero a una `guardia pretoriana' para que remaran a su favor y evitaran las movilizaciones en los dos años. Pero, en los últimos tres años, se han registrado unos 60 millones de pérdidas. La única explicación son sus sueldos y ese reparto de dinero extra», explican. El sueldo de ambos gestores es «de la `liga de las estrellas'». De hecho, Avellanal cobraba 178.850 euros al año y Teresa Palomera, 218.270 euros. Se da la circunstancia «que Avellanal está en el expediente de rescisión de empleo. Ha preferido seguir, porque sabe que después cobrará una indemnización de 45 días por año y sin límite de años. Es lamentable», afirman los representantes de ESK y LAB en el comité.

Tercera etapa: Disolución y negocios

La de la disolución de Babcock está ya en las agendas. «El Gobierno español, el vasco y SEPI dicen que cumplirán los compromisos adoptados con ATB. No sabemos cuáles son realmente las garantías, lo que sí sabemos es que unos y otros prolongaron la situación porque el 31 de mayo terminan los acuerdos sobre las garantías. ATB trató de llegar a ese escenario por todos los medios, lo mismo que SEPI, que también pretenden desprenderse de sus responsabilidades».

La preocupación de LAB y de ESK se encuentra en que hay un grupo de trabajadores, unos 40 de forma directa, que se quedan fuera de las prejubilaciones y de las recolocaciones, en «las que SEPI no está tomando una actuación diligente, porque ha elegido a una empresa para que recoloque a 70 personas en tres meses y es casi imposible». Ese grupo tiene difícil cobrar las indemnizaciones, porque SEPI dice que las pagará cuando cobre «los 130 millones que ha pedido a ATB por incumplir el contrato. Sabe que está en quiebra y no lo cobrará».

Oribe y Barañano aseguran que los trabajadores de Babcock deben tener preferencia, porque «está claro que el negocio de válvulas y equipamientos industriales tiene futuro». El segundo es puntero en la UE, puesto que cuenta con maquinaria moderna «para llevar adelante trabajos de calderería pesada, entre los tres principales de la UE», concluyen.