La reciente muerte del ex preso de Elgoibar Mikel Ibañez constata, a juicio del movimiento pro-amnistía, la grave situación que viven una quincena de ciudadanos y ciudadanas vascas aquejadas de incurables enfermedades y que permanecen en prisión o en régimen de prisión atenuada bajo severas medidas de seguimiento y control.

Javier Hernando, médico que ha asistido a Ibañez durante los últimos años así como a otros presos políticos vascos, compareció ayer públicamente para reiterar la demanda de la puesta en libertad de todas estas personas. «Libertad en mayúsculas y sin condicionamientos» exigió de manera rotunda, aseverando, además, que ésta es «la única forma de hacer frente, con cierta dignidad, a las graves enfermedades que padecen» estas personas.

El facultativo -que compareció arropado por decenas de familiares de presos, ex presos, así como dirigentes de LAB o del movimiento pro-amnistía- consideró que esta muerte certifica que la aplicación del artículo 92 del Código Penal, que prevé la excarcelación de presos con enfermedades graves e incurables, no es «una medida de benevolencia o un privilegio». Y sentenció que «de lo que estamos hablando es de un tema muy grave, como certifica la muerte de Ibañez».

Tras dar cuenta del periplo padecido por Ibañez hasta que el pasado enero consiguiera la libertad condicional, dado que las negativas a su excarcelación fueron constantes, el movimiento pro-amnistía puso el acento en que «tras las sombras de esta muerte están la represión y, muy especialmente, la prisión».

En la nutrida comparecencia, que estaba presidida por una fotografía del represaliado político de Elgoibar, el movimiento pro-amnistía destacó que en los últimos tres años, desde que se le diagnosticara el cáncer, se había alertado «decenas de veces» sobre su grave situación y que se había reivindicado, tanto en apariciones públicas como en distintas movilizaciones, «que la única vía para preservar su salud era la de su libertad y el respeto a sus derechos».

Tras denunciar que «como es habitual en estos casos, la cerrazón de responsables penitenciarios y jueces ha sido determinante», y lamentarse de que por Ibañez nada se pueda hacer ya, recordaron que tanto en las cárceles como en sus domicilios sigue habiendo presos políticos enfermos.

La reciente muerte del represliado de Elgoibar y la situación de todos estos presos enfermos constituye, a los ojos del movimiento antirrepresivo, «la cara más cruel» de la política penitenciaria. Una política que, según sostuvieron, no va acorde con la actual situación política, a la que también quisieron hacer referencia.

Creen que en la nueva fase política abierta en Euskal Herria, «se están construyendo bases sólidas para una situación de paz duradera». Denunciaron, sin embargo, que los estados mantienen medidas como la política penitenciara «para cerrar las puertas al proceso».

Destacaron, en este sentido, la necesidad de encauzar también la política penitenciaria «por el carril de la resolución», a fin de que el proceso «pueda avanzar», y apelaron a la movilización ciudadana y a la «presión» que se puede ejercer desde distinto ámbitos de cara a lograr ese objetivo.

En esta línea, tuvieron en mente el Acuerdo de Gernika, documento suscrito por decenas de agentes políticos, sindicales y sociales y que recoge los mínimos democráticos necesarios para conseguir la normalización política en Euskal Herria. Algunas de sus demandas hacen hincapié en la situación de los presos. «La dirección está marcada, nos corresponde avanzar en ese camino», sostuvieron.