Hace ya más de un año que el Ejecutivo de Lakua, a través de su Consejero de Sanidad, Rafael Bengoa, presentaba de forma «atípica» el nuevo proyecto de reorganización de la atención especializada para el Territorio Histórico de Araba. Un proyecto vacío de contenidos, lleno de sombras y con objetivos ocultos, con un claro carácter privatizador. Ingredientes todos ellos, no cabe duda, que forman parte de una receta basada en las políticas de recorte iniciadas desde hace ya tiempo por estos gobiernos neoliberales en cuanto a derechos sociales se refiere.

Precisamente, las sombras y objetivos ocultos de este proyecto provocaron la movilización, tanto de trabajadoras y trabajadores, como la de asociaciones vecinales, colectivos y movimientos sociales.

Después de un concienzudo estudio, reflexiones y análisis por parte de todos estos movimientos, trabajadores y agentes sociales, llegamos a la conclusión de que nuestra oposición al proyecto de reorganización no se basa solamente en la defensa de un hospital, es decir, en nuestra oposición a las intenciones de cierre del actual Hospital de Santiago. Nuestra oposición al proyecto se basa además, y fundamentalmente, en la defensa de la sanidad pública y en lo que este término aglutina.

Gran Bretaña, que disponía de los mejores sistemas públicos de salud de Europa, inició en 1989 con el Partido Conservador en el Gobierno, la reforma del Servicio Nacional de Salud mediante fórmulas como la competencia entre centros y profesionales, incentivos económicos al gasto y PFIs (Iniciativas de Financiación Privada). Transcurridos varios años y con opiniones contradictorias sobre sus resultados, se acabó formalmente con este experimento.

Estos experimentos, sin embargo, se han impuesto de forma unilateral en la Comunidad de Madrid, en la Comunidad Valenciana, así como en la Generalitat de Catalunya. Comunidades gobernadas por el PP y PSOE, partidos que gobiernan actualmente y en coalición en la CAV, y autores del proyecto de reorganización de la sanidad en Araba. Estos proyectos de reorganización han desmantelado la sanidad pública en estas tres comunidades autónomas, de la misma manera que la desmantelaron en Gran Bretaña.

Estos proyectos, muy lejos de ser lo que PP y PSE prometieron en sus programas electorales de cara a las elecciones autonómicas de 2009, no cuentan con el aval de la ciudadanía. Estas políticas neoliberales no respetan, ni el derecho a la participación ciudadana, ni tampoco el respeto a la voluntad y decisión popular. Consideramos que es vital e imprescindible la participación ciudadana en todas las políticas que van a incidir de manera directa en nuestro futuro a corto y largo plazo, decisiones, en definitiva, que van a tener unas consecuencias directas en nuestra vida.

Por todos estos motivos y muchos más, la Plataforma en defensa del Hospital Santiago y la Sanidad Pública, junto a otros 25 colectivos, asociaciones vecinales y movimientos sociales, unidos en un mismo manifiesto, estaremos el día 7 de mayo, sábado, en la manifestación que a las 18.00, partirá desde la Plaza Bilbao, para revindicar nuestro derecho a la participación ciudadana y el respeto a la voluntad popular.