La representante de Lokarri Aitziber Blanco, y su portavoz, Paul Ríos, presentaron ayer en Bilbo el informe del Observatorio Social del proceso de paz correspondiente a invierno de 2011. El documento, tal y como explicaron, fue elaborado antes de que el Tribunal Supremo decidiese no inscribir a Sortu o del tiroteo en el que se vieron implicados militantes de ETA y gendarmes franceses que trataban de darles el alto en el Departamento de Creuse.

En su análisis, la red ciudadana por el acuerdo y la consulta señala que, de las respuestas extraídas de los 1.104 cuestionarios rellenados por igual número de personas, se desprende que el 90% de los encuestados cree que «hay más posibilidades que hace un año para conseguir la paz y que, posiblemente, nos encontramos en un punto de no retorno».

Los motivos para la esperanza, detalló Blanco, son el rechazo de Sortu a la violencia, incluida la de ETA, el alto el fuego de la organización armada vasca y la presencia de facilitadores internacionales, con el abogado sudafricano Brian Currin a la cabeza. «El hecho de que ETA no haya cometido atentados planificados durante un año y medio y la propia declaración de alto el fuego, acompañada de la disposición a su verificación por la comunidad internacional, llevan -subrayó- a pensar que el final de la violencia puede llegar pronto, aunque también el hecho de que ETA no haya anunciado el final definitivo sigue generando dudas».

De las conclusiones extraídas del informe del Observatorio Social del proceso de paz, sobresale el papel que los participantes en la encuesta de Lokarri dan a la presencia del Grupo Internacional de Contacto (GIC), «como una forma de garantizar la veracidad del alto el fuego y que el proceso hacia la paz tenga eco en Europa».

En el capítulo de recomendaciones, se estima de «gran importancia» la labor de los facilitadores del GIC «para garantizar la irreversibilidad» del alto el fuego de la organización armada. Los motivos esgrimidos son, por un lado, que, «por su extensa y contrastada experiencia en labores similares o relacionadas» de estas personas, pueden contribuir a afianzar el proceso hacia la paz. Asimismo, Lokarri entiende transcendente que «la propia ETA haya expresado su voluntad de que sea la comunidad internacional quien lleve a cabo la labor de verificación, tarea que el GIC ha asumido».

Pero este organismo va más allá, al recomendar tanto a los partidos políticos como a los medios de comunicación que «no descalifiquen ni obstaculicen la labor que estas personas puedan desempeñar en la consecución de la paz en nuestra sociedad».

A este respecto, Paul Ríos emplazó a las empresas de comunicación que apuesten por la «transparencia» para que la sociedad vasca «tenga información de lo que está ocurriendo», evitando así que «no suceda igual que en 2006, cuando la sociedad vasca prácticamente no tuvo información contrastada de cómo estaba funcionando el diálogo en Loiola o cómo estaban las conversaciones entre ETA y el Gobierno».

La red ciudadana por el acuerdo y la consulta también solicitó al Ejecutivo español que «facilite y colabore» en las tareas de verificación «con todos su recursos de forma discreta o pública» y que inicie «las vías de comunicación que considere oportunas».

Ríos argumentó que si el Gobierno español decidiera no obstaculizar la labor de los verificadores, «ellos tendrían más facilidad para poder desarrollar su trabajo y, gracias a ese trabajo, se puede ir generando la confianza necesaria para que, en futuro, el Gobierno sí pueda colaborar en estas tareas de verificación».