Elecciones municipales y forales
Las juntas electorales tienen la firma contra la violencia de cada candidato de Bildu
Las juntas electorales tienen en su poder los compromisos firmando por cada uno de los candidatos de Bildu con el decálogo de conducta elaborado por la coalición y que incluye la «oposición al uso de la violencia para lograr fines políticos». Pese a todo, el Gobierno español mantiene su persecución contra estas listas y el Consejo de Ministros autorizó ayer a la Abogacía del Estado a impugnar las candidaturas si considerara que sustituyen a partidos ilegalizados.
Iñaki IRIONDO | GASTEIZ
Se conocía que Bildu había exigido a cada uno de sus candidatos y candidatas que firmara personalmente el decálogo redactado por la coalición para poder formar parte de las listas. Lo que no había trascendido es que esos documentos han sido remitidos a las juntas electorales acompañando a la documentación requerida en cada caso.
Según ha sabido este diario, cuando los representantes legales de Bildu entregaron en las juntas electorales de zona el formulario por el que cada candidato acepta formar parte de las planchas, adjuntaron también una copia del decálogo firmada por cada uno de ellos.
Por lo tanto, dado que la Junta Electoral Central instruyó a las juntas provinciales y de zona para que pusieran a disposición de la Fiscalía todos los datos y documentación sobre Bildu con la que contaran, cabe pensar que le habrá hecho llegar también este extremo, que puede resultar sustancial a la hora de que los tribunales analicen una eventual impugnación de las candidaturas.
Oposición activa
Cuando lo que se está investigando, según el Gobierno español, es que Bildu sea una continuidad de partidos ilegalizados por su relación con ETA, cabe destacar el punto número nueve del decálogo, en el que cada candidato ha dejado constancia firmada de su «firme compromiso de actuar utilizando única y exclusivamente vías y métodos políticos, pacíficos y democráticos».
Se trata además de un compromiso activo, puesto que según figura en el decálogo remitido a las juntas electorales, «lleva aparejado la oposición, por todos los medios que legítimamente tenga a su alcance, a cualquier acto o actividad que suponga agresión o violación de cualquier derecho humano y al uso de la violencia para lograr objetivos políticos».
Por otra parte, los responsables de Bildu han insistido hasta la saciedad que las personas que concurren en sus candidaturas están en disposición de todos sus derechos civiles y políticos y que no incurren en ninguna ilegalidad ni supuesto de inelegibilidad.
Las diversas policías del Estado se encuentran revisando las listas «con lupa» a la búsqueda de candidatos que en anteriores comicios hayan podido estar relacionados con partidos o agrupaciones ilegalizadas, bien por haber participado en sus listas o por haber actuado como interventores o apoderados.
Autorización para impugnar
El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Francisco Caamaño, autorizó ayer a la Abogacía del Estado «a recurrir las candidaturas de Bildu en la medida que estime que eso debe hacerse» en función de los informes policiales que obtenga, según explicó Alfredo Pérez Rubalcaba.
Técnicamente, se ha autorizado a los servicios jurídicos del Estado a instar cuantas acciones procesales sean oportunas para garantizar la eficacia de la sentencia del Tribunal Supremo de 27 de marzo de 2003 (que declaraba la ilegalidad de los partidos políticos Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y de Batasuna), «asegurando en especial que no concurran a las elecciones los partidos políticos, federaciones o coaliciones de partidos políticos y agrupaciones de electores, que constituyan continuación o sucesión de los partidos ilegalizados por la mencionada sentencia».
Y también a «promover las acciones judiciales dirigidas a impedir o anular la proclamación de aquellas candidaturas».
Es decir, se abre la veda tanto para actuar contra Bildu en su generalidad, como contra algunas de sus candidaturas.
Dada la reiterada exigencia del PP y otras asociaciones afines de que el Gobierno impida la presencia de Bildu en los comicios, el vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba afirmó que «son los jueces los que en democracia dicen si una lista va o no va».
A esto añadió que, «cuando uno escucha a gente que tiene la carrera de Derecho, incluso oposiciones muy importantes como la de abogado del Estado, decir que el Gobierno tiene que ilegalizar listas le entran algunos pensamientos difíciles de sujetar». En su opinión, «o regalan los títulos en la Facultad de Derecho, cosa que me niego a reconocer, o quien lo está haciendo está sencillamente tratando de responsabilizar al Gobierno de algo que no es de su responsabilidad».
Bildu pide el mismo trato
Tras conocer la decisión del Consejo de Ministros, Bildu hizo pública una nota en la que la califica de «impresentable, gravísima e injustificable». Denuncia la persecución de la que está siendo objeto y exige «el mismo trato político, judicial, mediático y democrático que el que se dispensa al resto de formaciones políticas que concurren a estas elecciones forales y municipales en Euskal Herria».
Bildu añade que va «a seguir denunciando el atropello que supone la ley de partidos que vulnera derechos elementales democráticos como el de la participación, y establece criterios tan arbitrales para poder impugnar las listas electorales, como por ejemplo, el haber ejercido como interventor en alguna contienda electoral en alguna de las opciones de la llamada izquierda abertzale».
A su entender, «esta premisa, refleja la persecución ideológica que lleva a cabo PSOE y PP». Pero, al mismo tiempo, «hace vulnerable de la aplicación de la ley a la mayoría de las opciones electorales que se presentan en Euskal Herria, puesto que prácticamente en todas, incluido el PSOE, pueden estar participando personas que en el pasado militaron o colaboraron con opciones de la izquierda abertzale». Y pregunta si «se va a proceder a impugnar listas de PSN, PSE, PNV, IU, EB, Aralar... por esta absurda y ridícula razón».
ELA denuncia las ilegalizaciones de partidos, la impugnación de coaliciones y el veto a que decenas de miles de personas puedan participar en las próximas elecciones municipales y forales.
En el documento hecho público con motivo del próximo Aberri Eguna, el principal sindicato critica que «miles de vascos y vascas que formalmente no están privadas del derecho al sufragio pasivo, lo estén de facto al no poder presentarse y ser elegidos en los procesos electorales por el hecho de haberse presentado anteriormente por siglas y listas ilegalizadas. Se trata de una ilegalidad sin parangón en ningún país democrático». También se muestra contrario a la «injusta sentencia del Tribunal Supremo impidiendo la legalización de Sortu» y «las amenazas del Gobierno español» contra otras listas. GARA
El coordinador general de Aralar y cabeza de lista de Nafarroa Bai 2011 al Parlamento navarro, Patxi Zabaleta, defendió ayer el derecho de Sortu y de Bildu a participar en las elecciones. «Puesto esto como principio», añadió que «están consiguiendo hacer una campaña electoral gracias a Rubalcaba, que ahora les va a poner en la notoriedad al sucumbir ante las presiones del PP». Zabaleta aseguró que «aquí el cuarto poder, el mediático, el del búnquer y los tanques de la derecha, es el que dicta lo que debe hacer el Ministerio de Interior».
En una entrevista ofrecida a Radio Euskadi, el candidato de Nafarroa Bai 2011 apuntó que, en este contexto, Bildu «sin duda alguna, tiene grandes posibilidades electorales». Y concluyó señalando que «es posible y deseable que sea legal y fuerte». GARA
La «limpieza ideológica» aplicada durante los últimos años por el Gobierno y los tribunales españoles, ilegalizando partidos y candidaturas, ha hecho que la izquierda abertzale que gobernaba en el Ayuntamiento de Aduna no haya podido encontrar para conformar una lista electoral candidatos que con anterioridad no hubiera participado ya en elecciones o hubieran sido interventores o apoderados. De esta forma, sólo el PP concurre a las elecciones en esta población guipuzcoana. Y lo hace con una plancha, encabezada por Vicente García Montoya y formada por gentes de fuera de Euskal Herria.
Sin embargo, el PP no tiene vía libre para hacerse con la Alcaldía de Aduna. Primero tendrá que enfrentarse al voto en blanco. Para poder obtener representación, el PP debería sumar al menos el 5% de los votos emitidos. El censo en Aduna supera ligeramente las 300 personas. En las pasadas elecciones municipales y a JJGG logró 1 voto, probablemente el del interventor que acudió a la mesa. En los comicios a Cortes españolas, 0, y en las autonómicas, 2. En ese caso, con 41 votos en blanco ya no obtendría ninguna representación y la Diputación tendría que nombrar una gestora. I.I.
Más de la mitad de los candidatos que conforman las listas municipales del PP en Hego Euskal Herria son personas de fuera de la provincia de la localidad por la que se presentan, los conocidos como «paracaidistas».
Especialmente significativo resulta el caso de Gipuzkoa, donde el PP ha logrado presentarse en todos los pueblos, pero con apenas 119 guipuzcoanos, mientras que los otros 796 candidatos son de fuera. En Bizkaia ha presentado a unos 500 vizcainos, mientras que unos 730 son foráneos. El PP asegura que los 440 miembros de las candidaturas de Araba son del propio territorio, pero un análisis de las listas pueblo a pueblo demuestra que se ha echado mano de gentes de unas zonas, especialmente la capital, para presentarlos en otras.
En el caso de Nafarroa, el presidente del PPN y cabeza de lista al Parlamento, Santiago Cervera, afirmó el pasado día 15 ante la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, que se presentarían en más de cincuenta municipios. Un mes antes, el 13 de marzo, hablaban de sesenta. Sin embargo, una revisión de los listados hechos públicos ayer por el Boletín Oficial de Navarra muestra que finalmente sólo ha conseguido presentarse con sus siglas en 37 localidades.
El PSE, que en otras ocasiones también ha recurrido a personas de fuera del territorio para rellenar sus listas, asegura que en esta ocasión han podido completarlas todas con candidatos locales, salvo algún caso excepcional y «simbólico».
Aunque no es normal que el PNV tenga problemas para confeccionar listas y menos en Bizkaia y Gipuzkoa, en esta ocasión ha trascendido que la junta municipal de Antzuola había renunciado a presentar candidatura en la localidad por la falta de personas. Finalmente el GBB ha optado por presentar como cabeza de lista a la ex alcaldesa de Zumaia y parlamentaria, María Eugenia Arrizabalaga, acompañada de otros afiliados residentes en Bergara. Ante esta situación, la junta municipal ha dimitido y el GBB explica que no podía dejar de presentar sus siglas en un municipio gobernado por la izquierda abertzale y donde cuenta con tres concejalías.
En Tafalla, la agrupación local de NaBai también había renunciado a presentarse, pero finalmente la dirección de la coalición ha acabado registrando una candidatura. GARA
