A la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional española le ha bastado una semana para revocar su propia decisión de excarcelar a Antton Troitiño tras haber pasado 24 años en prisión, lo que ocurrió el día 13, coincidiendo con la puesta en libertad de Jose Mari Sagardui, Gatza.

Pese a que se había fijado la fecha del próximo lunes para que el Pleno de la Sala de lo Penal tomara una decisión al respecto, los tres magistrados que componen la Sección Tercera -Alfonso Guevara, María Ángeles Barreiro y Guillermo Ruiz Polanco- se reunieron el martes de urgencia y, de madrugada, se filtró a los medios de comunicación la resolución en la que dieron marcha atrás y decretaron la busca y captura del vecino de Intxaurrondo (Donostia).

A primera hora de la tarde de ayer, medios de comunicación españoles, que citaban fuentes del tribunal especial, difundían que Troitiño había sido «localizado en Francia» por las Fuerzas de Seguridad españolas. Algunas agencias incluso daban por sentado que se hallaba «en el despacho de su abogado», sin concretar a qué letrado aludían.

Aunque en esos despachos no se citaba ninguna localidad, GARA pudo constatar que muchos medios españoles enviaron a sus reporteros gráficos a Hendaia, donde residen familiares del ex preso político.

En esos momentos se daba por sentado que en la Audiencia Nacional se estaba preparando ya la euroorden correspondiente para que fuera detenido por la Policía francesa y entregado a las autoridades españolas.

Estas versiones fueron decayendo con el paso de las horas, y ya entrada la noche los mismos medios, citando las mismas fuentes, afirmaban que Troitiño se encontraba «en paradero desconocido» y que las FSE no tenían «ninguna constancia» de que se hallara en Hendaia.

Cambio de opinión a posteriori

La excarcelación de Antton Troitiño, condenado a cientos de años de cárcel, provocó desde el primer momento una cascada de críticas por parte de los dirigentes del PP y las asociaciones de víctimas de ETA ligadas a este partido. Un aluvión incesante que también ha colocado en su diana a los magistrados de la Sección Tercera. Y, como ya es habitual, en medio de esta polémica ha surgido un nuevo elemento judicial para «retorcer» la legislación y cambiar la interpretación de las normas.

La Sección Tercera asumió en principio que, como solicitó su defensa, Troitiño debía ser puesto en libertad en base al máximo de cumplimiento de 30 años, al que se debía restar 6 años teniendo en cuenta la doctrina del «doble cómputo» de la prisión preventiva.

Para justificar la revocación de esa decisión, la Sección Tercera apela ahora a una sentencia dictada por el Tribunal Supremo con posterioridad a la puesta en libertad del vecino de Intxaurrondo. En un caso relativo a otros dos presos políticos vascos, el alto tribunal acordó que la prisión provisional debe restarse de cada una de las penas que tenga acumuladas el preso a medida que las vaya cumpliendo. Siguiendo ese nuevo criterio, Troitiño debería pasar 30 años en la cárcel.

«Ejemplo de venganza»

Tras conocerse la orden de busca y captura, la izquierda abertzale indicó que «el caso de Antton Troitiño es un ejemplo más de la política de venganza que ejerce el Estado español». Y pidió a Madrid y París que «abandonen la criminal política penitenciaria que desarrollan».

El movimiento pro amnistía afirmó que se trata de «un ejemplo más del estado de excepción impuesto en Euskal Herria por el Estado español».

Por su parte, el coordinador de Aralar, Patxi Zabaleta, durante una entrevista en Euskadi Irratia, dijo que Troitiño debería «entregarse, precisamente para que esta inconsistencia jurisdiccional de la AN se pusiera más de manifiesto pero (...) también para dar base y credibilidad al cese de la lucha armada».