En política sufrimos una represión total: la ilegalización, un férreo apartheid que condena a la clandestinidad a millares de ciudadanos. En la política corriente, por ejemplo, en las relaciones con el Ayuntamiento, también nos tropezamos con toda suerte de obstáculos. En Bilbao la participación ciudadana está de moda, más aún en víspera de las Elecciones Municipales. El Consistorio le dedica jornadas y orquesta campañas, como ésa de «Imagina Otxarkoaga», mientras asiste indiferente al atropello de procesos modélicos de participación, como el de Irala reclamando la Dorretxea para centro cultural

La concejala del área de participación, declaraba: «Todos, asociaciones, ciudadanos y Consistorio deben trabajar al unísono». Entusiasmado el corresponsal, tituló así el reportaje: «Vecinos, el 5º Poder». ¿Surrealista, no? Nos consta que Bilbao puntúa muy por detrás de otras capitales del Estado en cuanto a participación ciudadana. Azkuna tan condecorado, no se merece ni un «iturri» en este aspecto.

Nos esperan dos acontecimientos importantes: las Elecciones Municipales y la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Bilbao (PGOU). Frente a ellos caben dos respuestas: 1. La participación ciudadana termina con la papeleta en las urnas, delegando en el Consistorio la gestión. 2. Aparte de elegir a los representantes políticos, la ciudadanía puede y debe controlar a la Corporación, planteando sus reivindicaciones por todos los medios.

Nuestra postura, lógicamente, es la segunda. No podemos dejar a los ediles a su albur. Las propias instituciones entienden que deben contar con la ciudadanía y después de la dictadura se han dotado de órganos que supuestamente encaucen la participación ciudadana. Por destacar dos, están los Consejos de Distrito, ocho en Bilbao y el Consejo Asesor de Planeamiento Urbanístico. ¿Sirven para algo? ¿Funcionan?

Hace un año el TSJPV sentenció a favor de los vecinos de El Canal contra unas actuaciones del Consistorio, en relación a la operación urbanística del entorno de Zorrozaurre y El Canal. La razón fue que el Consistorio descuidó el obligado informe del Consejo Asesor. Por una vez vemos al poder judicial ponerse del lado del ciudadano. Pero, sólo ha sido una excepción que confirma la regla. La regla es que estos órganos para la participación son meros tentáculos del Consistorio.

Básicamente están constituidos por los ediles electos en proporción a sus votos. El resto de participantes son nombrados directamente por la Junta Municipal o por asociaciones no políticas, designadas también por la Junta. Sobre todo, los Consejos de Distrito son una réplica del Consistorio, un clono. Las convocatorias, el orden del día, las actas son hilos manejados por los políticos. Sirven para aprobar lo aprobado y echar balones fuera. Los trece vocales políticos tienen voz y voto, el resto sólo voz. ¿En estas condiciones, podemos apostar por los Consejos de Distrito? A mi modo de ver, antes que nada habríamos de exigir su democratización de fondo y forma.

En cuanto al Consejo Asesor de Planeamiento Urbano, bien haría éste en considerar, entre otros, el documento de la Federación de AA.VV. cara a la revisión del Plan General de Ordenación Urbanística, «Bilbao, la Ciudad que queremos», donde se declara el final del ciclo del desarrollo urbanístico de Bilbao como escaparate turístico y el cambio al nuevo ciclo de desarrollo armonioso de los barrios de la periferia, cubriendo las deficiencias de servicios y humanizando las residencias masivas.

El modelo de desarrollo urbanístico de Abando-Ibarra ha elevado el caché de Bilbao, pero ¿a cambio de qué? ¿Los cientos de viviendas de superlujo, resuelven algún problema de vivienda? Las áreas de actuación urbanística pendientes, como Zorro- zaurre-El Canal, Basurto, Irala-Rekalde, etc. deberán atender otros parámetros, más sociales y menos especulativos. Lo malo es que se ha hipotecado todo el suelo, o casi todo.

Ello es tan grave y peligroso, Sr. Azkuna, como la hipoteca financiera. Habría que reconsiderar los usos del suelo postindustrial tan alegre y alevosamente recalificado para vivienda. Como decíamos al principio, hay un hecho aún más traumático y fundamental a denunciar en vísperas de las elecciones.

¿Cómo se puede negar a una importante franja de ciudadanos el derecho a representar y participar en ellas, alegando argumentos rechazados ya por el propio Constitucional? Confiamos que el 22 mayo una amplia representación de Bildu lleve aire respirable más social y democrático a los consistorios ilegítimamente mutilados.