Cuando aún resuenan los ecos de la decisión adoptada en 2010 por el Parlamento catalán de prohibir las corridas de toros en Catalunya a partir del 1 de enero de 2012, el visto bueno a la iniciativa del Observatorio Nacional de las Culturas Taurinas (ONCT), otorgado por una comisión creada en el seno del Ministerio francés de Cultura, supone un reconocimiento institucional hasta ahora insólito.

En el caso de Ipar Euskal Herria, las corridas de toros atraen a un número importante de espectadores, especialmente los espectáculos que tienen lugar en el coso de Baiona. Los primeros vestigios de la tauromaquia en la capital labortana hay que buscarlos a mediados del siglo XIX sobre la base de las tradiciones antiguas asentadas en Hego Euskal Herria.

Esta inscripción, tal y como destacaron los impulsores de la campaña, corrobora «en términos científicos y culturales» la legislación francesa que, desde hace tiempo, legaliza las corridas allí donde existe una tradición local ininterrumpida y consagra la «excepción cultural» que conduce a la ley a descartar su prohibición en esas zonas, como en los territorios vascos del norte.

El expediente presentado por el ONCT destacaba que las corridas «reflejan la sensibilidad específica de cada uno de los pueblos y comunidades que la comparten, que pertenecen a las artes del espectáculo y que constituyen el núcleo de numerosas fiestas locales».

El Observatorio señalaba también que, «en su organización y desarrollo, la fiesta está basada en el respeto que los ganaderos, toreros y aficionados sienten por el toro durante su lidia y su cría», y consideraba que la conservación de la riqueza ecológica de los espacios en los que habitan «está condicionada por la supervivencia de la corrida».

Las corridas se introdujeron en el Estado francés a partir del siglo XIX y permanecen vigentes en cuatro regiones del sur: Aquitania, Midi-Pirineos, Languedoc-Rosselló y en Provenza- Alpes-Costa Azul, donde cada año se celebran festejos en 47 ciudades. Esas regiones se benefician de una derogación legislativa al artículo del Código Penal que castiga todo acto de crueldad contra un animal, domesticado o en cautividad, que exceptúa las corridas cuando «una tradición local ininterrumpida puede demostrarse».