El año pasado terminaba un artículo sobre las cajas diciendo que hacía tiempo que nos habían quitado las cajas de hecho y ahora nos las iban a quitar de derecho. Ha pasado un año y los cambios que entonces puso encima de la mesa el Gobierno español han demostrado que no eran suficientes para mover a las direcciones de las cajas. Los políticos que las gobiernan tienen mucha experiencia en maniobrar para no perder poder y eso es lo que han estado haciendo el último año: cambiar para que nada cambie, y mucho menos, antes de unas elecciones locales.

Vistos los resultados conseguidos y las urgencias que imponen desde el exterior, pero sobre todo, desde el interior, fueron los grandes bancos los que lanzaron el pintoresco argumento de que les costaba mucho obtener fondos por culpa de la situación de las cajas. En febrero de este año, el Gobierno dio por finalizada la, digamos, vía blanda para la privatización de las cajas y optó por la vía dura, que básicamente supone exigir a las cajas un porcentaje de capital mayor que a la banca privada y empujarlas así a buscar inversores capitalistas.

El Gobierno les obliga a tener un porcentaje de capital propio mayor que hasta ahora en relación con el total de activos, es decir, aumenta la proporción de capital sobre el total de inversiones y créditos. La excusa para esta discriminación entre bancos privados y cajas es que estas últimas no tienen accionistas. Podía ser otra cualquiera, el poder cambia las reglas a su gusto. Lo importante, sin embargo, es lo que busca con ella: obligar a las cajas a transformarse en entidades privadas mediante la venta de parte de sus acciones. En caso de que no quisieran hacerlo así, se verían obligadas a vender parte de sus activos y a reducir su tamaño.

Para llevar a cabo ese proceso ha impuesto unos plazos muy cortos: quince días para presentar el plan y un año como máximo para conseguir el capital. Estas prisas tienen consecuencias económicas importantes. Si se obliga a muchas personas o empresas a vender algo en un corto espacio de tiempo, el precio de lo que se pone en venta bajará irremediablemente porque habrá mucho donde elegir y los posibles compradores prefieren adquirir aquello que sea mejor y más barato. Una vez se fije el precio, el resto de vendedores con peor mercancía tendrán que ofrecer rebajas, si quieren colocar su producto.

La primera en vender sus activos fue La Caixa, que apartó el negocio inmobiliario y vendió el resto con una rebaja del 20% sobre su valor según los libros de contabilidad. La venta de La Caixa determinó el precio del producto bueno. A partir de ahí, el resto de cajas, que por su pequeño tamaño no tienen posibilidades de separar el negocio inmobiliario y el negocio bancario, están obligadas a ofrecer rebajas aún mayores.

Los descuentos que se han barajado eran tan grandes que solamente cuatro grupos -Bankia, Banca Cívica, Mare Nostrum y Cajastur- han mantenido su intención de buscar inversores privados y salir a bolsa. El resto de las cajas ha optado por acudir al FROB para conseguir el capital, con lo que el problema de la valoración de esas cajas ha pasado del mercado al Gobierno. Y el Gobierno no tiene muy claro cómo lidiar con el embolado y ha alargado los plazos seis meses.

Si ahora el Ejecutivo hace una valoración baja de los activos, similar a la que hace el sacrosanto mercado, se quedará con la mayoría del capital de todas esas cajas. El problema en ese caso será que los inversores extranjeros, según se comenta, no quieren saber nada de políticos en las cajas. Estarían dispuestos a invertir siempre y cuando no haya políticos de por medio.

La otra opción que está tomando cuerpo es la de hacer una valoración alta de los activos de manera que la parte del FROB en las cajas, es decir, la parte que controlarán los políticos, sea muy minoritaria. Y así, cuando llegue la hora de vender parte de las cajas en el mercado, los inversores privados no tengan ningún miedo porque la presencia de políticos será testimonial. El peligro de esta opción es que cuando se llegue a una valoración real de lo que realmente tienen las cajas, resultará que el FROB, es decir, el Estado y por lo tanto todos los contribuyentes, habrán comprado, pagando un dineral, terrenos y viviendas que no valen nada, con lo que finalmente conseguirán socializar las pérdidas de la burbuja inmobiliaria que a día de hoy continúan escondidas en los balances de las cajas de ahorros. Y también de los bancos.

Mientras tanto, las cajas continúan con sus encajes de bolillos para cumplir los requisitos de capital y no dan crédito. Y sin crédito no hay movimiento en la economía y tampoco se crea empleo. Después de más de dos años, llama poderosamente la atención que no se haya avanzado nada en ninguna dirección. El decreto de febrero parecía poner un punto y aparte en la falta de avances y sin embargo no han pasado ni dos meses y se ha llegado a un nuevo parón. Todas estas vueltas que ha dado el Gobierno con el tema de la cajas no obedecen a una lógica económica, pues cualquier economista sabe que una privatización masiva en un corto espacio de tiempo hunde los precios de aquello que se quiere privatizar. Es más, cuando se privatizaron las grandes empresas estatales como Repsol y Telefónica lo hicieron por partes y con mucho cuidado.

El diseño parece que corresponde más bien a los intereses de los grandes bancos, el Santander y el BBVA, que son los que han intentado focalizar el problema de la burbuja inmobiliaria en las cajas para quitárselas de en medio y repartirse así la otra mitad del mercado financiero controlado por éstas. Si bien es cierto que las cajas tienen en proporción a su tamaño mayor exposición a los créditos inmobiliarios, los que realmente tienen mucho, mucho dinero metido en el ladrillo son esos dos grandes bancos, aunque en proporción a su tamaño no parece tanto.

Esos dos bancos han impulsado la salida a bolsa de las cajas, pero entonces se han dado cuenta de que la pequeña valoración que hace el mercado del negocio inmobiliario también les afecta a ellos indirectamente. Una vez puesto el precio por el mercado, éste afecta a todo el mundo, y esa parte de su negocio también sufrirá una fuerte valoración a la baja. En esa tesitura han permitido alargar los plazos y han puesto sobre la mesa el argumento de que el capital privado no quiere políticos para que la valoración que haga el FROB sea lo más alta posible y así continuar manteniendo la mentira que cuentan los libros de contabilidad.

Mucho mejor para la economía hubiera sido que el Gobierno hubiera creado un «banco malo» al principio del proceso y que este banco hubiera comprado todas esas inversiones dudosas aplicándoles un descuento importante para en los años siguientes ir vendiéndolas poco a poco y recuperar el dinero invertido. Eso hubiera permitido apuntar las pérdidas de la burbuja en las cuentas de resultados desde el primer momento y así los bancos y cajas saneadas podrían haber aportado crédito a la economía. En vez de eso, han preferido la mentira. Pero el tiempo se acaba, la economía no arranca, el paro no baja y los tipos de interés han empezado a subir, así que cada vez será más difícil encontrar comprador y deshacerse de todo el dinero que tienen metido en el ladrillo tanto para las cajas como para los grandes bancos y llegará la hora de escribir números rojos en sus cuentas de resultados y empequeñecer sus balances.

Las cajas vascas

En esta tesitura, tres de las cuatro cajas vascas, BBK-Cajasol, Kutxa y Vital, han superado los nuevos requisitos de capital impuestos por el Gobierno español. La cuarta, Caja Navarra, está integrada en el grupo Banca Cívica. Esta alianza necesita alrededor de 500 millones de capital y al parecer mantienen su apuesta por salir a bolsa. Está por ver el descuento que aplicará los inversores privados.

Las otras tres han comunicado su intención de fusionarse creando un banco conjunto y es muy probable que hasta que pasen las elecciones municipales y forales no se vuelva a hablar del tema. Mientras tanto, continuarán negociando en la sombra lo que les importa realmente de todo el asunto: el reparto de poder en el nuevo banco. Y a partir de ahí, plantearán nuevos horizontes para su expansión, teniendo en cuenta que todo el sector está en venta y que querrán afianzarse en el ranking de nuevos bancos por detrás de CaixaBank (La Caixa) y Bankia (Caja Madrid).

Lo que no se entiende muy bien es todo este afán por aumentar de tamaño a toda costa. Tres de las cajas vascas cumplen los requisitos impuestos por el Gobierno, pero eso no quiere decir que no tengan problemas: también tienen créditos e inversiones dudosas y el crédito sigue sin fluir y así seguirá mientras continúen enfrascados en sus planes expansionistas. Además, el negocio financiero va a continuar menguando después de la fiesta inmobiliaria y financiera de los últimos años y eso provocará recortes a no muy largo plazo, tanto en el número de oficinas como en el de trabajadores.

La BBK ya mostró interés por la CAM, que tras el fracaso de su unión con Cajastur ha quedado en manos del Estado. Es posible que vuelva a querer quedarse con ella, esta vez acompañada de Kutxa y Vital, lo que llevará a un nuevo esfuerzo que no traerá ningún beneficio a la normalización de la circulación del dinero y del crédito en nuestro entorno. Además, tener la mayor parte del negocio en la Comunidad Autónoma Vasca y, después, otra parte en Córdoba y otra en el Alicante, no aporta gran cosa, aparte de tamaño, aunque puede que colme los sueños de grandeza de algunos de sus dirigentes que al parecer prefieren ser cola de león que cabeza de ratón.

Desde el punto de vista de construir país, o si se quiere ser cabeza de ratón, tal vez sería más coherente que se interesaran por Banca Cívica, a fin de cuentas, dentro de ésta está Caja Navarra, y así se podría crear una entidad que tendría peso en los cuatro herrialdes. Porque si alguna lección se ha sacado de toda esta crisis es que las cajas que se han dedicado a dar servicio a la comunidad en la que se asientan, como puede ser el caso de la caja más pequeña del Estado, Colonya Caixa de Pollença (con sólo 20 sucursales en las Islas Baleares), no han tenido ni tienen problemas de morosidad, ni de créditos dudosos, ni de capital, y son capaces de ofrecer crédito, cosa que por mucho que alardeen las cajas vascas no están en condiciones de proporcionar a día de hoy.