Este príncipe se ocupaba de preparar a los campesinos de las riberas del Volga para el paso de la comitiva naval de la Gran Catalina, Zarina de todas las Rusias. Sus criados se adelantaban para montar decorados de cartón piedra que, desde los navíos, parecían blancos y alegres poblados, en cuyas orillas, sonrientes familias vestidas con ropajes de atrezzo aclamaban a su soberana. Fuera de la vista sus miserias, lejos del corazón.

Así parece pensar el Alcalde de Madrid, que pide incluir en el programa electoral del Partido Popular una propuesta de ley para erradicar de las calles a los mendigos y personas sin techo, «siempre y cuando haya recursos asistenciales gratuitos en los ayuntamientos». Vaya forma de esconder a los desposeídos en lugar de arreglar la sociedad que los fabrica. No es caridad ni limosna lo que precisan, sino justicia social con los recursos que el Estado obtiene con nuestros impuestos y que les sobrarían si acometiesen reformas estructurales.

En las ciudades suizas no padecen de forma tan grave estos problemas, por estas razones: buena educación a todos los ciudadanos, mejores programas y servicios sociales y una reglamentación de la inmigración, ajustada a sus necesidades reales.

El sistema de educación obligatoria y gratuita para todos los ciudadanos consigue que estos tiendan a estar más equilibrados mental y emocionalmente, mejor preparados para afrontar y manejar las experiencias negativas y más capaces para aprovechar las oportunidades que depara la vida, así como a no dejarse arrastrar por el alcoholismo, las drogodependencias y la violencia.

A nadie se le ocurre, entre sus ciudadanos y políticos, proscribir la «Educación para la ciudadanía», como en España algunos cavernícolas que tienden a confundir las diversas morales religiosas con los principios de la Ética universal. La educación para la ciudadanía forma parte medular de su concepción de la vida. Así como su preparación para el trabajo como parte de la ética tradicional.

Los suizos saben a qué se dedican sus impuestos y son conscientes de la necesidad de eficaces programas y servicios sociales que la comunidad debe prestar a las personas más desfavorecidas. Por causas de edad, de enfermedad o de errores cometidos.

Para quienes pongan en tela de juicio las cantidades necesarias, recordemos que hace más de doscientos años renunciaron a la guerra, a los ejércitos y al servicio militar que no sea para la legítima defensa, para la lucha contra desastres naturales y para la conservación de la naturaleza.

Estados Unidos dedica cada año a la «defensa» una cuantía que es casi tanto como la del resto de los países juntos, y más del 50% de su recaudación federal de impuestos. A pesar de las necesidades de millones de personas que residen en ese gran país. Hay más de 45 millones de analfabetos y de personas que no tienen acceso a la seguridad social, a pensiones de invalidez o de vejez, ni a los cuidados de dependencia.

Cuando se habla de los «gastos» del Estado de Bienestar, hay que recordar que tenemos la opción de reducir los gastos militares, el parque móvil de concejales, consejeros autonómicos y gobernantes; de acabar con dietas desorbitadas de funcionarios, congre- sistas y senadores, y de consejeros en las empresas públicas; de denunciar los 20.000 euros al mes para gastos de secretaria y de vuelos en primera clase de europarlamentarios que podrían vivir en sus destinos como los notarios, registradores de la propiedad, médicos o catedráticos.

Sin olvidar la urgencia de acabar con paraísos fiscales en los que ciudadanos y empresas españolas defraudan miles de millones a la Hacienda Pública; de denunciar los Acuerdos con el Vaticano que obligan a gastar miles de millones en sueldos de obispos, clérigos, capellanes castrenses y en privilegios inadmisibles en una sociedad democrática, libre, social y no confesional; y de transformar un sistema fiscal injusto que permite bonos, gratificaciones, acciones liberadas y otros emolumentos desorbitados que producen escándalo social.

Telefónica repartirá 450 millones de euros en stock options entre sus insaciables directivos, aparte de poner en la calle a 6.000 empleados.

Es inadmisible una economía de casino, un sistema financiero depredador y responsable de esta injusta y demoledora crisis que padecemos. Los responsables son conocidos, tienen nombres y apellidos. El rescate de bancos y de cajas mal gobernadas y con operaciones fraudulentas no puede permitirse a costa de los más elementales derechos de una sociedad justa y bien administrada.

Ya no se puede jugar a extravagantes príncipes de Potemkin en nuestras propias ciudades, en el campo y en la responsabilidad que tenemos en las guerras de intereses y en los padecimientos de pueblos que antes colonizamos y hoy seguimos explotando por otros medios. A veces sutiles, pero siempre injustos e inhumanos.

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