El Vaticano es una reliquia política encastrada en el mapa europeo del siglo XXI. Ayer el reino de los curas se volcó en la beatificación de su monarca más globalizado, Juan Pablo II, en una ceremonia que entre otros objetivos buscó resucitar una imagen política fosilizada bajo un solideo blanco. Delegaciones de 87 países asistieron al boato y pudieron contarse cinco casas reales, siete primeros ministros -entre otros el de la muy laica República francesa- y dieciséis jefes de Estado, incluido Robert Mugabe, presidente de Zimbabue y al que Bruselas tiene prohibido pisar suelo europeo por violar los derechos humanos en su país.

Pero estas acusaciones no son más que un pequeño detalle para la democracia Vaticana, porque Mugabe es un ferviente católico. Algo heterodoxo, sí, pero católico. Y no está la cosa en el mundo como para excomulgar jefes de Estado por mucho que la diplomacia europea lo pida. Todavía se recuerdan las declaraciones de Javier Solana durante las elecciones de junio de 2008, cuando el entonces mister Pesc declaró que los resultados no podían considerarse legítimos, pues se había negado al pueblo la posibilidad de elegir libremente. «La democracia no se ha respetado con la elección de hoy. El pueblo de Zimbabue ha sido privado de su derecho a votar libremente», exclamó con una solemnidad desbordante, añadiendo que ello suponía el deterioro de la situación en aquel país y que las autoridades internacionales tendrían que «sacar las conclusiones necesarias» La religión de Estado que profesa Solana le impidió entonces sacar las suyas propias en casa. Tres años después, la democracia en España sigue siendo dogma de fe.