Persecución al independentismo
El Supremo veta a Bildu por nueve votos a seis y deja las elecciones del 22-M en manos del Constitucional
La Sala del 61 del Supremo acató la decisión del Gobierno Zapatero de impugnar las listas de la coalición Bildu y de otras agrupaciones. En una sentencia dictada pasadas las 23.00, les prohibe concurrir a las urnas por nueve votos a favor y seis en contra. El recurso final ante el Constitucional se resolverá el jueves, de nuevo en puertas de la campaña.
Iñaki IRIONDO | GASTEIZ
Una hora antes de que finalizara el plazo para dictar sentencia, el Tribunal Supremo comunicó que expulsaba a Bildu de las eleciones municipales y forales del 22 de mayo. Nueve magistrados votaron por la exclusión y seis a favor de la participación. Un último juez proponía aceptar unas listas y rechazar otras.
La última decisión queda ahora en manos del Tribunal Constitucional. La coalición tiene dos días para presentar su recurso por vulneración de derechos y el Constitucional deberá tomar una decisión antes de que a las 00.00 horas del viernes comience la campaña electoral.
En contra de lo que es la opinión mayoritaria en Euskal Herria, expresada estos días incluso por boca de dirigentes del PSE, la Sala del 61 del TS volvió a dar por buena la versión de la realidad que ofrecen los informes policiales y el Gobierno español.
Pero, de nuevo, se observa una profunda división del Alto Tribunal español, que en cierta medida reproduce la que se produjo durante el debate sobre la inscripción de Sortu como partido político.
De hecho, el ponente inicial del auto sobre Bildu, el magistrado Rafael Gimeno-Bayón, se mostró partidario de la presencia electoral de Bildu. El nuevo ponente será Francisco Javier de Mendoza, y los seis magistrados que han votado en contra de la mayoría suscribirán un voto particular defendiendo que todas las listas de Bildu deberían haber pasado. El magistrado José Manuel Sieira suscribirá su propio voto señalando que algunas de las listas deberían haber pasado el filtro.
El cambio de ponente supone un nuevo inconveniente para Bildu, puesto que para recurrir el auto debe conocer sus argumentos y no los sabrá hasta que haya un escrito.
La decisión del Tribunal Supremo había sufrido ya un retraso de veinticuatro horas al decidir la Sala del 61 ampliar el plazo para la presentación de alegaciones por parte de Bildu. Lo que parecía una decisión garantista, bien puede interpretarse también como un intento del TS de evitar otro motivo de cuestionamiento ante el Tribunal Constitucional o el de Estrasburgo, un movimiento que finalmente perjudica a Bildu, por cuanto sus plazos para preparar el recurso también se han visto acortados.
Con los plazos al límite
En todo este recurso interpuesto contra la coalición Bildu, la cuestión de los plazos e incluso su movilidad han sido uno de los elementos más llamativos.
La Abogacía del Estado entregó su recurso sin esperar mucho el miércoles al mediodía. Ochenta folios en los que las concreciones de las acusaciones se dejaron para el repaso de los miles y miles de páginas de documentos policiales.
La Fiscalía del Estado, por su parte, prefirió apurar el tiempo del que disponía, para poder redactar una impugnación más pesada -por el volumen- pero no de mayor consistencia que la de la Abogacía del Estado. Primero anunció que presentaría el recurso el jueves a las doce del mediodía, después retrasó la cita a las seis y media de la tarde, y finalmente fue pasadas las ocho cuando la impugnación y la documentación que le acompañaban llegaron al Tribunal Supremo. La hora en la que la Fiscalía entregó su impugnación resultó determinante para los plazos posteriores.
La Sala del 61 se reunió al anochecer del jueves para determinar los ponentes de las impugnaciones, por un lado el de Bildu y por otro el de las agrupaciones independientes, al tiempo que ofrecía a las candidaturas recurridas hasta las doce del mediodía del viernes para presentar alegaciones.
Para cuando el Tribunal Supremo tomó su decisión empezaba a entrar la noche y los plazos resultaba, evidentemente, sumamente reducidos.
La primera comunicación, por vía digital, llego a Bildu sobre las 00,30 horas, según se recogía en sus alegaciones. Se trataba de decenas de documentos que contienen miles de páginas, y, especialmente, se incluyen informes policiales de la Policía Nacional, Guardia Civil, Ertzaintza y Policía Foral, en los cuales se realiza un pormenorizado análisis de las circunstancias personales de centenares y centenares de candidatos.
En opinión de la defensa de BIldu, era «imposible materialmente poder contrastar los datos subjetivos que se contienen en todos esos informes con las personas afectadas, valorar si los datos son reales y si tienen o no transcendencia jurídica a la luz de los criterios fijados por la doctrina de la Sala a la que nos dirigimos y por el Tribunal Constitucional».
Arduo trabajo nocturno
Las estructuras de Bildu en cada municipio comenzaron a trabajar en base al texto del recurso de la Fiscalía que había trascendido ya sobre las diez y media de la noche en algunas páginas web, entre ellas la edición digital de GARA.
A partir de ese material pudieron redactarse unas alegaciones «contrarreloj» que llegaron al Tribunal Supremo poco antes de las doce del mediodía del viernes, que era cuando se cumplía su plazo.
Bildu anduvo mucho más rápida que la maquinaria judicial, puesto que la documentación sobre el recurso llegó a la Junta Electoral de Gasteiz a las once y media de la mañana, y a la de Donostia a las doce y veinticinco, cuando ya se había cumplido el plazo de alegaciones.
El debate de la indefensión
Esta falta de tiempo para preparar las alegaciones dio lugar a un primer debate entre los miembros de la Sala del 61 del TS, que se encontraron con la posibilidad de que la cuestión de la indefensión acabara siendo un motivo para recurrir la sentencia que finalmente se dictara.
La Ley Electoral establece un plazo de dos días para impugnar y de otros dos días para decidir, pero no arbitra siquiera que las listas recurridas tengan derecho a la defensa. Probablemente porque el artículo 49 parece pensado para cuestiones más sencillas de dilucidar que una ilegalización de hecho.
Algún medio aseguró que hubo en la Sala del 61 voces que propusieron llevar la cuestión al Tribunal Constitucional, para que se acomodara de una vez la necesaria celeridad del proceso con la salvaguarda de los derechos de las partes. Pero la idea fue desestimada pues retrasaría aún más los plazos. Por tanto, el Supremo optó por conceder un nuevo tiempo de alegaciones a Bildu y las agrupaciones independientes afectadas, que concluyó a las doce de la noche del sábado. Esto suponía retrasar en 24 horas todo el proceso.
Sin embargo, a simple vista, no da la impresión de que la impugnación de la Fiscalía ofreciera más pruebas contra Bildu que la de la Abogacía. De hecho, ambas instancias se apoyaron en los mismos documentos policiales -la mayoría utilizados también contra Sortu- para redactar sus recursos.
Lo que sí permitió el cruce de los datos ofrecidos por los dos recursos fue detectar que en el afán de perseguir a Bildu, tanto los distintos cuerpos de las FSE (incluida la Ertzaintza) como la propia Abogacía y Fiscalía al admitirlos y tratar de justificarlos, habían cruzado líneas rojas marcadas por el Tribunal Constitucional en relación a los elementos que pueden emplearse para tratar de acreditar que una candidatura pretende suceder a otra ilegalizada.
Por ejemplo, se había aceptado que el mero hecho de haber firmado para que la agrupación electoral Demokrazia Hiru Milioi pudiera presentarse a las elecciones autonómicas de 2009 en la CAV convertía a ese avalista en «contaminado» y «contaminante» de una candidatura.
Otro ejemplo; en el caso de la lista al Ayuntamiento de Gasteiz, la Abogacía señala que tiene un 26,67% de «miembros vinculados al complejo ETA/Batasuna». Al cruzar este dato con el que ofrece la Fiscalía, se observa que en realidad únicamente hay una imputación de haber participado en una actividad del proceso de «Herri Programa» contra la candidata número 9. Sólo incluyendo los avalistas de D3M en el recuento podría llegarse a esta cifra. El mismo procedimiento se ve en la mayoría de las candidaturas.
Intento de engañar al TS
Este extremo parece grave por dos motivos. Por un lado, porque se han saltado los límites puestos por el Tribunal Constitucional español. Pero, además, podría atribuirsele a la Abogacía del Estado un intento de engañar a la Sala del 61 del Tribunal Supremo, puesto que en su impugnación señalaba textualmente que entre las relaciones utilizadas para obtener esos porcentajes «no se encuentran ni los vínculos familiares ni la participación como firmantes o avalistas de candidaturas ilegalizadas en anteriores procesos electorales».
La dirección estatal del PP tardó apenas unos minutos en hacer pública una nota en la que se felicitaba efusivamente de la decisión adoptada por el Tribunal Supremo español y los presentaba como una victoria compartida entre el PP y el PSOE, fruto de su unidad.
Alguna de las agrupaciones independientes impugnadas podrá presentarse a las elecciones, según avanzó el Tribunal Supremo.
En la cuenta de Twitter de NaBai 2011 apareció un mensaje que indicaba que la coalición retiraría hoy todas sus listas. La dirección matizó luego que no ha tomado decisión alguna.
El PP tardó poco más de media hora en hacer público un comunicado en el que muestra su enorme satisfación por la decisión, una victoria que considera compartida con el PSOE.
Auzitegi Gorenaren erabakiaren ondoren, Auzitegi Konstituzionalari dagokio azken hitza. Baina erabakia jakin aurretik Justizia ministroak nabarmendu zuenez, horretara ezin da jo edozein gauzarengatik.
Pontevedran egon zen Caamaño goizean, eta Bilduren hautagaitzak onartuak izango balira Gobernuak Konstituzionalera helegitea aurkeztuko ote lukeen galdetu zioten bertan Jose Luis Rodriguez Zapateroren gobernukideari.
Hori ez dela ezinbestekoa erantzun zuen Caamañok: «Konstituzionalera ezin da edozein auzi eraman -ekarri zuen gogora-. Soilik oinarrizko eskubideen urraketa gertatzen bada egin daiteke», esan zuen. Ulertu behar da, ondorioz, Bilduk bide hori jorra lezakeela, baina Gobernuak zailagoa izango lukeela, kasu honetan oinarrizko eskubideen aurkako erasorik izan daitekeenik ondorioztatzea zaila litzatekeelako.
Beraz, Auzitegi Konstituzionalera joateko aukera erabiliko ote zuten ez zuela baieztatuko adierazi zuen Justizia ministroak. «Epaiaren arabera eta epaiaren inguruko analisiaren arabera izango da hori», esan zuen.
Francisco Caamañok nabarmendu zuenez, «helegitea aurkezterakoan geure eginbeharrak egin ditugu, eta orain Justizian konfiantza dugu, eta are gehiago Auzitegi Goreneko 61. sala horretan», gaineratu zuen.
Horrekin batera, pazientzia eskatu zien kazetariei eta eragile politikoei: «Badakizu auzi korapilatsua dela hau, eta ondo aztertu beharrekoa dela», onartu zuen Justizia Ministerioko buruak.
Beraren esanetan, gauzarik garrantzitsuena sistema kolokan ez jartzea da: «Zuzenbide estatuan konfiantza osoa izan behar dugu; eta zuzenbide estatuan lege gatazken inguruan erabakiak hartzen dituztenak epaileak dira».
En un acto celebrado a mediodía en Donostia, el presidente del PNV en Gipuzkoa, Joseba Egibar, definió a Bildu como «imprescindible» en el panorama político, pero le acusó al mismo tiempo de mostrar «una pose de victimismo» ante la persecución de Fiscalía y Abogacía del Estado.
En un mitin preelectoral, Egibar manifestó que «va siendo hora» de que la coalición abertzale de independientes, EA y Alternatiba «abandone esa pose de victimismo y empiece a poner en negro sobre blanco sus proyectos».
Egibar participó en este evento preelectoral en Donostia, junto al Peine del Viento, donde se quejó de que «Bildu está en una posición de exposición sin más, esperando una especie de solidaridad democrática». Dijo que no presenta programas y proyectos para diputaciones y ayuntamientos porque «no les hace falta, al parecer».
«Hoy por hoy es una expectativa que está posando ante los medios con una campaña que se la hemos hecho entre todos, entre los medios y los actores políticos», aseguró el dirigente jeltzale en declaraciones a los periodistas.
El también portavoz del PNV en el Parlamento de Gasteiz matizó que su partido sí quiere que Bildu esté en las urnas «por encima de todo», porque «no es una cuestión se simpatías o antipatías».
Estimó además que PSOE y PP han promovido las impugnaciones con el objetivo de «estirar en el tiempo su estrategia para ver si el pacto PSOE-PP puede cuajar» después de haber llegado al Gobierno de Lakua gracias a la ilegalización de la izquierda abertzale en 2009.
Ambos saben, según Egibar, que «esa estrategia se acaba en el momento que Sortu o Bildu estén presentes» en las elecciones. Añadió además que la entente PSOE-PP cuenta en Euskal Herria «con escaso éxito» y obtiene «el solemne rechazo de la sociedad vasca».
En cuanto al fondo de la cuestión, Joseba Egibar indicó que la aceptación de las impugnaciones por parte de los tribunales españoles «no supondría un incidente electoral o una distorsión política», sino que sería «una quiebra democrática» producto de «una democracia ajustada a los intereses y la conveniencia del PSOE y el PP».
«Hacemos este planteamiento por principio democrático, creemos que se han vulnerado derechos básicos tiempo atrás y va siendo hora de que abracemos un escenario plenamente democrático en el que todas las expresiones políticas sean valoradas y sancionadas con el voto popular, con el aprecio, el castigo o la indiferencia, pero que todas estén presentes», insistió.
Su compañero de filas Eneko Goia,candidato a la Alcaldía de Donostia, planteó igualmente que «no sabemos qué es exactamente lo que propone Bildu, puesto que el debate fundamental en este momento para ellos es presentarse o no». Frente a ello, dijo que el PNV presenta «balance de estos últimos años gobernando desde las instituciones con responsabilidad, demostrado y testado».
Por la mañana también expuso su opinión el coordinador general de EB, Mikel Arana, que deseó que el Tribunal Supremo «ponga orden» y permitiera a Bildu concurrir a las eleccione, acabando así con lo que tildó de «un auténtico esperpento jurídico».
Antes de sumarse a la manifestación de CC.OO. en Bilbo, Arana deseó que el Supremo, «al contrario de lo que hizo con Sortu» aplicara «exclusivamente criterios judiciales, el Derecho, y permita que Bildu pueda presentarse a las elecciones». «Es lo que todos deseamos», aseguró el dirigente de Ezker Batua.
