Es un hecho incontestable que el escenario político vasco ha cambiado. No cabe duda de que en el origen de ese cambio está la apuesta política realizada por la izquierda abertzale en su conjunto. Pero también es evidente que ese cambio no hubiera sido posible si Eusko Alkartasuna, Alternatiba y multitud de ciudadanos no hubiesen roto el cerco establecido desde Madrid en torno al independentismo vasco y, arriesgando su capital político y la seguridad de lo establecido, no hubiesen apostado conjuntamente por un nuevo escenario de democracia y paz estable y duradero. Bildu es la máxima expresión de ese esfuerzo colectivo.

La que se resiste a cambiar es España. Su Tribunal Supremo, por dos veces consecutivas en tan sólo un mes, ha ejercido de dique de contención frente al cambio. Las sentencias sobre Sortu y Bildu son insostenibles jurídicamente y políticamente irresponsables. Pero el principal objetivo de la estrategia del Gobierno español era que la izquierda abertzale, en particular, y el independentismo vasco, en general, no saliesen electoralmente propulsados. No pueden permitir que se visualizase el apoyo social al cambio en las urnas. Ésta es una batalla por la legitimidad; y en el contexto occidental, con todos su límites, no existe más fuente de legitimidad que el mandato popular. La izquierda abertzale ya lo vio claro cuando formuló la Alternativa Democrática, y el proceso que ahora está en marcha, que surge a su vez del mandato de las bases de la izquierda abertzale y de un liderazgo claro, parte de la misma premisa: lo que vale es lo que decida el pueblo, y quien le dé vías para expresarse y alternativas para configurarse y desarrollarse será quien gane la guerra.

Otro objetivo básico de la estrategia del Estado español es generar desazón entre la población vasca. Porque la batalla es también sicológica. La decisión del Supremo es una derrota jurídica, nada más, pero que sea una victoria política y moral tan sólo depende de que se persevere en el esfuerzo y se acierte en la gestión de una crisis que a medio plazo conlleva más riesgos para quien no asume la democracia que para quien la reivindica.