La mayoría sindical vasca emplazó ayer al Ejecutivo español a que modifique su apuesta por la ilegalización de proyectos políticos y permita que las candidaturas de Bildu estén presentes finalmente el 22-M. En la rueda de prensa que tuvo lugar en la sede bilbaina de LAB, el secretario general de ELA, Adolfo Muñoz, fue categórico al pronosticar que, en caso contrario, el Tribunal Constitucional confirmará la sentencia del Supremo.

Muñoz defendió que la apuesta de la mayoría sindical vasca es por los derechos democráticos, por la participación política, y «no es un planteamiento partidario», recordando su anterior reflexión sobre Sortu. «No será la primera vez que los trabajadores tengan que salir a manifestarse en defensa de la garantía de los derechos democráticos y civiles», recordó, en referencia a las convocatorias efectuadas por ELA, LAB, STEE-EILAS, EHNE e Hiru para el viernes, a las 11.30, en las capitales de Hego Euskal Herria y en los puestos de trabajo.

«Se ha cumplido la peor de las hipótesis», subrayó el líder sindical, refiriéndose a las distintas opciones -definidas como «frívolas»- que venían barajándose en círculos periodísticos y políticos respecto al debate en el seno del alto tribunal español. Muñoz comentó que le gustaría equivocarse, pero intuye que el Constitucional no corregirá al Supremo en la «arbitrariedad» y «atropello de derechos» que supone el veto a Bildu.

Antes, la secretaria general de LAB calificó la resolución judicial de «inaceptable, incompatible con la democracia e injusta con una sociedad que demanda soluciones». Ainhoa Etxaide también pidió al Gobierno español que «corrija esta situación porque la responsabilidad de esta decisión es suya» y apostilló que el Ejecutivo tiene el Constitucional «para garantizar unas elecciones democráticas». «Ha sido una decisión política y no nos creemos que el Gobierno no pueda hacer nada para que las elecciones sean verdaderamente democráticas», declaró.

«Estado bananero»

En la antesala a la sentencia del Supremo, destacó el secretario general de ELA, fue cuando los magistrados optaron por ampliar en un día el plazo dado a la coalición para presentar los recursos, en vez de elevar una cuestión de inconstitucionalidad para evaluar si las leyes «excepcionales» que se han dictado en los últimos años vulneran el derecho a la defensa. «En un país democrático es impensable un procedimiento sumarísimo con plazos tan cortos; algo propio de un estado bananero», apostilló más tarde.

«Al enteramos de esta decisión nos pareció que la sentencia ya estaba hecha. Nos gustaría equivocarnos y desconvocar los actos del viernes, pero no esperamos cambios en el Constitucional. El pacto de estado que hoy interpreta el PSOE como máximo responsable de esta vulneración de derechos y su máximo responsable, Rubalcaba, creemos que no se ha metido en esto sin tener sumados los datos del Supremo y del Constitucional», aventuró.

Muñoz acusó a José Luis Rodríguez Zapatero de falta de «credibilidad» en asuntos políticos. Es más, incidió en que el PSOE «está colaborando en el reforzamiento de la extrema derecha», algo de lo que dijo se están percatando ahora algunos de sus líderes. Del presidente español dijo que «no tiene credibilidad en la gestión de este tipo de problemas», agregando que «los que han confiado en Zapatero han sido engañados». Y acusó al PSOE de «ceder ante los códigos de la extrema derecha».