Los siete magistrados que apoyaron la legalización de Sortu han firmado también en este caso votos particulares contra la prohibición de que Bildu pueda presentarse. Aunque esta vez se han dividido. Todos coinciden en que «la trama defraudatoria» de la que habla la mayoría «no resulta suficientemente acreditada por los medios de prueba que proporcionan los demandantes». Pero uno de ellos, José Manuel Sieira, abría la posibilidad de que se impugnaran algunas candidaturas en las que no hubiera ningún representante de EA o Alternatiba.

Los términos del voto particular firmado por Manuel Ramón Alarcón, Juan Antonio Xiol, Gonzalo Moliner, José Luis Calvo, Alberto Jorge Barreiro y Rafael Gimeno-Bayón vuelve a ser duro con sus compañeros de Sala. Critica que se acepte la teoría de la trama según la cual todo el proceso de creación de Bildu ha sido diseñado por ETA y aceptado no sólo por la izquierda abertzale sino también por EA y Alternatiba. A su entender, esto sólo puede hacerse desde una «interpretación» de la documentación presentada «guiada por el manifiesto objetivo de demostrar la hipótesis de trabajo adoptada a priori y ya mencionada, y rechazando, por tanto, cualquier otra».

EA propuso la unidad

Los firmantes del voto particular sostienen que la idea de unir a las fuerzas soberanistas la ha defendido EA independientemente de las posiciones de ETA. Y a esto añaden que las personas de la izquierda abertzale tienen perfecto derecho a presentarse a las elecciones.

En su escrito, recogen numerosos ejemplos de los llamamientos realizados por EA para trabajar conjuntamente con la izquierda abertzale desde la condición previa del rechazo a la violencia, incluida la de ETA.

Recuerdan expresamente el emplazamiento hecho en abril de 2003 por Rafa Larreina a Arnaldo Otegi en el Parlamento de Gasteiz, mostrando la disposición de ir en listas conjuntas «si estamos dispuestos a firmar los dos conjuntamente que es inadmisible cualquier violación de derechos humanos, en general y en concreto, y que no admitimos interferencia en la voluntad de la sociedad vasca ni de ETA ni de Aznar». Y según señalan estos seis magistrados, lo que ha ocurrido es, precisamente, que la izquierda abertzale ha dado ese paso, lo que ha permitido que se den esas listas comunes.

«En definitiva, no es ETA quien ha impuesto su diseño, a través de una disuelta Batasuna, al conjunto de la izquierda abertzale -firman en su voto particular- sino, muy al contrario, es ésta la que a través de un proceso de maduración política y de discusión interna ha llegado a dar un giro copernicano» y «un rechazo absoluto y sin ambages de la violencia como método de intervención política, apostando exclusivamente por los métodos democráticos». Eso es lo que ha posibilitado el pacto.

Frente a la versión mayoritaria de que la firma del decálogo que incluye el rechazo a la violencia es «una táctica instrumental auspiciada por ETA», estos seis magistrados aseguran que va más allá de lo solicitable y que, de hecho, lo que se hace es «cumplir exactamente las exigencias que el artículo 6.4 de la LOREG ha establecido para que un candidato electo pueda eludir la `incompatibilidad sobrevenida'».

En el voto particular se destaca que la izquierda abertzale no está condenada a no poder participar nunca más en las elecciones a través de otras fórmulas organizativas, sino que lo que se le exige es que no pretenda continuar la actividad por la que fueron ilegalizados esos partidos. Y Bildu, a su entender, no es una continuación de esa actividad.

Los seis magistrados hacen especial hincapié en que se va a negar el derecho a concurrir a las próximas elecciones «a dos partidos de larga trayectoria democrática y siempre opuestos a la violencia de ETA», por lo que la prohibición «es insostenible en términos constitucionales y legales», máxime cuando «EA siempre ha puesto como condición sine qua non para la alianza electoral con la izquierda abertzale que ésta rechazase la violencia y el terrorismo, y sólo cuando lo ha comprobado ha dado luz verde a Bildu».