La Fundación Sustrai Erakuntza ha presentado un recurso ante la Audiencia Nacional española solicitando el archivo del proyecto de Tren Alta Velocidad (TAV) en el tramo entre Iruñea y Castejón, al considerar que las declaraciones de impacto ambiental (DIA) que se realizaron en agosto de 2004 -un trámite imprescindible para realizar esta obra- han caducado sin que se haya realizado ninguna actuación por parte de la Administración para ejecutar el proyecto. Las declaraciones de impacto ambiental tienen una vigencia de cinco años.

Sustrai recuerda que durante 2010 solicitó formalmente la declaración de caducidad de las declaraciones tanto al Ministerio de Fomento como al de Medio Ambiente, Rural y Marino. Estas solicitudes fueros desestimadas inicialmente, por lo que presentaron los correspondientes recursos de alzada. El Gobierno español no respondió en plazo, por lo que en enero de este año recurrieron a la Audiencia Nacional, solicitando el archivo del proyecto. Este recurso fue admitido en febrero.

En este sentido, Sustrai destaca que en su momento informó directamente al Gobierno español para corregir de antemano la situación irregular existente y poder solucionar a tiempo su ilegalidad sin llegar a los tribunales, algo que finalmente no se ha producido.

El objetivo de este aviso, según explicó Sustrai, era «evitar gastos económicos innecesarios a las arcas forales y, por lo tanto, a todos los navarros».

Por todo ello, alerta de que la inauguración de las obras previstas del TAV durante este verano «se hará en una situación jurídica irregular». Además, recuerda que el plan del denominado «corredor navarro» del TAV no está definido, «por lo que existen dudas técnicas de su continuidad». De hecho, no hay ningún estudio informativo de los tramos entre Castejón y Tutera, ni entre Iruñea y la conexión con la llamada «Y vasca».

Junto a ello, Sustrai destaca que, además de encontrarse en una situación legal «frágil e incierta», el proyecto del TAV supondrá «el mayor gasto económico en infraestructuras» de la historia del herrialde, ya que su presupuesto asciende a más de 3.000 millones de euros, además de los intereses que los bancos cobrarán al Gobierno navarro por adelantar unas obras que el Ministerio de Fomento no considera prioritarias.

Preguntado por GARA si existe la posibilidad de que la Audiencia Nacional imponga una fianza multimillonaria e inasumible por los colectivos sociales para paralizar las obras como sucedió con el pantano de Itoitz, Pablo Lorente, miembro de Sustrai, respondió que no, ya que al no haberse comenzado las obras no se puede exigir el pago de una fianza de este tipo.

Por otro lado, Lorente destacó que el objetivo de Sustrai es generar un debate social en Nafarroa sobre esta macroinfraestructura y los efectos que tendrá tanto en el medio ambiente como el coste que supondrá para el erario público.

«Les hemos pillado en un renuncio muy fuerte, porque están incumpliendo la normativa vigente al tratar de iniciar en verano las obras del TAV sin tener unas declaraciones de impacto ambiental en vigor», destacó. En este sentido, Sustrai destacó que el incumplimiento de la legislación por parte de la propia Administración es «un mal ejemplo» para la ciudadanía y subrayó que «las prisas preelectorales no son nada positivas para nadie».

«¿Se imagina alguien construir una casa sin licencia de obra?», se pregunta Sustrai.