Las haciendas vascas deberán devolver a Madrid los 435 millones de Rover
Las haciendas vascas tendrá que devolver al Estado español los 435 millones recaudados en concepto de IVA por la actividad de la empresa Rover entre 1990 y 2005. Así lo ha determinado el Tribunal Supremo en una sentencia en la que desautoriza a la Junta Arbitral del Concierto Económico, que determinó que el dinero lo cobrase la Hacienda alavesa. Los diputados vascos han pedido devolver el dinero a plazos.
Joseba SALBADOR | DONOSTIA
La resolución emitida por el Tribunal Supremo determina que las instituciones vascas deberán devolver al Estado los 435 millones de euros del conocido como «caso Rover» que estas administraciones se disputaban. Se trata de la cantidad recaudada en concepto de IVA por la importación y venta de vehículos de Rover en el Estado español entre los años 1990 y 2005, actividad que se llevaba a cabo desde un solar ubicado en la localidad alavesa de Araia.
En el fallo, el Supremo concluye que no se puede atribuir la tributación del IVA a las haciendas vascas «por la sola circunstancia de que unas mercancías hayan transitado por dicha Comunidad Autónoma durante breves días, sin que hayan sido producidas, ni transformadas, ni comercializadas en dicho territorio y cuando sus oficinas en España está situadas en Madrid».
Previamente a esta resolución, la Junta Arbitral del Concierto Económico, órgano en el que están representados los Gobiernos español y autonómico, había emitido una resolución en la que obligaba al Ejecutivo de Rodríguez Zapatero a devolver a la Hacienda alavesa el dinero adeudado.
La devolución se completó en marzo del pasado año, ya que ésa era una de las condiciones puestas por el PNV para apoyar los Presupuestos Generales del Estado del 2010. La cantidad se repartió entre las tres diputaciones y el Gobierno de Gasteiz, que se hizo con el 70% de los 435 millones, en función de los porcentajes reflejados en la Ley vasca de Aportaciones.
La sentencia dictada ahora por el Supremo, que estima un recurso contencioso administrativo interpuesto por la Administración General del Estado, supone una desautorización de la resolución de la Junta Arbitral del Concierto Económico, extremo que no se había producido hasta la fecha. Los diputados de Hacienda destacaron ayer que el auto del Tribunal Supremo genera «un precedente tremendo» para el futuro del Concierto.
«Una mala noticia»
El diputado general de Araba, Xabier Agirre, criticó que la sentencia «salga el día que se inicia la campaña electoral» y apostó por «plantear la batalla en el aspecto político« y «renegociar» con la Hacienda del Estado.
Para el diputado general alavés, la decisión del Tribunal Supremo es una «mala noticia» que va a afectar «muy negativamente a los intereses de los alaveses y de todos los ciudadanos de Euskadi» y recalcó que «es la primera vez que un Tribunal contradice la postura de la Comisión Arbitral. Uno se llega a plantear para qué sirve la Comisión Arbitral si luego un Tribunal puede dar al traste con las decisiones que ha tomado», denunció.
Los 435 millones de euros corresponden a la recaudación en concepto de IVA por la importación y venta de automóviles de Rover entre los años 1990 y 2005, actividad que se llevaba a cabo desde un solar ubicado en la localidad alavesa de Araia.
La sentencia supone una desautorización de la resolución de la Junta Arbitral del Concierto Económico, extremo que no se había producido hasta la fecha y que, según los diputados generales, genera «un precedente tremendo».
El cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo supondría para las haciendas vascas deshacerse de una cantidad equivalente al 4,5% de la recaudación fiscal prevista para este año. Al Gobierno de Gasteiz le correspondería devolver 304,5 millones y a las diputaciones forales 130,5 millones.
El diputado de Hacienda de Gipuzkoa, Peio González, alertó de las consecuencias que tendrá la ejecución del fallo, teniendo en cuenta la «importante suma» que es preciso recuperar «con riesgo incluso de entrar en déficit este año con una cantidad que incluso supere las previsiones de la Ley de Estabilidad».
El Gobierno de Gasteiz y las diputaciones asumen que no cabe recurso contra la sentencia, por lo que intentarán que sea una devolución a plazos. En una reunión de urgencia mantenida en la mañana de ayer, las instituciones vascas decidieron que la Diputación de Araba pida al Ministerio de Economía devolver el dinero de la manera «más fraccionada posible» para no perjudicar al actual ejercicio presupuestario.
La propuesta de las instituciones vascas consiste en que este año no se abone ninguna cantidad y que se comience a hacerlo en 2012, en pagos aplazados durante cinco años.
El responsable de la Hacienda guipuzcoana reconoció que «en los tribunales ordinarios no cabe posibilidad de recurso» contra esta decisión, pero añadió que sí habría «posibilidades de recorrido en caso de que veamos algún derecho constitucional no bien cubierto» acudiendo al Tribunal Constitucional «e incluso a las instituciones europeas». J.S.
