«Libia sigue siendo, según el derecho internacional, un estado soberano y toda utilización de sus fondos bloqueados es equiparable a la piratería en alta mar». Así de rotundo fue el viceministro de Exteriores libio, Jaled Kaim, al valorar la decisión del llamado «grupo de contacto» de crear un «fondo especial» para financiar a la rebelión. Estos fondos se calculan en unos 60.000 millones de dólares, la mitad retenidos por EEUU.

De hecho, la decisión impulsada por el Estado francés e Italia es muy discutible y en todo caso sentaría un precedente. Hasta ahora los bienes congelados han sido entregados a la oposición pero tras el derrocamiento de los régimenes.

El viceministro recordó además que «el Gobierno de Trípoli no ha desaparecido y las resoluciones de la ONU y de la UE no han dicho que sea ilegítimo». Sólo cuatro países han reconocido al opositor Consejo Nacional de Transición como representante legítimo de Libia.

No obstante, los promotores de la caída de Gadafi ya están valorando mecanismos para sortear las dificultades. Obama podría apoyarse en una ley de 1977 que le da poderes económicos de urgencia en caso de conflicto armado.

También se calibra utilizar la Convención de la ONU contra la Corrupción, que estipula la restitución de bienes obtenidos de forma ilegal y depositados en el extranjero, pero no explicita su devolución a un estado.