Portugal vivió ayer una huelga de funcionarios públicos, la primera desde que el país conociese la pasada semana las condiciones del rescate financiero, calculado en 78.000 millones de euros para los próximos tres años.

El paro convocó a los casi medio millón de trabajadores de las administraciones central y regional -que incluía a los del sector sanitario, educativo y de la justicia, entre otros-, en protesta por los recortes sociales del programa pactado con Bruselas y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El Gobierno y los sindicatos difirieron sustancialmente en el seguimiento de la huelga. El primero la tasó en el 1,40% hasta el mediodía, mientras los organizadores elevaron esta cifra hasta el 60 %. La Federación Nacional de los Sindicatos de la Función Pública (FNSFP), organizadora del paro y encuadrada en la Confederación General de Trabajadores de Portugal (CGTP), aseguró que el sector más afectado fue la sanidad y, después, la educación.

Sin embargo, el Ministerio de Finanzas y la Administración Pública divulgó que apenas 27 centros de un total de 10.554 tuvieron que cerrarse. El secretario de Estado de la Administración Pública, Goncalo Castilho, afirmó que la adhesión fue «muy reducida», y comentó que la huelga no contó con la participación de los profesores, ni de los enfermeros, ni de los trabajadores de los ayuntamientos, excepto los de Lisboa.