La patronal alavesa (SEA) organizó ayer una jornada sobre salud laboral en la que estuvo presente la directora de Osalan, Pilar Collantes. Según las conclusiones que trasmitió la patronal, las empresas alavesas se «han preocupado» por situarse en «el camino de la excelencia», por lo que «sus directivos y responsables de prevención han optado por diversos modelos de trabajo que les permitan alcanzarla». Sin embargo, un informe de Osalan al que ha tenido acceso GARA confirma que todavía existen un 11% de empresas que no cuentan con evaluaciones de riesgos firmadas y, por otro lado, otro 12% de las empresas de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa no tienen planificadas las medidas preventivas.

Ambos requisitos aparecen en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que se aprobó en noviembre de 1995 y entró en vigor en febrero de 1996. Han pasado quince años y todavía hay empresas que no han cubierto el trámite administrativo, puesto que, como denuncian los sindicatos, «una cosa es tener los requisitos y otra, bien diferente, es aplicar lo que allí está escrito».

Osalan, por otro lado, se refiere a las actuaciones y campañas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Según el informe, en 2010 se realizaron 11.738 órdenes de servicio, un 54% han correspondido a denuncias o solicitudes por parte de la Autoridad Laboral y otras instituciones, y un 46% a actuaciones planificadas.

Osalan asegura que esas órdenes han derivado en 25.130 comprobaciones o actuaciones, resultando que se han interpuesto 853 infracciones, 5.110 requerimientos y 186 propuestas de recargo a la Seguridad Social. Se revisaron 27.223 contratos y se paralizaron seis trabajos o actividades por riesgo grave e inminente para la seguridad y la salud de los trabajadores.

Estos datos no coinciden con los datos que ofrece el Ministerio español de Trabajo e Inmigración, que asegura que interpuso 2,8 millones en sanciones, lo que supone una media de 4.015 euros por las 706 infracciones detectadas en relación a la salud laboral.

En Nafarroa, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social impuso casi un millón en multas (977.270 euros) por 276 infracciones, lo que supone una multa media de 3.541 euros. Se paralizaron cinco actividades o centros de trabajo en 2010.