El fiscal jefe del TSJPV, «preocupado» por los derechos de los detenidos
Juan Calparsoro, fiscal jefe del TSJPV, aseguró ayer que los fiscales en Euskal Herria están «preocupados» por los derechos de las personas detenidas, así como por la indefensión que genera la incomunicación. Recordó que cuatro agentes de la Guardia Civil han sido condenados por torturar a Igor Portu y Mattin Sarasola. Si bien dijo que se trata de una excepción, apeló a estar «vigilantes».
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El fiscal jefe del del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Calparsoro, destacó ayer que los fiscales en Euskal Herria están «preocupados» por la cuestión los derechos fundamentales de las personas detenidas, así como por la indefensión que genera el régimen de incomunicación.
El fiscal valoró así las recomendaciones que realizó Iñigo Lamarca, el Ararteko, para mejorar el sistema de garantías en el ámbito de la detención incomunicada. Fue en un acto celebrado en Bilbo, en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, donde el Defensor del Pueblo presentó su informe anual.
Al hilo de su recomendaciones, Calparsoro recordó que este año se ha juzgado un caso de torturas por parte de agentes policiales, en referencia a los cuatro agentes de la Guardia Civil que el pasado mes de octubre fueron condenados por la Audiencia de Gipuzkoa por torturar a los miembros de ETA Igor Portu y Mattin Sarasola durante su detención en enero de 2008, así como durante los días que estuvieron incomunicados -Portu tuvo que ser ingresado en la UCI del hospital Donostia apenas doce horas después de ser arrestado-. El fiscal añadió que, si bien cree que se trata de una circunstancia «excepcional», «siempre hay que estar vigilantes» ante ese tipo de abusos de poder, advirtió.
Medidas a tomar en cuenta
Entre las sugerencias para las situaciones de detención e incomunicación, la institución que preside Lamarca recomendó que «la grabación audiovisual de la detención sea sistemática y cubra todas las dependencias policiales y lugares de detención, incluyendo los vehículos en que sea trasladada la persona detenida». También aconsejó que «tanto la defensa como las instituciones de garantía de los derechos humanos tengan acceso a las grabaciones, y que éstas sean conservadas, durante el plazo de prescripción de las responsabilidades que pudieran derivarse, por instancias independientes».
Además, ve necesario que, aunque el abogado que asista al detenido incomunicado sea designado de oficio, la persona arrestada tenga acceso al mismo desde el inicio de la detención. Y también aboga por que «no sea sometido a interrogatorio alguno sin presencia de letrado».
En cuanto a los exámenes médicos, señaló la necesidad de «asegurar su confidencialidad, permitir la presencia junto al forense de un médico designado por la persona detenida, y que los informes sobre el trato al detenido incomunicado se elaboren de acuerdo con un protocolo de obligado cumplimiento, cuenten con supervisión profesional cualificada y se ajusten a los estándares internacionales» establecidos.
En su último estudio anual, recién publicado, Amnistía Internacional ha reprochado de nuevo al Gobierno de Madrid que siga manteniendo el régimen de incomunicación y que, un año más, no haya hecho nada para erradicar la tortura.
El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo también sacó los colores al Estado español por no investigar las denuncias por torturas de Mikel San Argimiro y Aritz Beristain. La Corte condenó a Madrid a indemnizar a ambos.
El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, suscribió ayer en Madrid con los consejeros de Interior de Lakua, Nafarroa y Catalunya un protocolo de colaboración en materia «antiterrorista». Para Rubalcaba, la firma supone «protocolizar» una forma de trabajo compartido. Recordó que la coordinación entre los cuerpos policiales ya «existe y es constante».
Según explicó, hasta ahora los niveles de alarma en este terreno los fijaba el Estado, pero no había ninguna norma que obligara a todas las administraciones con competencias en esta materia a actuar en el mismo sentido: «Les estamos diciendo a los ciudadanos que cuando hay que subir el nivel de alarma, todas las policías se mueven en la misma dirección». Y agregó que para trabajar en materia antiterrorista lo mejor es la prevención y la colaboración, algo que en este caso es «excelente, diaria y cotidiana».
El consejero de Interior de Lakua, Rodolfo Ares, destacó que la firma de este protocolo pone de manifiesto la voluntad de todos los gobiernos con responsabilidad en seguridad ciudadana y lucha «antiterrorista» de establecer mecanismos de cooperación y agregó que ahora el desafío es estar alerta para hacer frente a los ataques islamistas y de carácter internacional. En ese sentido, Rubalcaba admitió que el trabajo conjunto de las cuatro administraciones se ha intensificado durante las últimas semanas debido al atentado de Marraquech y la muerte de Bin Laden a manos de EEUU.
«Satisfecho» por la firma del protocolo, el consejero de Nafarroa, Javier Caballero, señaló que no puede haber fisuras entre las administraciones. GARA
