El Gobierno de la canciller Angela Merkel (CDU) decidió ayer decretar el cierre de las 17 centrales nucleares de aquí a 2021. Las siete plantas más antiguas, que se encuentran fuera de servicio desde la catástrofe de Fukushima, y la de Krümmel, apagada por problemas técnicos, no volverán a funcionar. Sin embargo, el Ejecutivo alemán quiere mantener tres centrales «en reserva» para que en caso de emergencia puedan estar operativas hasta el 2023.

En la rueda de prensa ofrecida ayer, Merkel presentó su plan como el inicio del «cambio energético» y dijo que podría servir de ejemplo a otros países. Aunque la presidenta de la Unión Demócrata Cristiana (CDU) ya canta victoria todavía le queda un trecho por recorrer porque su proyecto requiere cambios en la legislación. Por eso, su ministro de Medio Ambiente, Norbert Röttgen, invitó a los demás partidos a participar en este «gran proyecto nacional».

De cara a la opinión pública, los tres partidos de Gobierno -la CDU, su hermana regional Unión Social Cristiana (CSU) y su socio de coalición, el Partido Liberaldemócratico (FDP)- están dando una inusual imagen de unidad. El jefe de la CSU, Horst Seehofer, a la sazón ministro presidente de Baviera, ha ido incluso más lejos al reabrir el espinoso debate sobre un depósito definitivo para los residuos nucleares en Alemania. Y el vicecanciller y ministro de Economía, el liberal Philipp Rösler, habló inclusive de «un día histórico para la política energética alemana».

El Partido Socialdemócrata (SPD) de Sigmar Gabriel se ha mostrado abierto a colaborar con el Gobierno para llegar a un acuerdo siempre que se retomen los principios del «compromiso nuclear», firmado hace una década entre este partido, los Verdes y la industria nuclear en torno al abandono de la energía atómica. Gabriel se adelantó diciendo que se trata «de un gran día de satisfacción para todos los antinucleares en Alemania».

Lejos de esta euforia se sitúan las reacciones de los Verdes, del partido socialista Die Linke (La Izquierda) y de las organizaciones ecologistas.

El Partido Verde se muestra escéptico con el plan de Merkel. Su copresidenta Claudia Roth declaró que había que fijarse «en la letra pequeña» del proyecto de ley que el bipartito va a presentar al Parlamento. En Alemania existe una ley que regula el funciona- miento de las plantas nucleares. El jefe del grupo parlamentario, Jürgen Trittin, subraya que ahora hay «más preguntas que respuestas» que antes.

La reacción del Partido Verde se explica por el hecho de que con su política antinuclear ha experimentado un espectacular auge que tras la catástrofe de Fukushima le ha colocado al mismo nivel que la CDU y el SPD. Ahora parece que Merkel les secuestra el tema que es el principal pilar de su credibilidad ante el electorado.

Giro de 180 grados

Lo que en un principio puede aparecer como una inteligente jugada política de la canciller podría costarle cara. Supone dar un giro de 180 grados en la política nuclear de la CDU que, junto con la CSU y el FDP más el SPD, siempre ha velado por los intereses del oligopolio energético. La multinacional RWE apoyó a Merkel para que junto con el FDP acabara con el «compromiso nuclear», firmado con el SPD y los Verdes en 2000. Logró esta meta en otoño de 2010, cuando el bipartito acordó prolongar la vida útil de las centrales del año 2023 hasta 2035.

Ese proyecto salió de una reunión a puerta cerrada, bautizada como «cumbre nuclear», entre la jefa de Gobierno y los presidentes de las alemanas Eon, RWE, EnBw y la sueca Vattenfall. Las cuatro empresas controlan el mercado alemán. Entonces Merkel calificó de «revolución» su plan, que ella misma paró en seco en marzo al decretar el cierre provisional de las siete centrales más antiguas como reacción a la catástrofe nuclear de Fukushima. Desde entonces RWE ha cambiado de estrategia llevando al Gobierno a los tribunales por ese cierre forzoso, ya que varios juristas lo consideran ilegal. Este «zigzagueo» de Merkel le resta no sólo credibilidad entre los poderes fácticos sino también entre aquellos electores que dieron su voto a la CDU justamente por su política pronuclear. Ahora, la canciller quiere dar la imagen de ser más ecologista que los propios Verdes, algo que no es creíble precisamente por los bandazos que ella suele dar.

Éste es el flanco abierto por el que le atacan las organizaciones ecologistas. Tanto Greenpeace como la Federación de Medio Ambiente y Naturaleza de Alemania (BUND) consideran el plan de Merkel como «poco ambicioso», ya que estiman que se podría acelerar el cierre definitivo de todas las centrales nucleares.

Algo similar piensa el partido socialista Die Linke. Su copresidenta Gesine Lötzsch considera viable que para 2014 se apaguen las centrales nucleares. Además, ha instado a Merkel que diga cómo se financiará el final de la energía nuclear.

La Comisión de Sabios, creada por la canciller para tal propósito, piensa que el precio de la luz podría encarecerse para los solteros y para las familias 11 y 29 euros al año, respectivamente, según declaraciones de Klaus Töpfer (CDU), a la sazón ex ministro de Medio Ambiente.

También la multinacional EnBW quiere hablar sobre dinero, porque en 2010 tiene que pagar un impuesto extra sobre el combustible nuclear. En esos ingresos justificó el Gobierno la prolongación de la vida útil de las plantas atómicas al argumentar que estos miles de millones serían invertidos en energías renovables. EnBW ha anunciado que estudiará primero el proyecto antes de adoptar una posición «porque no fuimos consultados previamente».

De hecho, el diario conservador «Die Welt», cercano a la CDU, lleva ya algún tiempo haciéndose eco de las advertencias del oligopolio de que el cierre de las siete plantas más antiguas podría provocar apagones en regiones tan sensibles como Frankfurt, por ejemplo. Otro artículo apocalíptico se refería a que Alemania no está preparada en absoluto para aguantar un corte de electricidad que duraría un par de días. Según estas fuentes, se podrían dar apagones en verano o en invierno, porque son las estaciones del año en las que más energía se consume.

Lo que hasta ahora no se ha debatido en Alemania son las consecuencias del plan de Merkel para el resto de Europa.

En marzo, Bélgica criticó que el cierre de las siete plantas alemanas se llevara a cabo sin consultas previas porque esa decisión podría conllevar un problema de abastecimiento fuera de Alemania. También ahora el rechazo a la decisión de Merkel sigue siendo grande sobre todo en los estados francés y sueco. La jefa de la multinacional gala Areva, Anne Lauvergeon, opina que en Alemania «aún puede pasar mucho hasta 2020». Palabras como éstas hay que considerarlas una advertencia, a sabiendas de que tan sólo la sueca Vattenfall opera dos centrales nucleares en Alemania.

Por lo tanto, Alemania aún está lejos de convertirse en el primer país europeo libre de centrales nucleares. Como lejos está también el final del movimiento antinuclear que ha de sentar las bases para que el plan de Merkel sea un adiós y no un hasta luego a la energía atómica, como ocurrió en 2010.