El partido a jugar en Perú se muestra competitivo y muy, pero que muy, pendencioso, a juzgar por los debates y discusiones acaecidos esta última semana. Los electores elegirán mañana, en la segunda vuelta de los comicios presidenciales, el nombre del nuevo inquilino del Palacio de Gobernación. Comparando los resultados de las encuestas presentadas hasta ahora, no se puede predecir a quien favorecerá. A la candidata conservadora de Fuerza 2011, Keiko Fujimori, y al soberanista del partido Gana Perú, Ollanta Humala, les separa un escaso punto en las encuestas; sin embargo, también reiteran que el 20% de la población aún no ha determinado su voto, lo que valdrá, sin lugar a dudas, para dar el pelotazo de la victoria a cualquiera de los dos candidatos.

Así pues, con el fin de apropiarse de esos escasos pero imprescindibles votos, los aspirantes a presidente se han involucrado en un interminable juego, en el que han priorizado, más que el programa electoral, las acusaciones mutuas.

Según repite una y otra vez, las iniciativas para «cerrar la brecha de la pobreza y el agujero social» marcan las prioridades de la candidata conservadora, que fija la seguridad como uno de sus pilares fundamentales. «Tenemos que garantizar el orden interno y la soberanía nacional, sin permitir intromisiones que no son bienvenidas, como las extranjeras», indicó en su último cara a cara con Humala.

El líder soberanista y de izquierdas no plantea a primera vista objetivos que sean muy dispares con las de su opositora, que plantea «soluciones para el problema social que agobia al país». La propuesta para dar estabilidad jurídica y paz social a Perú ha dado a Humala, sin embargo, un balón de oxígeno, después de las críticas casi catastróficas por parte de sus adversarios que ha generado su propuesta de cambio constitucional. «Cualquier reforma recaerá en manos del Congreso, y no del Gobierno», matizó en un debate televisado.

Rememoración de sus pasados oscuros

Las propuestas y promesas lanzadas a fin de aunar fuerzas ante las urnas, no obstante, ya no tienen interés en la población, que observa (casi) indiferente los acontecimientos. Lo que sí ha añadido una pizca de interés al asunto, por muy lamentable que sea, ha sido el hecho de que los dos candidatos se hayan valido de la campaña para sacar a la palestra lo más oscuro de cada uno.

Precisamente, el hecho de ser descendiente de un dictador que hoy por hoy cumple condena de 25 años por delitos de lesa humanidad, no ha favorecido ni un ápice a Fujimori; la aspirante a presidenta ha lidiado y se ha justificado de «esa losa que he tenido que soportar por errores del pasado». «Yo no soy Alberto Fujimori, no soy yo la que está cumpliendo una condena en la cárcel. No arrojen sobre mí esa cruz tan grande», se ha defendido.

Las conjeturas sobre que su padre dirige su campaña desde su cautiverio han tomado cuerpo estos últimos días, después de saberse que la empresa que la gestiona cuenta con políticos que ya colaboraron con él en su día. El hecho de que se reivindique al ex mandatario en mítines y propaganda electoral, por su puesto, no hace más que alimentar esa certeza.

Fujimori, la hija, no obstante, ha sabido barajar esa carta como más le ha convenido, usando con gran destreza la imagen de su padre para ganar votos. Concretamente, pidió el aplazamiento de la vista del habeas corpus presentada por los abogados de su padre, en la que pretendían demostrar la supuesta parcialidad con la que juzgaron al ex presidente. «En medio de esta gran polarización política, no es el momento más adecuado para determinar sobre ello; no quisiera que ello favoreciera a nadie», subrayó la aspirante, que mostrando una actitud aparentemente «democrática», logró saltar de nuevo a la primera línea de combate.

La intromisión de Alan García

Pero lo que no es tan evidente, lo que no es a primera vista sabido, es quizá lo más jugoso en este tema. El diario «La República» publicó esta semana una supuesta investigación por parte del Sistema Nacional de Inteligencia del Estado que buscaría favorecer a Fujimori, llevando a cabo escuchas telefónicas y seguimientos al candidato progresista que lo desacreditarían. Parece existir, según el diario, un vídeo en el que se ve a personas cercanas al candidato sobornar a un testigo del caso Madre Mía, que juzgó las actuaciones contra los derechos humanos de Humala durante su pasado militar.

Pero es que el supuesto juego sucio por parte de la candidata conservadora no acaba ahí. Partidarios del aspirante de izquierdas han denunciado la supuesta implicación del presidente en funciones, Alan García, en la campaña electoral de Fujimori. Parece ser que la candidata ha echado mano de una de las figuras más polifacéticas del espectro político-social de Perú, intentando aunar fuerzas, incluso, entre los que no son sus votantes. Y es que personas cercanas a Humala han asegurado contar con fundadas sospechas de que el presidente está dejando enrocar los altercados en la región de Puno, donde se enfrentan comunidades aimaras y mineras desde hace varias semanas, para así retrasar el sufragio del domingo. Esa posibilidad perjudicaría seriamente a Humala, dado que cuenta con un abrumador apoyo en esa región.

El nuevo presidente tendrá una ardua tarea cuando llegue de modo oficial, el 28 de junio, al Palacio de Gobernación. Su primer quehacer será, precisamente, intentar dar solución a varios conflictos medioambientales que afectan a etnias locales. Los mandatarios de los últimos años han favorecido indudablemente la intromisión de varias mineras extranjeras para extraer las abundantes materias primas que posee el país; lo han hecho, dicen, en un intento desesperado de sacar del pozo primero, y aupar a la cima después, la economía del país.

Los planteamientos económicos han sido, justamente, los que han copado los mítines de los candidatos. El mercado se siente más cómodo, claro está, con las propuestas de la populista Fujimori, tal y como muestra el registro de la última semana en la Bolsa de Lima. Después de que las encuestas reflejaran un insignificante ascenso de Humala, la Bolsa documentó dos bajas históricas, que costaron trabajo superar. Parece que la promesa de Humala de mantener el modelo económico liberal con un ritmo de crecimiento anual del 7% en el último lustro, más que ningún otro país en la región, no acaba de convencer entre los magnates.

El legado como el de la región de Puno o la regulación de las mineras en el país, marcarán, tanto como la supervivencia económica, la agenda del nuevo presidente. Está por ver si el respeto a los derechos humanos, la gran tárea pendiente del país, se materializa en «la construcción del gran Perú» que tanto uno y otro prometen y ansían.