La crisis económica ha desencadenado una mayor agresión a las condiciones de trabajo por parte de gobiernos y empresarios, según constata el informe anual sobre «Represión de los derechos sindicales y las libertades económicas en el mundo entero», que elabora la Confederación Sindical Internacional (CSI). Su secretaria general, Sharan Burrow, recordó en la presentación del informe que analiza la situación en 143 países, que «presenta un panorama en el que la población lucha por obtener mayores derechos económicos y el respeto de su libertad sindical, a lo que numerosos gobiernos y empresas responden con la represión, despidos, violencia, amenazas de muerte y asesinatos».

Así, en el informe consta que el año pasado «fueron asesinados 93 sindicalistas, 76 en el continente americano -49 de ellos, en Colombia-, otros 13 en Asia-Pacífico; 3, en África y 1 en Oriente Medio». Además se produjeron otras 75 amenazas de muerte registradas y, al menos, 2.500 arrestos. También se despidió a más de 5.000 sindicalistas «a causa de sus actividades en defensa de los derechos laborales de los trabajadores», según indica el amplio trabajo.

Abusos contra los trabajadores

Burrow insiste en que las tendencias globales de esta radiografía mundial sobre los derechos laborales confirman que «los gobiernos en general no aplican la legislación laboral, falta apoyo para la financiación de inspecciones o de protección. Hay una ausencia de derechos y abusos contra los trabajadores migrantes en el mundo entero, y más particularmente en los estados del Golfo, y la explotación de la mano de obra mayoritariamente femenina en las zonas francas industriales de todo el mundo es creciente».

En base a esta situación, la responsable sindical lanzó una advertencia a los dirigentes mundiales y al G-20. «La cola del desempleo es cada vez más larga en todo el mundo. Sin empleos adecuados y sin esperanzas para el futuro, los gobiernos se arriesgan a verse confrontados a una creciente inestabilidad política. Los derechos sindicales resultan fundamentales para la democracia, el crecimiento económico y para un futuro civilizado».

Miedo a perder el puesto

Por continentes, el informe muestra un empeoramiento creciente de las relaciones laborales. En Europa, la CSI censura que «muchos gobiernos europeos introdujeron medidas de austeridad en 2010 para hacer frente al elevado déficit público resultante de la crisis financiera, lo que ha afectado a millones de trabajadores, reducciones salariales, reformas de pensiones y recortes presupuestarios provocaron protestas masivas y huelgas generales en Euskal Herria, Estado español, Estado francés, Grecia y Portugal.

En este contexto, la CSI destaca que «el clima económico negativo también ha hecho que algunos trabajadores se muestren cautelosos a la hora de informar sobre violaciones de los derechos sindicales, por miedo a perder sus puestos de trabajo». Añade que las relaciones laborales se han visto frenadas también «por el recurso cada vez mayor a contratos de trabajo precarios y a corto plazo».

Así advierte que en toda Europa «los derechos sindicales han sido ignorados y los empleadores han tomado represalias contra los miembros de los sindicatos, particularmente las multi- nacionales».

En relación al Estado español, el informe destaca la huelga general que CCOO y UGT realizaron en setiembre, aunque no menciona que en junio se produjo otra en Hego Euskal Herria. En este caso, ELA, que forma parte de la mayoría sindical vasca, es también miembro de pleno derecho de la CSI. De Alemania apunta que los tribunales dieron la razón al derecho a la huelga de los funcionarios y se recuerda que existe «una discriminación antisindical por parte de los empleadores». Del Estado francés recuerda las actuaciones del Gobierno de Sarkozy en contra del derecho a la huelga que paralizó las refinerías, entre otras discriminaciones.

Diálogo social

En relación a la actividad en contra de los derechos sindicales y laborales, Grigor Gradev, secretario ejecutivo del Consejo regional Paneuropeo de la CSI, asegura de manera tajante que «las medidas para contener el impacto destructivo de la crisis fueron en gran medida forzadas por medio de la maquinaria del diálogo social en forma de pactos temporales anticrisis, que involucraron a los interlocutores sociales».

Pero añade que desde que «se anunció el fin de la recesión, se han estado utilizando en Europa severos paquetes de austeridad a fin de ejercer una fuerte presión para que se produzca un cambio en las relaciones laborales, en la protección social y en los planes de pensión en particular». Todo ello lleva, indica Gradev, «a hacer que ciertas concesiones temporales se vuelvan permanentes; introducir una mayor flexibilidad en las relaciones contractuales en un ambiente laboral incierto y precario» y critica que en la UE «se ha incrementado el peligro de la injerencia de las instituciones en las políticas y mecanismos de ajuste de salarios, privando al proceso de negociación colectiva de una parte sustancial de su contenido».

En relación al continente americano, la CSI lo sitúa como «el más peligroso para los ejercicios sindicales» y denuncia las tácticas de los empleadores por impedir las actividades sindicales, tanto en la creación de organizaciones como en la negociación colectiva y el derecho a la huelga. Ocurre en América Latina, pero también en Estados Unidos, donde los empresarios destinan más de 4.000 millones para contraatacar a los sindicatos con tácticas disuasorias. En México también destaca la represión antisindical «por la brutalidad», dice el informe.

En Oriente Medio, la confederación sindical incide en que «los derechos sindicales no son adecuadamente respetados» y señala que en 2010 «no mejoraron». En Kuwait los trabajadores del sector público tiene prohibido afiliarse a sindicatos, mientras que en África «la aplicación de la legislación laboral, cuando existe, y el respeto de los derechos sindicales siguen siendo problemáticos».