Reforzado por la moción de confianza que sacó adelante en el Parlamento en la noche del martes por 155 votos contra 143, el Gobierno del PASOK griego acelera la aprobación del plan de austeridad y ayer, antes de lo previsto, cerró las modalidades de los nuevos recortes por la Unión Europea para seguir prestando dinero el país

El consejo de ministros aprobó ayer la «ley de aplicación» que enumera las medidas del nuevo programa económico plurianual, y que Grecia debe aprobar el Parlamento antes del 30 de junio para adaptarse a las exigencias de la zona euro.

El programa de austeridad prevé nuevos recortes salariales y de pensiones, eliminar hasta 150.000 puestos de trabajo en la Administración pública y la privatización de bienes públicos por unos 50.000 millones de euros de aquí al año 2015.

El texto, según el Ministerio de Hacienda, cuenta con la aprobación de los proveedores de fondos, la UE y el FMI y se ha modificado su aspecto fiscal, que prevé una subida de los impuestos.

Unidad en el partido

El primer ministro, Yorgos Papandreu, ha decidido acelerar todo el proceso ante la presión de la UE. En el debate sobre la moción de confianza, alegó «la necesidad de seguir haciendo frente a la crisis y a los déficit, evitando la quiebra y garantizando el mantenimiento de Grecia en el núcleo duro del euro». Aunque no logró convencer a la oposición, Papandreu logró su principal objetivo, mantener la unidad de los votos del PASOK para alejar el riesgo de un rechazo a su plan de ajuste. Aun así, un diputado del partido gobernante anunció, tras respaldar al Ejecutivo, que no votará a favor del paquete de austeridad.

La Comisión Europea, Alemania y el Estado francés aplaudieron el voto de confianza hablando de «buena noticia para Grecia y la UE», una visión muy distinta al del diario «Elefthérotypia», que titulaba «Los diputados se rinden sin condiciones».

Para lograr los objetivos del plan presupuestario, que prevé de aquí a 2015 ahorrar 28.400 millones de euros y privatizaciones de 50.000 millones, el texto enumera, según el Ministerio de Hacienda, los cortes presupuestarios. La ley crea un nuevo fondo encargado de las privatizaciones, «bajo control internacional».