La presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, cumplió con los pronósticos y anunció que buscará la reelección en las elecciones generales de octubre. Fue la última candidatura confirmada, a pesar de ser la más esperada y la más obvia. En un país en el que la renovación de las elites políticas es una proeza, ningún peronista abandonaría una carrera que tiene muchas posibilidades de ganar.

Rodeada del funcionariado y militancia, en uno de los salones de la Casa Rosada, Kirchner dio un discurso por cadena nacional en el que decidió comunicar la novedad tras meses de rumores sobre si daría un paso al costado debido a presuntos problemas de salud, supuestos reclamos de sus hijos o por temor al efecto de «pato renco» (lame duck, en inglés), con el que los estadounidenses denominan al vacío de poder que sufre cualquier mandatario sin posibilidad de ser reelegido.

Lo cierto es que con su autoproclamación, se termina de configurar un mapa político caracterizado por una fragmentación de los partidos opositores, envueltos en guerras de ego y errores estratégicos, y un oficialismo que, a pesar de los desgajamientos que ha sufrido desde 2008, registra un encolumnamiento cerrado e hiperverticalista bajo la figura de la presidenta, que goza de un momento de espectacular popularidad. Sin embargo, varios hechos demuestran un desmadre al interior del poder que podrían mellar sus intenciones de ser reelegida sin sobresaltos.

Corrupción y economía

Fernández de Kirchner goza desde mediados del año pasado de un repunte notable en los sondeos de su imagen pública y de la opinión sobre su gestión, que se disparó tras la muerte de su marido y ex presidente -y jefe del proyecto político gobernante-, Néstor Kirchner. Luego de pasar casi la totalidad de sus primeros tres años de Gobierno con indicadores muy negativos, hoy cerca del 60% de los argentinos valoran como positiva su gestión.

Eso ya se traduce en intención de votos. Por el momento, las encuestas señalan que cuenta con alrededor de un 40% a su favor, a cuatro meses de las elecciones, y aventajando por 20 puntos al candidato mejor posicionado.

Este giro copernicano en la intención de voto de la sociedad argentina tiene varias explicaciones, pero la principal es el crecimiento de la economía (8%) y el auge del consumo en cuotas que está facilitando el acceso de muchos ciudadanos a automóviles y bienes de lujo, lo que les ayuda a olvidar la inflación, que supera el 20% anual, y el tercio de compatriotas que aún viven en condición de pobreza.

La segunda causa es que en el último medio año Kirchner bajó los niveles de confrontación política y decayó la sensación de crispación que se respiró durante la crisis política de 2008-2009. Las disputas persisten, sobre todo contra los medios, partidos opositores y sectores de la coalición gobernante, pero ya no son batallas al más alto nivel sino entre la dirigencia intermedia y cuyos ruidos no llegan al oído del ciudadano de a pie.

Pero el momento en que la presidenta argentina decidió hacer el anuncio sobre su continuidad (y regalarle al kirchnerismo la hazaña de tener un tercer mandato consecutivo del mismo sector político, algo inédito en la Argentina moderna), no pudo ser menos borrascoso.

En el último mes ha estallado un impactante escándalo de corrupción que pega un tiro de gracia al pilar del Gobierno: la política de derechos humanos. Se refiere al uso presuntamente ilegal de más de 200 millones de euros otorgados por el Estado para la construcción de viviendas populares a la Asociación Madres de Plaza de Mayo, la línea liderada por Hebe de Bonafini, cuyo apoderado, Sergio Schocklender, está acusado de lavado de dinero y fraude.

El caso provocó un tsunami político por la lluvia de evidencias en contra de Schocklender -viejo conocido para la opinión pública local puesto que hace 20 años fue condenado por parricidio junto a su hermano en uno de los casos policiales más recordados de el país- y surcó una división tajante en el movimiento de derechos humanos, que se distanció de Bonafini.

El Gobierno encaró el tema con una defensa cerrada a las Madres de Plaza de Mayo, pero teme que sus funcionarios puedan caer por la falta de control del destino de esos millones, especialmente en el poderosísimo Ministerio de Planificación y Obras Públicas. La causa es seguida como una novela de suspense y sus consecuencias son impredecibles.

Oposición desarticulada

En la vereda de enfrente, los opositores deambulan por su propio laberinto. Quien cuenta hoy con la mayor intención de voto (alrededor del 18%) es Ricardo Alfonsín, hijo del primer presidente de la democracia recuperada en 1983, y hoy líder de los socialdemócratas de la Unión Cívica Radical, fuerza muy desgastada por haber estado en el poder durante el colapso de 2001.

Alfonsín se perfilaba para liderar una coalición progresista con el Partido Socialista, pero rompió con éste tars aliarse con el aspirante a gobernador bonaerense Francisco De Narváez, un peronista de corte liberal que venció a Néstor Kirchner en las parlamentarias de 2009 y que le aportaría a Alfonsín votos en la provincia de Buenos Aires, que representa el 35% del electorado argentino. Muchos creen, sin embargo, que esta mezcla de tradiciones puede confundir al votante y desdibujar ambas candidaturas.

La grata novedad fue que el Partido Socialista decidió unirse a otras fuerzas minoritarias pero con fuerza en determinados distritos y jugó su mejor carta como candidato presidencial: el gobernador de la provincia de Santa Fe, Hermes Binner. Esta coalición de cuatro partidos derivó en el Frente Amplio Progresista, que busca emular el camino de sus homólogos urugua- yos, aunque comenzaron con traspiés por las discusiones sobre los lugares a ocupar en las listas. Su intención de voto ya se ubicaría en torno al 10%.

Por otra parte, el ex presidente Eduardo Duhalde, que representa al peronismo más conservador, vuelve a ser candidato (como en 1999), así como el gobernador de la provincia de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, que también se postula y compite por el mismo electorado. Ambos cuentarían con un apoyo que ronda el 5%.

Por último, la diputada Elisa Carrió, del partido de centro Coalición Cívica, que quedó segunda con el 23% en las presidenciales de 2007, vuelve a competir por tercera vez consecutiva, con pocas posibilidades de repetir su anterior resultado.

Lo que tuvieron en común estos candidatos fue el tumultuoso camino que recorrieron para instalar sus candidaturas, repleto de guerras narcisistas y conflictos para articular estrategias comunes, lo que no hizo sino potenciar más a Kirchner. No es difícil escuchar en las calles de Buenos Aires a muchos ciudadanos disconformes con el Gobierno o con ganas de cambio, pero sin poder encontrar un referente opositor confiable o sintiendo que es mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer.

Ése es el mayor capital con el que cuenta el kirchnerismo; el vacío de contrapoder le permite ilusionarse con una barrida electoral en octubre, salvo que se profundice el desgaje interno por las acusaciones de corrupción o la peligrosa sobredosis de poder que inspira a una mala consejera llamada impunidad.