![](http://www.gara.net/naiz/naiz.gif)
La patronal alavesa del Metal insiste en el incremento de jornada y en desligar salarios e IPC
GARA | GASTEIZ
La patronal alavesa, SEA, volvió a poner sobre la mesa del Metal, reunida ayer, la misma propuesta que el mes pasado. SEA argumentó que su planteamiento es «acorde a los problemas que están padeciendo las empresas como consecuencia de la actual coyuntura económica» y que sus objetivos son «mantener empleo e incrementar la competitividad».
Para ello, considera necesario incrementar la jornada laboral en 5 horas anuales por cada año de vigencia del convenio «hasta alcanzar las 1.750 horas de trabajo en 2013, en línea con políticas ya establecidas en países europeos como Alemania y Francia».
La patronal también defiende «la necesidad de vincular los incrementos salariales con el incremento de la productividad-competitividad y no ligarlos únicamente a la evolución del IPC». Además, destaca que se deben conseguir «modelos revisables desde el diálogo y el acuerdo», ya que «no se puede hipotecar el futuro de las empresas con fórmulas herméticas e inamovibles como las que presentan los sindicatos».
Las primeras declaraciones de rechazo llegaron desde los sindicatos CCOO y UGT. El primero manifestó que la postura de SEA es «inmovilista y regresiva», mientras que el segundo reclamó a la patronal «propuestas razonables, sin pérdida de derechos de los siderometalúrgicos alaveses» y no seguir defendiendo una propuesta «regresiva, antisocial e insolidaria».
Convenio autonómico
La Federación de Industria de CCOO-Euskadi planteó al resto de los sindicatos un convenio del metal de ámbito conjunto para Araba, Bizkaia y Gipuzkoa como fórmula «imprescindible» para hacer frente a la reforma de la negociación colectiva del Gobierno español.
La central recordó que la reforma aprobada concede mayor rango a los convenios estatales, autonómicos y de empresa, al situarlos por delante de los provinciales, que son los más extendidos en estos tres herrialdes.
Para CCOO, esta circunstancia implica un «enorme riesgo», porque se abre la posibilidad de que se establezcan «peores salarios, jornadas superiores y, en general, peores condiciones».